Elecciones en Chile revelan un país dividido por la seguridad

Las elecciones presidenciales de diciembre confrontan dos enfoques de seguridad. Uno, de “mano dura”, que se alinea con las tendencias punitivas de la región, como las aplicadas en El Salvador, Honduras o Ecuador. El otro, busca fortalecer las capacidades institucionales a través de la inteligencia, la coordinación estatal y las reformas estructurales.

La primera ronda de las elecciones generales en Chile mostró opiniones divididas sobre cómo enfrentar la inseguridad y el crimen organizado, un problema que se agrava a medida que bandas transnacionales consolidan su presencia en el país.

Los resultados de las elecciones generales del 16 de noviembre pusieron de manifiesto una polarización marcada entre dos candidatos que se disputarán la presidencia en la segunda vuelta el 14 de  diciembre.

La principal diferencia entre Jeannette Jara, que se impuso con el 26,8% de los votos, y José Antonio Kast, con el 23,9%, radica en sus enfoques de seguridad, un tema que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del país.

Según el último informe del Centro de Estudios Públicos (CEP), el 60% de los chilenos considera la delincuencia y, en particular, los robos y los asaltos, como el principal problema del país. Esta percepción de inseguridad creciente, que se ha sustentado también en el aumento sostenido de la presencia de redes criminales transnacionales en el país, ha provocado que los enfoques de seguridad tengan un protagonismo central en la campaña electoral.

Jara, la candidata del pacto oficialista Unidad por Chile, propone un enfoque de seguridad social y territorial que combina prevención, mayor presencia estatal en barrios afectados por el narcotráfico y el fortalecimiento de la inteligencia y las policías bajo control civil. Su programa electoral también incluye restringir el acceso a las armas, perseguir los flujos financieros del crimen organizado mediante el levantamiento del secreto bancario y modernizar el sistema penitenciario, con énfasis en la rehabilitación y la ampliación de la capacidad carcelaria.

Kast, el candidato del Partido Republicano, impulsa un enfoque de “mano dura” centrado en recuperar el control territorial, reforzar el despliegue de Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y las Fuerzas Armadas, endurecer la política migratoria con cierre fronterizo y expulsiones aceleradas, ampliar y segmentar el sistema penitenciario con cárceles de máxima seguridad y fortalecer la inteligencia y la persecución financiera del crimen organizado.

Análisis de InSight Crime

La segunda vuelta que se realizará en diciembre definirá si Chile opta por políticas punitivas inmediatas o por el fortalecimiento de sus capacidades estatales frente al crimen organizado, que se ha convertido en uno de los temas más determinantes de la agenda política.

El crimen organizado transnacional ha introducido dinámicas de violencia y control criminal inéditos en Chile, donde bandas como el Tren de Aragua, Los Pulpos y estructuras que operan a la sombra del Primer Comando Capital se han beneficiado de debilidades institucionales para consolidar su expansión.

En Chile, el Tren de Aragua mantiene la estructura más consolidada, con células que reclutan población local, cooptan bandas nacionales y han ganado influencia dentro de las cárceles mientras sostienen actividades como secuestro, trata, extorsión y narcotráfico. Los Pulpos, en cambio, operan desde 2021 principalmente en zonas metropolitanas mediante redes de extorsión dirigidas a comerciantes migrantes peruanos, que incluyen cobros mensuales, ataques explosivos y episodios de violencia para mantener el control.

A pesar de los múltiples operativos de gran escala en 2025, estas organizaciones se han mantenido activas, lo que evidencia que la presión policial, aunque necesaria, no ha sido suficiente para reducir su capacidad operativa.

Frente a este escenario, las elecciones presidenciales de diciembre confrontan dos enfoques de seguridad. Uno, de “mano dura”, que se alinea con las tendencias punitivas de la región, como las aplicadas en El Salvador, Honduras o Ecuador. El otro, busca fortalecer las capacidades institucionales a través de la inteligencia, la coordinación estatal y las reformas estructurales.

En Chile, la preocupación por la violencia y la demanda por respuestas rápidas abre espacio para que propuestas como las de Kast, centradas en mayor presencia policial y militar, controles fronterizos más estrictos y un sistema penitenciario más duro, encuentren terreno fértil. Las estrategias de fortalecimiento institucional, por el contrario, requieren tiempo, recursos y una coordinación estatal más robusta.

Más allá de la presencia del Tren de Aragua, Los Pulpos y otras redes transnacionales, Chile enfrenta desafíos estructurales que complejizan una respuesta sostenida. Coordinación interinstitucional insuficiente, demoras legislativas en inteligencia y rastreo financiero, un sistema penitenciario tensionado y señales de corrupción emergente en fuerzas de seguridad son algunos de los factores que condicionarán el alcance y la velocidad de cualquier estrategia a largo plazo.

Jara propone medidas orientadas a cerrar parte de estas brechas mediante un mayor control civil, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión estatal y nuevas facultades para seguir los flujos financieros del crimen organizado. Sin embargo, su plataforma solo aborda parcialmente estos desafíos, que aún dependen de una mejor coordinación entre instituciones, reducir los tiempos legislativos para aplicar reformas clave y un fortalecimiento real de la capacidad operativa del Estado.