Milei desmantela un área clave que aporta pruebas en juicios por los crímenes de la dictadura argentina

El Ministerio de Defensa despide a la mayoría de los trabajadores de un archivo de memoria con miles de documentos clave para los procesos que continúan hasta hoy.

El Ministerio de Defensa argentino ha avanzado en el desmantelamiento de un área estatal que aportaba pruebas fundamentales para esclarecer y juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983). Desde su creación en 2010, el área llevó adelante una experiencia pionera en la que por primera vez un grupo de profesionales civiles accedió a los archivos de las Fuerzas Armadas para su análisis. Su gestión podría quedar a cargo ahora de las instituciones militares.

Conformados por civiles y profesionales especializados, los llamados Equipos de Relevamiento y Análisis fueron creados en 2010 a partir de la decisión política de abrir los archivos de las Fuerzas Armadas y acceder a la documentación que produjeron en dictadura. El pasado 27 de marzo, 10 de sus 13 trabajadores fueron despedidos por el Ministerio de Defensa encabezado por Luis Petri del cual dependen, mientras que a los restantes se les advirtió que el equipo sería “desarmado” y ya no se continuaría con esa tarea. Adelgazar la Administración es una de las principales promesas con las que Javier Milei ganó las elecciones. En lo que va de año ha despedido a al menos 24.000 de las 340.000 personas que el Estado tenía contratadas.

“Registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública”. Con esta descripción la dictadura militar argentina definía a los “Fórmula 4″, un conjunto de intelectuales, periodistas, músicos y artistas que, según los represores, revestían el mayor nivel de peligrosidad y por lo que se desaconsejaba su vinculación con el Estado. Bajo esta calificación fueron identificados los escritores argentinos Julio Cortázar y Osvaldo Bayer; el periodista Francisco, Paco, Urondo, asesinado en 1976 en manos de una pandilla; el cineasta Leonardo Favio y los músicos Mercedes Sosa, María Elena Walsh y Horacio Guarany, entre otros tantos.

De este señalamiento dieron cuenta las denominadas “listas negras” confeccionadas por los militares en la dictadura, que fueron halladas en 2013 por la Fuerza Aérea y posteriormente estudiadas por los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. El descubrimiento, conocido como Hallazgo Cóndor por haber sido encontrado en el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Aeronáutica, permitió reconstruir la lógica de la censura que se aplicó a grandes referentes de la cultura argentina.

En un acervo de 1.500 cajas, archivadores y carpetas se encontraron, además de las “listas negras”, las denominadas “actas secretas” de las reuniones que las sucesivas Juntas Militares celebraron periódicamente entre 1976 y 1983. El hallazgo del documental completo y original permitió conocer informes que daban sustento doctrinario o ideológico al plan de Gobierno, aportes conceptuales de organizaciones empresariales al desarrollo de la dictadura y registros de los pedidos que llegaban a la Junta acerca de hombres y mujeres que desaparecían a diario.

Durante estos años, el equipo relevó más de 17.000 documentos de los archivos burocrático-administrativos de estas instituciones como legajos, libros históricos de los regimientos, actuaciones de justicia militar, sumarios e incluso reclamos de militares por obtener un ascenso alegando su participación en distintos operativos represivos. Si bien los archivos administrativos no hablan por sí mismos de los delitos cometidos, aún habiendo sido creados con otros fines permitieron probar hechos, identificar autores y reconstruir la operatoria represiva del terrorismo de Estado, aún con la dificultad que implica la clandestinidad en la que se ejecutó.

A partir de su análisis y como resultado de un riguroso conocimiento perfeccionado durante más de una década, más de 170 informes fueron aportados y sirvieron como material probatorio en distintos juicios de lesa humanidad. Al momento de los despidos, el equipo se encontraba trabajando aproximadamente 30 requerimientos judiciales que solicitaban específicamente su participación. “Estos trabajos no pudieron ser realizados, ni tampoco entregados de forma parcial al momento del desguace del área y por eso habrá causas judiciales de lesa humanidad de todo el país que no van a contar con el aporte de información que necesitan para su desarrollo”, explicó uno de los trabajadores despedidos del área, que prefirió reservar su identidad.

Uno de los más importantes aportes que realizó el equipo civil de análisis fue en el marco de la “mega causa ESMA”, que juzgó los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura. Allí estuvieron detenidos-desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, que en su mayoría fueron arrojados vivos al mar en lo que se denominó los vuelos de la muerte. El material archivístico aportado resultó clave en el juzgamiento a los pilotos acusados de participar en el último tramo del plan represivo, del cual no había sobrevivientes que puedan brindar su testimonio como en otros casos.

