Gobierno aprueba indemnización y vetará ley de garantías

Pese a que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4100 de indemnización a víctimas del conflicto que surgió por el fraude electoral en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Cámara de Diputados, en presencia de representantes de organizaciones internacionales y la Iglesia católica, inició el tratamiento de la Ley de Garantías Constitucionales que en el fondo establece la “entrega de salvoconductos”, de manera inmediata, a las exautoridades que hayan recibido diferentes formas de asilo, entre ellos el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

El Gobierno calificó de “innecesaria” dicha norma porque su contenido ya está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), por lo tanto, lo que busca el MAS es beneficiar sólo a un grupo de personas, por lo tanto, adelantó que si la ley es sancionada por la ALP será vetada por la presidenta Jeanine Áñez.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que la norma que busca aprobar el MAS “pretende arreglar la situación de determinadas personas”.

“Lo que importa hoy es darle un tipo de reparación del daño a las personas o a las familias que han sufrido en las convulsiones que han estado llenas de violencia, y por si acaso el informe que se tiene es que ninguna de las 29 personas que han fallecido en estos hechos ha sido con proyectil de las FFAA y de la Policía”, refirió.

En caso de imponer con sus dos tercios la norma, no le quedará otra que vetar el documento a la Presidenta, señaló a su vez el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

“Va a tener que rechazarlo, va a tener que vetarlo, es el único camino que queda en este caso”,  sostuvo.

Sabemos -acotó- que el MAS tiene los dos tercios en la Asamblea, espero que no acudan con ese rodillo.

El embajador de la Unión  Europea, León de la Torre, el representante de la Naciones Unidades y de la Iglesia católica acudieron a la Cámara de Diputados para presenciar el tratamiento de la ley que hasta las 22:30 aún no había iniciado.

Reparación

El decreto supremo aprobado por la presidente Áñez consta de cinco artículos y su objeto es “indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y prestar asistencia médica, alimentaria, social y psicológica a las personas heridas, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre”.

En el artículo cuarto se establece que se hará “un pago global y único de Bs 50.000 a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos, que serán otorgados en prelación y de manera excluyente a los hijos al cónyuge o conviviente debidamente legitimado o en su defecto a los padres”. El financiamiento será con el Tesoro General y otros recursos que provengan de las incautaciones del narcotráfico.

50 mil bolivianos recibirán como pago único las familias de las 29 personas que perdieron la vida en los sucesos de octubre y noviembre.