Polémica Ley de Revolución Productiva

0
246

Investigadores y organizaciones campesinas denuncian que el Gobierno negoció con las trasnacionales de alimentos la aprobación de la Ley de Revolución Productiva.

El 26 de junio del 2011, el Presidente Morales promulgó la Ley de Revolución Productiva, a pesar de las críticas de organizaciones campesinas distanciadas del esquema gubernamental. En la oportunidad, el Ministro de la Presidencia recalcó que “la Ley no fomenta ni promueve el uso de transgénicos, por el contrario impulsa el desarrollo biotecnológico a través de nuestro patrimonio genético y del desarrollo de los recursos de los pueblos indígenas”. Pero esa declaración levantó inmediatamente sospechas de que las autoridades del Ejecutivo utilizan un doble discurso para confundir a la población. Organizaciones campesinas ligadas al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qullasuyu (Conamaq) indicaron que ley exterminará el patrimonio natural de las naciones originarias. No descartaron movilizaciones. Esa posición, sin embargo, se contrapone al apoyo expresado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) a la norma que habría sido, según dijeron, consensuada con el Gobierno.

Estos criterios contrapuestos marcan una frecuente línea divisoria entre sectores campesinos aliados y los que se distanciaron del Gobierno por diferencias insalvables con el denominado proceso de cambio. Midiendo esa doble pulseta, organismos independientes de investigación publicaron estudios que no fueron tomados en cuenta por los asambleístas del MAS a la hora de promulgar la ley. Esa preocupación fue expresada por el investigador Pablo Villegas del Cedin que en un artículo publicado en el site Bolpress reveló que de promulgarse la ley se produciría una alianza entre el Gobierno y sus enemigos. El investigador dijo que la conocida transnacional de alimentos Monsanto, denunciada en tribunales en Europa y los Estados Unidos, había afincado sus tentáculos en Bolivia con el objetivo de desarrollar productos genéticamente modificados. La declaración del investigador, como ocurre con las que efectúan los campesinos de la oposición, chocaron con el discurso pronunciado por el ministro Romero que apuntó a la desorientación de los medios que malinterpretaron el artículo 15 de la norma. “Los recursos genéticos mejorados tienen diferente significado de los productos genéticamente mejorados”, señaló la autoridad del Ejecutivo. Romero recordó que el artículo 15 de la ley señala que no se pueden internar al país paquetes tecnológicos con productos genéticamente modificados. “Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición”, precisó.

Las trasnacionales en Bolivia

Monsanto se ha hecho célebre por utilizar el lema “combatir el hambre en el mundo”, ocultando detrás del slogan millonarios proyectos de almacenamiento de material genéticamente modificado de especies alimenticias para repartirlas en los lugares más pobres del planeta. Según estudios de universidades francesas, realizados a partir de datos obtenidos de Monsanto por vía judicial, demuestran daños potenciales a la salud de varios de los maíces transgénicos que está desarrollando. Otro estudio de la Universidad de Viena, patrocinado por el Gobierno austríaco, encontró que una dieta a base de otro maíz transgénico suponía un descenso en la fertilidad, levantando de nuevo la alarma sobre los efectos imprevistos de la modificación genética.

En Bolivia los críticos señalan que la ley impone la introducción de alimentos genéticamente modificados. Pablo Villegas, dice que en los antecedentes del estudio del proyecto de ley se dispuso que no se “introducirán semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es ´centro de origen´”. Empero, en el país ya se cultiva maíz transgénico y el concepto “centro de origen” pretende confundir a la población. El investigador de Probioma, Miguel Crespo reveló que Monsanto está trabajando en el desarrollo de productos de quinua.

El caso es contradictorio con la postura ideológica que defiende el Gobierno de preservar las especies originarias. El Estado Plurinacional ha defendido desde  el mismo momento de su arribo a las altas esferas del poder los derechos de la madre tierra. El discurso ha sido contra los transgénicos y también contra los insumos utilizados en la producción moderna de alimentos con hormonas. En un discurso pronunciado en Cochabamba en ocasión de la Cumbre Mundial del Medioambiente, el presidente Morales fue durísimo con  las transnacionales de alimentos y aunque no se pronunció de manera puntual contra Monsanto, recalcó que el imperialismo está envenenando el planeta. En noviembre de 2010 el Comité de Investigación y de Información Independiente de la Ingeniería Genética encontró evidencias de daños de tres variedades de transgénicos, ocultados por Monsanto ante la comisión, cuando ellos mismos son propietarios de patentes de transgénicos con diferentes empresas de biotecnología.

Transgénicos en Bolivia

La ley promulgada en un masivo acto por el Presidente Morales demuestra que el discurso del Gobierno no es sincero, dicen los campesinos del Conamaq. La Constitución Política del Estado presentada a la Constituyente en Oruro, decía en su Artículo 408: “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero fue finalmente cambiado y aprobado por el Artículo 409 que dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”. Es decir, se anuló la prohibición y hay quienes aseguran que Bolivia expone sus productos originarios a la voracidad de las trasnacionales de alimentos que modifican su base natural.