Nuevas gestiones para extraditar a Goni

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La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, informó que funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU se comprometieron ayer a acelerar la revisión de los documentos entregados por la comisión boliviana que viajó a Washington para presentar el segundo exhorto de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros. Las exautoridades gubernamentales son acusadas de genocidio y otros delitos por las muertes en octubre de 2003.

“Hemos sostenido una reunión con la Fiscal General Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Leslie R. Caldwell) para explicarle las razones por las cuales se ha presentado un segundo exhorto de extradición de Sánchez de Lozada”, informó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.

Según una nota de prensa del ese ministerio, Caldwell se habría comprometido a dar agilidad a la revisión de los documentos, conforme al trabajo que realizan en esa instancia de EEUU”.

La autoridad boliviana señaló que a la visita protocolar asistió el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, miembros de la Cancillería y el encargado de negocios de Bolivia en Estados Unidos, Freddy Berzati.

Durante la vista, el Fiscal General expuso su preocupación para que ese tema sea resuelto lo antes posible, ya que se trata de un caso de vulneración de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, según la Ministra.

Gutiérrez dijo que la representante del Departamento de Justicia del país norteamericano pudo comprender la preocupación del Gobierno boliviano sobre el caso, que desde hace más de diez años no puede ser resuelto.

La comisión boliviana, compuesta por autoridades y víctimas de Octubre Negro, que viajó a Washington, entregó ayer el segundo exhorto de extradición del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio. El primer pedido de extradición fue rechazado por el Departamento de Estado estadounidense en septiembre de 2012, debido a que los delitos por los cuales se les acusaba no eran compatibles con su normativa vigente. Los supuestos delitos ocurrieron en octubre de 2003, en las protestas contra la decisión del Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a EEUU.