Carreteras y una agenda nacional

Existe un consenso casi sobre que la “antigua” carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, ha sido clave en el desarrollo del departamento oriental y del país todo.

La segunda carretera que surca el Chapare, dirigiéndose al Gran Norte cruceño, hasta llegar a su capital, consolida ese avance y acelera el despegue del trópico cochabambino, hogar del movimiento social que ocupa el centro de la convergencia en que se apoya el Gobierno actual. De allí que resulta inexplicable, cómo es que tan próximo a cumplir una década a la cabeza del país, y exhibiendo un impresionante historial de construcción de caminos, ha dejado que las dos rutas que conectan Cochabamba y Santa Cruz se encuentren tan deterioradas y precarizadas.

El ingreso al Chapare, continua expuesto a la inestabilidad del Sillar a lo que se agrega el desgaste de las fundaciones de los puentes. La puerta de acceso a las poblaciones cocaleras no ha experimentado mejora alguna, no obstante que en estos años pasamos a ser un país de “desarrollo medio con una mayor capacidad de gasto e inversión. Hace algunas semanas un pequeño puente (San Pedrito) se derrumbó y el tráfico tuvo que desviarse a la antigua carretera, poniendo en evidencia que además de añosa, se encuentra prácticamente abandonada en su mayor parte y colapsa inevitablemente cuando tiene que hacer las veces de ruta principal.

La caída de San Pedrito y los malabares a los que necesita recurrir el Estado para subsanarla, nos vuelven a mostrar que el desarrollo del país sigue evolucionado de manera fragmentaria, contradictoria y sinuosa. Así como se pueden exhibir logros considerables y mientras todos los órganos estatales se lanzan a reprimir una autónoma movilización indígena, que critica el diseño burocrático, depredador e irracional de una carretera a través del TIPNIS, con un costo superior a 400 millones de dólares, observamos que ese pesado aparato no puede garantizar la transitabilidad de la ruta económica número uno del país.

Y lo que se encuentra en caminos, también se lo ve en hospitales, con la mayor parte de ellos saturados, envejecidos y atrofiados por un manejo burocrático y deficiente; o en educación, para la que se entregan laptops, sin redes inalámbricas y con filas de padres para inscribir a sus hijos.
Después de las elecciones regionales queda en pie la insatisfacción por estas severas deficiencias, combinadas con la creciente repulsa ante el comportamiento avasallador, cupular y verticalista, de la alianza entre burócratas políticos y sindicales que abusan del poder y los recursos públicos para su propio beneficio. Frente a esta realidad puede perfilarse una agenda, enraizada en los mandatos constitucionales que incluye al menos:

Renovar, al más breve plazo, al Órgano electoral, cuyo comportamiento ha desvirtuado y arriesga el proceso democrático, como la más urgente de estas demandas.

Reformar la Policía, para ponerla al lado de la ley y no en su contra, y a la administración de justicia, apelando a la más amplia consulta y deliberación colectiva, son necesidades tan importantes como premiosas.
Garantizar la transparencia y rendición de cuentas, que nos deben gobernantes y dirigentes sociales y corporativos, para frenar el avance de la corrupción y la decadencia del sistema de representación, instituyendo mecanismos de responsabilidad y sanciones -electorales y civiles- a los partidos que defraudan el privilegio que se les concede de nombrar candidatos y funcionarios. El control social tiene que concentrarse sobre los partidos y organizaciones sociales, cuya reforma, desde dentro y abajo, es imperiosa.

Recuperar la descentralización y abrir paso a auténticas autonomías, territoriales y sociales, son demandas que hacen al cumplimiento de mandatos centrales de nuestra Carta magna.

Racionalizar la inversión pública para atender los problemas prioritarios y no despilfarrarla en aventuras, en coordinación y respetando a las autoridades surgidas de la elección democrática, son mandatos que conectan la atención de la coyuntura económica adversa y el respeto de la voluntad popular.