Dirigentes fueron parte del desfalco al Fondo Indígena

Los dirigentes de organizaciones sociales que formaron parte del Directorio del Fondo Indígena también son responsables, como la exministra Nemesia Achacollo, del desfalco millonario en esa entidad ahora en liquidación. Así lo  establecen al menos tres informes de instituciones que investigaron este caso que generó un daño económico al Estado de al menos  172 millones de bolivianos.

El informe circunstanciado de hechos N° EX/EP12/M14-F2 de  la Contraloría General del Estado señala como “responsables” a los “miembros del directorio”, porque aprobaron proyectos sin justificar la cantidad de recursos asignados a esos proyectos.

La querella penal que presentó Lariza Fuentes, interventora del Fondo Indígena,  indica que los integrantes del directorio incurrieron en diferentes tipos penales  durante el proceso de la aprobación, inicio, desembolso y ejecución de los proyectos.

El Decreto Supremo 28571 del 22 de diciembre de 2005, en sus artículos 7 y 8, señala que el directorio del Fondo Indígena tenía las facultades de aprobar o rechazar el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo mediante resoluciones expresas.

Sobre esto, la imputación de la Fiscalía contra  Achacollo, ahora detenida preventivamente en el penal de Miraflores,  indica que el directorio -presidido por la exministra- aprobó proyectos “pese a que contaban con irregularidades y observaciones para su financiamiento”.

El exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, detenido preventivamente en el penal de San Pedro desde abril de 2015, denunció que los “dirigentes (miembros del Directorio) imponían la contratación del personal administrativo  del Fondioc (Fondo Indígena) a través de los avales”.

También -afirmó-,  los dirigentes (miembros del directorio) aprobaron 3.462 proyectos solamente con  títulos de proyectos. “Los dirigentes aprobaron con Resolución de Directorio  006-012 de septiembre de 2012 la modificación de títulos de proyectos que fueron aprobados en 2010 y 2011, ahí firmó Achacollo y todos los representantes de las organizaciones sociales”, dijo.

Según la imputación contra Achacollo a la que tuvo acceso Página Siete, “en los informes que respaldan la aprobación de los proyectos de los convenios de financiamiento, no se describe ni en otros documentos que justifiquen la cantidad de los desembolsos que se requieren para cumplir un proyecto y una adecuada administración de los mismos, menos los números de desembolso previstos para cada proyecto, o que los mismos están sustentados o justificados, lo que ha generado una serie de irregularidades en las transferencias de más del  50% de los recursos económicos”.

El exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, aseguró que los dirigentes no tienen ninguna responsabilidad del millonario desfalco porque desde 2009 y  2010 exigieron a los directores y técnicos que transparenten el Fondo Indígena.

“(A) la presidenta (Nemesia Achacollo) y al directorio así les hemos exigido, pero los directores y técnicos han hecho caso omiso, por eso nosotros nos hemos constituido en parte civil para que esto se pueda transparentar”, aseguró Machaca, quien fue miembro del Fondioc.

Consultado sobre las funciones del directorio, Machaca explicó que sólo se reunían y aprobaban proyectos, y los responsables de evaluar si estaban bien o no estos proyectos de desarrollo o de otra naturaleza eran los  técnicos del Fondo Indígena.

“Para eso hay dirección de proyectos, dirección de seguimiento de los proyectos, como también evaluaciones con la parte financiera; entonces, ellos tenían que manejar todo bien”, indicó en una anterior oportunidad.

El presidente de la comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz (UD), explicó que el Directorio “con su pasividad, teniendo conocimiento de las irregularidades en la ejecución de proyectos, al no poner en conocimiento de las autoridades competentes incurrieron  en delitos penales”, y sin importar ese hecho “continuaron con la aprobación de proyectos atentando contra el patrimonio del Estado”.

Dirigentes integraron la Asamblea  General  y Directorio del Fondioc

• Participación Los ejecutivos de las organizaciones sociales tenían participación en la Asamblea General y el Directorio del Fondo Indígena, ahora en proceso de liquidación. Según el Decreto Supremo 28571, la estructura de esta entidad estaba constituida por 3 niveles.
• Asamblea El primer nivel era la Asamblea General que cumplía el rol de control social, era deliberativa y propositiva. Estaba conformada por todos los representantes de las organizaciones sociales.
• Directorio Por debajo de la Asamblea General estaba el Directorio, de carácter decisorio, que estaba compuesto por representantes de 8 organizaciones sociales y de los ministerios de Desarrollo Rural, de Economía, de la Presidencia, de Planificación y de Medio Ambiente. El tercer nivel era el Ejecutivo, que estaba encargado de la parte administrativa.

