Gobierno abrirá archivos militares sobre la dictadura

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El presidente Evo Morales posesionará hoy a los integrantes de la Comisión de la Verdad que, según la ley 879, investigará la violación de derechos humanos ocurridos entre 1964 y 1982. La organización podrá abrir los archivos militares sin restricción, según el Gobierno.

“Como señala la ley, es obligatoria la apertura de todos los documentos, archivos oficiales o los que estén en poder de funcionarios. La ley ordena el franqueo y la apertura de toda documentación. No tiene límites en ese sentido”, explicó Reymi Ferreira, ministro de Defensa.

En días pasados, Sonia Brito, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), adelantó que esa Comisión la integrarán la exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente campesino Teodoro Barrientos, el exdirigente sindical Édgar Ramírez, la activista de derechos humanos Isabel Viscarra, y el abogado Eusebio Gironda. Todos son afines al Gobierno.

En el programa El pueblo es noticia, Ferreira manifestó que entre sus funciones está recabar información posible, determinar responsabilidades penales y eventualmente, hacer cumplir una función indemnizatoria como se tiene ordenado en una ley del 2004.

El proceso

La comisión buscará entrevistarse con las víctimas y familiares de las víctimas de esos procesos, además de ex militares como Luis Arce Gómez, Luis García Mesa y otros implicados para saber el destino de documentos incriminatorios.

Dos normas similares anteceden a la ley 879, desde el año 1984, pero que no llegaron a cumplir sus metas trazadas.

Oposición incrédula

La oposición política del Movimiento Al Socialismo (MAS), cree que esta organización es solo una distracción.

“Es un exceso. Evo Morales no sabe qué frentes más abrir para tapar su corrupción. La investigación corresponde a la Cámara de Diputados o Senadores y a la Fiscalía cuando se presume de un delito”, dijo la diputada Norma Piérola. Cree que debería ser la Organización de las Naciones Unidas la que nombre esa comisión.

El diputado Luis Felipe Dorado señaló que era una comisión del MAS que quiere perseguir a los opositores. “Y no así para investigar lo que se debe, como las barcazas chinas, el Fondo Indígena, los taladros de YPFB y toda la corrupción que existe en este gobierno”, dijo.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Familiares y Desaparecidos (Asofamd), Ruth Llanos, dijo que exigirá que la comisión cumpla sus objetivos e incluso vaya más allá y en los dos años de trabajo “tiene que ser muy eficiente para lograr resultados”.

Freddy Salazar, víctima de la dictadura, apuntó que lo más importante será el “acceso verdadero” a los archivos de las Fuerzas Armadas. Dijo que eran una garantía los nombres de quienes conformarán la comisión.

 

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