Las conspiraciones contra Evo en 10 años de mandato

Conspiración es una de las palabras que más usó el Gobierno en 10 años para interpretar momentos de crisis política, movilizaciones sociales o escándalos como el caso Gabriela Zapata. En el decenio del presidente Evo Morales hubo al menos 40 denuncias de supuesto complot impulsado por el “imperio”, la oposición y medios de comunicación.

Página Siete revisó publicaciones de medios impresos y blogs desde el 22 de enero de 2006, cuando Morales fue posesionado como Presidente de Bolivia, hasta el 31 de julio de 2016 y constató que “Estados Unidos”, “la oligarquía”, “la oposición”, “los medios”   en ese orden fueron identificados como conspiradores.

La mayoría de las denuncias de presunto complot se realizaron en concentraciones masivas y con transmisiones en medios del Estado, o en foros internacionales como la Cumbre Iberoamericana donde el Jefe de Estado presentó una fotografía del embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, junto a un “paramilitar” colombiano (Jhon Jairo Vanegas) y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Gabriel Dabdoud, como prueba de una auténtica conspiración contra su gobierno. Eso fue en noviembre de 2007.

El senador del MAS  René Joaquino  manifestó que “en los últimos tiempos se registró una falta de honestidad y responsabilidad en las denuncias que realizan algunos políticos de Bolivia sin acompañar pruebas o denuncias, lo que debilita la democracia y genera mayor desconfianza en la población boliviana”, aunque aclaró que con esta opinión no tiene la intención de ofender a nadie.

Para el senador de Unidad Demócrata (UD)  Arturo Murillo, el Gobierno lanza este tipo de denuncias para crear  “una cortina de humo que tiene la finalidad de distraer los casos de corrupción como CAMC y el Fondo Indígena que involucra a la exministra Nemesia Achacollo”.

“A eso se suma  su ineficiencia en atender las demandas ante la pérdida de empleos”, opinó.

La mayoría de las denuncias de complot surgieron en momentos de crisis política como la de 2008 cuando la llamada “media luna” (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) intentó implementar una autonomía de facto en respuesta a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado que, según los opositores, no tuvo el consenso de todos los sectores del país.

Morales, el presidente que llegó al poder en 2006 con una votación histórica del 54%, y ratificado con un 67% en 2008 en un referendo revocatorio, perdió el control de al menos cinco regiones (Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) sublevadas supuestamente por la injerencia de la Embajada de Estados Unidos y de élites políticas tradicionales del país.

Para el Gobierno, esta ofensiva fue un “golpe cívico-prefectural” que fracasó después de la radicalización de la “media luna” que tomó instituciones públicas, humilló a indígenas en Sucre, hizo explotar un gasoducto en Villamontes y participó en un enfrentamiento con campesinos afines al Gobierno en Porvenir (Pando) que dejó más de 13 muertos.

El respaldo internacional de los países que forman parte  de la Unasur también fue determinante para que Morales recupere el control de los departamentos autonomistas y en abril de 2009 en un operativo en el hotel Las Américas, según el Gobierno, se desarticuló a una célula terrorista-separatista que pretendía dividir   Bolivia y asesinar al Presidente. Este hecho significó el derrumbe de liderazgos regionales y cívicos.

EEUU pagó la factura

Estados Unidos también pagó la factura. El Presidente echó del país en 2008 al embajador Goldberg por conspirar, luego expulsó a la DEA, la NAS y también a Usaid por organizar un complot contra el Gobierno en complicidad con figuras  de la oposición, aunque la Casa Blanca negó estas acusaciones. Las relaciones diplomáticas entre ambos países aún están deterioradas.

No obstante, la salida del embajador y de las entidades conspiradoras del “imperio” no aplacó la insidia contra el Gobierno y en el discurso gubernamental actual aún se puede escuchar que “Estados Unidos no cesa en su afán de conspirar”, aunque según el Gobierno otros actores como las organizaciones no gubernamentales (ONG) entraron en juego desde que se realizaron las marchas indígenas en defensa del TIPNIS en 2011 y 2012.

