Embajador Justiniano obstaculiza legalización de carta de Soza

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Abogados de los acusados del denominado caso terrorismo I denunciaron ayer  que el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, se niega a entregar la carta del exfiscal Marcelo Soza, que ya fue legalizada por la Cancillería brasileña y avalada por el consulado boliviano en Brasilia.

“El embajador Justiniano está demostrando que quiere enredar las cosas para favorecer al Gobierno. Quiere perjudicar la obtención de una prueba legal como es un ejemplar legalizado de la carta de Soza”, denunció Gary Prado, abogado de algunos acusados por terrorismo.

Prado explicó que el artículo 19 de  la ley de Servicio Exterior establece claramente que los cónsules “legalizarán  las firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido con los requisitos exigidos en el país emisor y en el de destino, para que surtan plenos efectos legales”.

“Por esa situación nosotros hemos pedido que reconozca o valide  las firmas de las autoridades de la Cancillería brasileña, que están en un documento que fue registrado ante un notario brasileño. No estamos pidiendo que (el embajador) reconozca el contenido del documento, que es la carta de Soza”, señaló.

Por otro lado, Otto Ritter, abogado de Gary Prado Salmón,  uno de los acusados en el caso terrorismo I, anunció que viajará la próxima semana a  Brasil para solicitar a la embajada boliviana la entrega de la certificación de la Cancillería brasileña, que la carta de Soza fue legalmente registrada por un notario de Brasil.

El embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, informó el miércoles que el exfiscal Soza evidentemente dejó su carta en el Consulado boliviano en Brasilia, pero éste no tramitó el reconocimiento de su firma por lo que la misiva no es legal.

Según Prado,  para que la carta de Soza   sea reconocida por la Cancillería brasileña debe estar traducida al portugués y debidamente registrada ante un notario de ese país.

“La carta de Soza siguió el curso que establecen  las normas de Brasil y por eso la Cancillería de ese país validó la firma del notario y del traductor legalmente autorizado por tanto la Embajada de Bolivia sólo debe dar validez a las firmas de las autoridades del vecino país y no así al contenido o la firma de Soza”, manifestó.

El 11 de marzo se confirmó la fuga de Soza, quien tiene un refugio temporal de 180 días  en Brasil, mientras su situación es evaluada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de  Brasil. En esa oportunidad, Soza entregó una carta, en el que admite que las pruebas del caso terrorismo fueron adulteradas.

Ante esa revelación, acusados  por el caso terrorismo presentaron un recurso de nulidad del juicio por terrorismo, con el argumento de que el caso fue para “anular” a la oposición cruceña.

Más detalles

Proceso  El juicio por el caso terrorismo I   se paralizó hace dos semanas, por la recusación que presentó Ignacio Villa Vargas,  El Viejo. El Tribunal Segundo de Sentencia debe resolver la solicitud de recusación.

Pedido  El Viejo pidió que la audiencia para resolver la recusación se instale en Santa Cruz, porque la altura de La Paz puede provocarle    mayores malestares cardiacos.

Interpol  El fiscal general, Ramiro Guerrero, confirmó el 14 de marzo que la Policía Internacional (Interpol) activó el                                                                                                                    Sello Azul  en su página web oficial, para localizar a Soza con fines investigativos, debido a que en Bolivia tiene tres procesos ordinarios.

Anuncian proceso contra Embajador Justiniano

Gary Prado, abogado de varios acusados en el caso terrorismo I, advirtió que si el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, no entrega la carta del exfiscal Marcelo Soza, legalizada por la Cancillería de Brasil,  presentarán una demanda por el delito de incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia.

“Se insistirá por la vía formal para que el embajador entregue el documento legalizado de la carta de Soza. De no hacerlo se presentará una demanda”, manifestó Prado.

Por otra parte el jurista denunció que el canciller David Choquehuanca se niega a entregar los informes forenses de Arpad Magyarosi, húngaro-rumano; y de Michael Martín Dwyer, irlandés, que fueron practicados por profesionales de sus países de origen.

El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Dennis Racicot, explicó que cuando el juicio por el caso terrorismo ingrese a la etapa probatoria, la Cancillería boliviana está obligada a remitir los diferentes informes o documentos que tienen origen extranjero.

Racicot insta esclarecer conducta de exFiscal Soza

El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, instó a que se conozca la verdad judicial de los hechos que se le acusan al exfiscal Marcelo Soza que huyó del país a Brasil acusado de extorsionar a presuntos implicados en el caso terrorismo I.

“Tenemos que saber si es cierto o no si estaba implicado como servidor público utilizando su posición para obtener beneficios económicos, el punto es en qué casos, si es cierto o no. Eso sí, si el señor Soza sí lo ha realizado (extorsión), no estaba cumpliendo sus deberes como servidor público”, manifestó.

Por otra parte, Racicot aclaró que no tiene competencia para pronunciarse sobre la situación del exfiscal Soza, pero dijo que debería retornar al país  para que los bolivianos conozcan la “verdad judicial”.

Soza enfrenta tres procesos. En Santa Cruz radica la demanda por el delito de extorsión, en Sucre el Ministerio Público presentó una imputación formal por incumplimiento de deberes y en La Paz se abrió el caso audios.

El 11 de marzo se conoció que el exfiscal pidió refugio a Brasil con el argumento de que su vida corre peligro y que es un perseguido político.

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