Gabinete analiza DS 4231 tras críticas por criminalizar la libertad de expresión

Tras críticas, incluso de organismos internacionales, la presidente Jeanine Áñez y su gabinete analizan el Decreto Supremo 4231 que advierte de consecuencias penales por informaciones contrarias a la cuarentena.

“Nos hemos pronunciado sobre este decreto ayer (martes), sin embargo, vamos a analizar mañana (jueves) en nuestro gabinete, cual es la respuesta que nosotros vamos a tener”, manifestó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consultado respecto a la petición de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Ayer, la Oacnudh pidió al Gobierno la modificación de la cuestionada norma tras considerar que podría criminalizar la libertad de expresión.

“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, indicó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.

El 7 de mayo el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 4231, que dispone que las personas que difundan información, “sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El DS 4231 modifica los parágrafos II de los artículos 7 y 13 de las leyes 4199 y 4200. Las normas modificadas hacían referencia a la desinformación, contrariamente a lo que especifica el DS 4231 promulgado el 7 de mayo pasado, porque se establece la penalización de la “difusión de información”.