Los tentáculos de la CIA norteamericana también llegaron a entidades estatales como YPFB (YPFB), según autoridades del Ejecutivo, porque entre su personal se encontró a un agente cuya labor todavía no fue esclarecida. El infiltrado fue identificado por el Presidente en medio de un escándalo de corrupción que golpeó a la petrolera estatal y llevó a la cárcel al segundo hombre del MAS, Santos Ramírez.

En los recientes conflictos sociales que le tocó afrontar, el Gobierno también identificó a fuerzas conspirativas o “fuerzas oscuras” al servicio del “imperio” o al imperio mismo. El paro cívico de Potosí y las protestas en La Paz en 2015, las movilizaciones de los suboficiales para la descolonización de las FFAA, bloqueos de caminos, movilizaciones contra el cierre de la estatal Enatex y la movilización de los discapacitados en demanda de un bono mensual de  500 bolivianos también fueron tildados de complots.

Periodistas y medios también ingresaron en la lista de conspiradores por publicar noticias sobre el caso Gabriela Zapata. El Gobierno puso etiquetas como “cártel de la mentira” y “mafia mediática política” a medios como Página Siete, la Agencia de Noticias Fides (ANF), El Deber, ERBOL y Los Tiempos, y a periodistas como Amalia Pando, Andrés Gómez y Raúl Peñaranda.

El periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN,  y un camarógrafo de ese medio también fueron acusados de trata de personas porque entrevistaron a un menor de edad que fue presentado por allegados de la exenamorada del Presidente, Gabriela Zapata, como el hijo de ella y el Mandatario.

El Órgano Ejecutivo denunció que en este caso hubo una conspiración gestada desde EEUU para poner en cuestión la moral de Morales y que causó la derrota del MAS en el referendo del 21 de febrero cuando un 51% rechazó una tercera reelección continua del Jiliri Irpiri (Gran Líder), como titula el libro de su exasesor Eusebio Gironda.

El Gobierno afirma que “son hechos objetivos”

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que las denuncias sobre conspiraciones “son hechos objetivos”.

En una entrevista con Página Siete, Romero dijo que el Ministerio de Gobierno realiza “un monitoreo de la situación social política del país porque ésa es nuestra función, sobre todo para que no se desarrollen conflictos, escenarios de tensión y en esa tarea obviamente manejamos alguna información; y en estos casos la investigación generalmente es judicial cuando trasciende el ámbito político” declaró cuando fue consultado si su despacho realiza seguimiento a las denuncias de conspiración.

En esa labor de “seguimiento”  y “monitoreo” se han conocido casos como “las constantes comunicaciones de la Embajada de EEUU con algunos dirigentes que precedieron a la marcha del TIPNIS o habíamos observado ese tipo de conducta de parte de la legación diplomática y en este caso hemos manifestado que estas actitudes son persistentes, pero de ahí que haya investigaciones no, seguimiento simplemente”, afirmó.

Consultado si las denuncias de conspiración son “cortinas de humo” para desviar la atención en situaciones de conflicto o crisis política, el Ministro respondió que “no”, “porque son hechos objetivos, es decir la presencia de CNN (en referencia a la entrevista con un menor al que se hizo pasar como hijo del Presidente) ha existido, han grabado un video, lo han anunciado en su Twitter, han coordinado, han preparado, eso es un hecho objetivo ¿quién lo va a desconocer?”

En su reciente reunión con el encargado de negocios de la Embajada, Peter Brennan, hizo conocer que aún existe injerencia política de ese país. “Cada uno puede tener su punto de vista pero hay límites en la representación diplomática que lo establecen los instrumentos internacionales y en realidad nos basamos simplemente en su estricta observación”, dijo.