Fiscalía no habla de ministerios

En la imputación formal contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, la comisión de fiscales, asignada al caso Fondo Indígena, no menciona los ministerios que formaron parte del Directorio de la entidad indígena junto con las organizaciones sociales.

El Decreto Supremo 28571, del 22 de diciembre de 2005, promulgado por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que crea el Fondo Indígena, señala que el Directorio del Fondo Indígena estará conformado por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras; de la Presidencia; de Economía y Finanzas; de Planificación; de Desarrollo Productivo; y  de Medio Ambiente.

Asimismo señala que estarán  ocho organizaciones sociales, como la CSUTCB, Interculturales, CIDOB, Bartolinas, Conamaq y otras organizaciones.

Hasta ahora, sólo Felipa Huanca fue convocada a declarar

La exdirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Felipa Huanca Llupanqui, fue la única que declaró ante la Fiscalía por el millonario desfalco en el Fondo Indígena, según informe de la comisión de fiscales asignado al caso.

“Sólo Felipa Huanca prestó su declaración informativa el 10 de agosto de 2015 y junio de 2015. Rodolfo Machaca se acogió al derecho de guardar silencio el 10 de agosto de 2015”, señala parte del informe que envió el fiscal Anghelo Saravia, asignado al caso, a petición del senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz.

De acuerdo al informe, la Fiscalía no notificó a otros dirigentes denunciados por el diputado Rafael Quispe debido a que en los memoriales sólo registró el apellido paterno, “lo que dificulta hacer la citación”.

El diputado Rafael Quispe presentó en septiembre de 2015 ante el Ministerio Público querellas contra tres miembros de la Coordinadora Nacional del Cambio (Conalcam): Juanita Ancieta, de las “Bartolinas”; Gustavo Aliaga, de los interculturales, y Melva Hurtado, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), acusándoles de corrupción y desviar dinero del Fondioc a sus cuentas personales.

Ancieta es la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa; Gustavo Aliaga ejerce el cargo de ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) mientras Hurtado era presidenta de la CIDOB.

Quispe también presentó denuncia contra Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Hilarión Mamani, de Conamaq,  además contra los dirigentes Julián Jala, Carlos Fuentes, Sergio Hinojosa.

Por este caso están detenidos la exministra de Desarrollo Rural y exdirigente de las Bartolinas, Julia Ramos; la exministra Nemesia Achacollo, Melva Hurtado, Félix Becerra, Damián Condori.

Los primeros detenidos fueron Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena, mientras que se desconoce el paradero de Daniel Zapata, otro de los directores ejecutivos de la entidad indígena.

La investigación comenzó en febrero de 2015, cuando la Contraloría reveló un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por proyectos irregulares y fantasmas.

Fabricano: La “mano política   tergiversó” el Fondo Indígena

El exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)  Marcial Fabricano  afirmó que la injerencia política en las organizaciones sociales     afectó el espíritu del Fondo Indígena.

“La mano política en la entidad indígena tergiversó el espíritu de esta (institución) y puso en duda la capacidad y participación de los pueblos  indígenas. Es triste porque con el manejo político ahora afirman que los indígenas originario campesinos no habían sido la reserva moral y eso, incluso, lo dijeron desde las esferas del Poder Ejecutivo”, dijo el líder de la marcha indígena de  1990  por mejores condiciones de vida y derechos.

Afirmó que   en la gestión de la Melva Hurtado, afín al partido de gobierno y ahora detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, no hubo ningún beneficio  para las comunidades de las tierras bajas. “A título de dirigentes, de representantes, afirman que hay proyectos  fantasmas, pero cuando uno llega a la comunidad no se puede observar ni un proyecto, entonces ¿dónde está el proyecto?, ¿qué beneficio hay?, esa es la situación”,  lamentó el experimentado dirigente en declaraciones a Página Siete.

El líder de la marcha espera que las autoridades judiciales realicen la investigación y se “llegue hasta el fondo” para conocer a dónde fueron desviados los recursos  que recibió la entidad indígena del Impuesto Director de los Hidrocarburos.

El Fondo Indígena fue creado en diciembre de 2005, en el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, mediante un decreto supremo.

Su fuente de financiamiento fue el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero un porcentaje de los recursos se destinó a entidades del Estado.