Gobierno y red de extorsión intercambian acusaciones

El Gobierno negó que Boris Villegas y otros exfuncionarios públicos, acusados por el delito de extorsión, hubiesen sido golpeados y amenazados por policías la madrugada de ayer en la cárcel cruceña de Palmasola.

Por su parte, Villegas denunció que agentes encapuchados comandados por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, ingresaron a su pabellón para golpearlos y amenazarlos de muerte.

La autoridad calificó la denuncia como “una falsedad”. Enfatizó que él no participó de la requisa, “que se hace de manera rutinaria en todos los penales. Se trata de show para desprestigiar al Gobierno en coordinación con otros grupos”, aseguró el viceministro Pérez.

Así respondió el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a las denuncias del exfuncionario Boris Villegas, quien aseguró que él y sus compañeros de celda en Palmasola fueron objeto de una golpiza la madrugada de ayer por “policías encapuchados”.

“No han sido tocados ni con el pétalo de una rosa”, respondió Romero a la prensa. Aseguró que los acusados por extorsión no han tenido ningún tipo de maltrato ni físico ni psicológico. Si se sienten perseguidos lo único que les puede perseguir es su propia conciencia”, dijo.

En tanto, Villegas emplazó ayer en la tarde a Romero y al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, a demostrar con pruebas de que no se cometió ningún abuso a su persona ni a los exfuncionarios del Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera, acusados de extorsionar al norteamericano Jacob Ostreicher.

Según Villegas el hecho ocurrió en una presunta requisa a sus celdas del PC-7 de Palmasola donde ingresaron 15 “encapuchados” para golpearlos amenazarlos y secuestrar sus documentos.

Romero, Pérez, el director nacional de Régimen Penitenciario justificaron que esta acción fue totalmente legal y no se cometió ninguna ilegalidad, ni ningún abuso a los exfuncionarios de esa cartera de Estado.

Niega presencia

Pérez negó también que él haya estado presente durante la requisa. “Quiero desmentir total y absolutamente lo que ha dicho esta persona procesada por ser parte de una red de extorsión y corrupción que se convirtió en una máquina de maldad al obtener los recursos económicos a cambio de amenazas, no sólo a litigantes sino a jueces y fiscales”, afirmó.

Añadió que el “señor (denunciante) está con alucinaciones”, porque en comunicación con el comandante de la Policía Departamental, coronel Jhonny Requena; y el director nacional de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, recibió información de que la denuncia es falsa.

“Lo único que están logrando con aquello es refrescarnos la memoria y sí antes hablábamos de 40 casos ahora podemos hablar de 100 o más (…) Si el señor (Carlos) Romero y si el señor (Jorge) Pérez dicen que soy un mentiroso mañana (hoy) pues estén presentes en la audiencia de acción de libertad y que digan y expongan las razones y las pruebas para decir aquello”, sostuvo Villegas.

Aseguró que presentará pruebas de 100 casos donde existe la manipulación de la justicia por parte del Gobierno. Esta demostración de elementos probatorios se realizará en una audiencia de acción de libertad que se desarrollará hoy en Santa Cruz.

Pérez dice que los presos se aliaron con los opositores

Para el Gobierno las revelaciones que venían haciendo los detenidos en el PC-7 de Palmasola, cuando hablaron del gabinete jurídico en el Palacio Quemado y de que muchos de los casos judiciales sucedidos en el país fueron manipulados con fines políticos por autoridades gubernamentales, son un plan coordinado desde Brasil y desde Estados Unidos.

Esta afirmación fue realizada por el viceministro Jorge Pérez en La Paz. El funcionario gubernamental dijo que presuntamente Branko Marinkovic, Róger Pinto, Marcelo Soza, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Manfred Reyes Villa están paganado sumas de dinero a algunos diputados y senadores opositores para que desprestigien a las autoridades de la gestión de Evo Morales.

De acuerdo con Pérez, parte de la estrategia consiste en hacer huir a los procesados en el caso denunciado por Jacob Ostreicher. El supuesto plan consiste en lograr que vocales y jueces posibiliten la libertad provisional de los acusados para que luego ellos puedan salir en un avión hasta Brasil, desde donde se dedicarán a atacar al Gobierno.

Las reacciones

El diputado Fabián Yaksic y su colega Rebeca Delgado pidieron la destitución del viceministro Pérez por no garantizar la seguridad ni los derechos humanos de los internos.

Frente a este hecho el gobernador cruceño, Rubén Costas, dijo que el Gobierno maneja golpeando y amedrentando la justicia en el país. Pidió proteger los derechos humanos de estas personas y apuntó que la gestión estatal los ve como peligrosos “porque están diciendo todo lo que saben”.

La senadora Carmen Eva Gonzales, que no pudo ingresar ayer por la tarde al penal de Palmasola y que fue empujada por policías en la puerta de la cárcel, anunció que denunciará al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la represión que sufrió. La autoridad señaló no estar preocupada por esto y descalificó a la legisladora

La defensoría del pueblo no pudo ingresar al penal en dos oportunidades

Primer intento fallido

El representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera, intentó ingresar al PC-7 de Palmasola ayer por la tarde, cerca de las 14:00, pero, según indicó, las autoridades policiales se lo negaron al indicar que recibían órdenes superiores de que nadie podía visitar a los reos de esta área de máxima seguridad.

Atribuciones del defensor

A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo hizo conocer que su pedido de ingreso al penal fue hecho en base al artículo 222 de la Constitución Política del Estado, en el que se indica en el inciso 6 que es atribución de esta instancia acceder líbremente a los centros de detención e internación sin que haya objeción alguna.

Segundo intento fallido

Poco después de las 20:00 Cabrera volvió a Palmasola para intentar ingresar y hablar con la gente del PC-7. El representante de la Defensoría dijo que luego de esperar una hora, otra vez le indicaron que por órdenes superiores no podía entrar.

Se analiza posible traslado de reos

El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, indicó que ante las declaraciones de los sindicados en el caso denunciado por Jacob Ostreicher, en las que aseguran que sus vidas corren peligro, la Dirección de Régimen Interior debería analizar la posibilidad de un traslado de estas personas a otro centro penitenciario.

“Régimen Interior debe readecuar a estas personas para que se sientan más tranquilas. Ellos son los que están indicando que su vida corre peligro, la solicitud no la estoy haciendo yo”, precisó la autoridad y agregó que de ser considerada necesaria la posibilidad de un cambio de penitenciaría, antes se deben verificar los espacios que haya en algún penal del país.

Los familiares de los detenidos tienen temor de esto, ya que también escucharon por algunos rumores de los policías que estaban ayer en Palmasola que su traslado a otro centro penitenciario sería cuestión de horas.