El aporte documental del archivo militar permitió reconstruir la mecánica con la que se movilizaban los aviones y la cadena de responsabilidades que involucró cada operativo. La inclusión de estos trabajos en los juicios de lesa humanidad ayudó a probar que el accionar de las Fuerzas Armadas no se redujo a un conjunto de responsabilidades aisladas –o de “excesos”– ni a un enfrentamiento como se plantea con la “teoría de los dos demonios”.

A partir de los despidos de los archiveros civiles, se espera que sean los mismos agentes militares quienes respondan a los requerimientos que llegan desde la justicia, en un contexto en que la conducción del Ministerio de Defensa (del que dependen las Fuerzas Armadas) actualmente está en buena parte a cargo de militares retirados. En ese escenario, el equipo expresó su “profunda preocupación” por la documentación que permanecía bajo su guarda. “El desmantelamiento del área implica también que no quede nadie atento a lo que pase con esa documentación”, advirtieron.

Desde el regreso a la democracia, 343 sentencias fueron emitidas por los tribunales y 1.210 represores fueron condenados por la participación en los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, dada la magnitud de la represión ilegal implementada en Argentina durante la última dictadura, aún resta identificar y juzgar a muchos responsables, hallar los restos de la gran mayoría de las víctimas desaparecidas y restituir la identidad de casi 300 niños y niñas que fueron apropiados. Según el último relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al menos 17 juicios se encuentran en curso en diferentes jurisdicciones y 62 causas cuentan con requerimiento de elevación a juicio.

“No hay ninguna sentencia de las que se emitieron en estos años que no tenga como fundamento las pruebas documentales que surgen de estos archivos. Las sentencias explican muy bien la importancia de los mismos y de un personal capacitado para saber leer los datos”, sostiene el abogado querellante en juicios de lesa humanidad Pablo Llonto. Tras conocerse los despidos, Llonto presentó junto a su par Mariana Maurer una acción de amparo para que se disponga la continuidad de las tareas de los expertos y que se proteja la documentación. Los letrados advirtieron que el espíritu del nuevo Gobierno de Javier Milei es “obstaculizar de todas las maneras posibles el avance del trabajo de décadas de Memoria, Verdad y Justicia y el proceso de juicio y castigo a los culpables”.

En tanto, la diputada Victoria Montenegro, quien preside la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, realizó una presentación ante la ONU y solicitó su intervención al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación del organismo multilateral, Fabián Salvioli. Para la legisladora, quien fue apropiada a días de nacer y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, las medidas adoptadas impactan directamente “en el derecho de las víctimas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedió” y afecta “a la construcción de la memoria colectiva”.

Desde la vuelta a la democracia en 1983, fueron las víctimas del terrorismo de Estado, sus familiares y organismos de derechos humanos quienes impulsaron el reclamo por la recuperación de los archivos que permitieran reconstruir el plan de exterminio ideado por el Gobierno dictatorial. En 1983, antes de que terminase la dictadura, el presidente de facto Reynaldo Bignone -quien fue condenado por delitos de lesa humanidad- emitió un decreto ordenando la destrucción de los archivos de inteligencia de cada fuerza militar en Argentina. De esa documentación, que representaba el corazón de la información represiva, sólo se recuperaron escasos ejemplares. Sin embargo, hubo durante estos años importantes experiencias de desclasificación de archivos, como el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), reconocido por la UNESCO y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2008, o los archivos de inteligencia desclasificados desde Estados Unidos.

Del acervo recuperado forma parte también el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, donde alrededor de 30 trabajadores fueron despedidos el último mes y aún siguen sin autoridades designadas para la gestión de esta institución archivística. “El archivo está preservado gracias a los trabajadores, porque a esta gestión no le interesa este organismo ni tampoco la memoria”, expresó Octavio “Pilo” Rampoldi, trabajador del archivo y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Creado en 2003, el Archivo Nacional de la Memoria preserva valiosa documentación que “la sociedad necesita para resguardar la memoria, para darla a conocer y que los hechos que han ocurrido en este país no se vuelvan a reiterar y que no tengamos terrorismo de Estado otra vez”, describe Rampoldi. Su vastísimo catálogo -que va desde las denuncias recopiladas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas hasta cassettes que permiten a un hijo recuperar la voz de sus padres desaparecidos- ha sido clave como prueba en los juicios y como base para la gestión de políticas de reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, además de ser fuente de consulta permanente para investigaciones y producciones periodísticas.

En un contexto en que desde el Gobierno nacional anuncian una “nueva era de reconciliación” con las Fuerzas Armadas y las presentan como víctimas “de hostigamiento y humillación”, los trabajadores que sostienen las políticas de memoria en la Argentina prenden las alarmas y denuncian el desguace e intento de desarticulación de “todas las piezas del Estado que aportan y preservan pruebas en el proceso de averiguación de la verdad y juzgamiento”.