Qué implica el fallo de la Corte Suprema que favorece a Donal Trump

En un fallo inédito, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que los presidentes tendrán “inmunidad procesal”, por lo que no podrán ser enjuiciados penalmente por actos cometidos durante su gestión. Esta decisión, que favorece a Donald Trump, no solo redefine los límites de la inmunidad presidencial sino que podría. tener profundas implicaciones en el futuro de los casos penales contra expresidentes.

Con un voto de seis contra tres, el máximo tribunal compuesto mayoritariamente por jueces conservadores dictaminó que un presidente goza de presunta inmunidad procesal por actos oficiales realizados durante su mandato. El veredicto polarizó a la opinión pública en medio de un clima polarizante, marcado por la campaña electoral entre los impopulares Joe Biden y Donald Trump cuyo primer round fue en el debate presidencial del pasado jueves.

Trump, el primer presidente condenado de la historia de EE.UU., enfrenta varias acusaciones que podrían verse afectadas por el reciente fallo de la Corte Suprema anclada en Washington, que, en rasgos generales, implicará que el proceso se demorará al menos hasta después de las presidenciales del 5 de noviembre.

Entre las causas que pesan contra el expresidente de 76 años se destaca la de conspirar y obstruir un procedimiento oficial, específicamente durante la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021 destinada a certificar la victoria de Biden, y que culminó con el impactante asalto al Capitolio a manos de sus seguidores.

“Un presidente no está por encima de la ley”

El presidente de la Corte Suprema estadounidense, John Roberts, escribió que “un presidente no está por encima de la ley”, pero subrayó que existe una “inmunidad absoluta” frente a procesos penales por actos oficiales. Roberts argumentó que esta inmunidad es esencial para proteger la independencia y eficacia del poder ejecutivo, afirmando que “el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos”.

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace es oficial. Bajo nuestro sistema de poderes separados, el presidente tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por sus actos oficiales”, expresó el magistrado, en nombre de la mayoría conservadora del tribunal que está compuesto por 3 jueces nombrados por Trump cuando era presidente.

Del otro lado del espectro político, la jueza Sonia Sotomayor, en una disidencia enérgica, cuestionó la mayoría conservadora afirmando que “nunca en la historia” un presidente había sido considerado inmune a procesos penales por el uso indebido de su cargo.

“Por temor a nuestra democracia, disiento”, escribió, destacando ejemplos hipotéticos de abusos de poder que podrían quedar impunes bajo esta interpretación. “¿Ordena al Equipo Seal 6 de la Armada que asesine a un rival político? ¿Inmune? ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? ¿Inmune? ¿Acepta un soborno a cambio de indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, enfatizó.

Por otro lado, Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois en Chicago, comentó que el fallo “simplemente significa que este caso (NdR: las 3 causas contra Trump) se prolongará mucho más allá de las elecciones”, señalando las complejidades legales y políticas del dictamen.

Las acusaciones contra Trump

El actual candidato a la presidencia Donald Trump enfrenta cuatro acusaciones penales, algo inédito para un presidente, abriendo juego a una batalla legal que llevó al límite a las instituciones de la mayor democracia del hemisferio occidental, en relación a la inmunidad presidencial y su aplicación ante presuntos delitos penales.

Entre ellas cuenta el delito grave de conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de procedimientos oficiales, relacionados especialmente con los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, la cuna de la democracia occidental, generando imágenes que recorrieron el mundo.

El juicio de Trump por este caso debería haber comenzado el 4 de marzo, mucho antes de su revancha electoral el 5 de noviembre ante Biden, pero la Corte Suprema, dominada por conservadores, aceptó en febrero examinar el argumento de la defensa que sostiene que merece inmunidad presidencial, dejando el caso en suspenso.

El equipo legal del magnate, en tanto, está empleando todos los medios para posponer los juicios hasta después de las elecciones presidenciales. En mayo, fue hallado culpable por un tribunal de Nueva York de “falsificación contable agravada para ocultar” pagos a una exactriz de cine para adultos, Stormy Daniels, con el propósito de silenciar una supuesta relación extramatrimonial de 2006, evitando así repercusiones en las elecciones de 2016. La sentencia está programada para el 11 de julio.

Esta primera condena penal, sin precedentes para un expresidente del país norteamericano, es considerada la menos grave de las cuatro y podría ser la única antes de las elecciones. Las otras dos causas graves que tiene Trump a nivel federal es por retención de documentos clasificados después de su mandato en la Casa Blanca, y en los tribunales estatales clave de Georgia por presunta interferencia electoral en 2020.

Trump: “Gran victoria para nuestra constitución y democracia”

Donald Trump, en respuesta a la decisión, celebró el veredicto escribiendo en su red social, Truth Social: “Gran victoria para nuestra constitución y democracia. ¡Orgulloso de ser un americano!”.

La decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump marca un hito significativo en la jurisprudencia estadounidense. Al definir los alcances de la responsabilidad penal del presidente, el tribunal delineó un terreno legal y constitucional crucial para futuros gobiernos, la gobernabilidad y el equilibrio de poderes .

En última instancia, esta sentencia no solo afecta a Trump, que trabaja a contrarreloj para evitar otra condena que dañe su imagen en plena campaña, sino que establece precedentes significativos para los futuros ocupantes de la Oficina Oval y el marco legal que regula sus acciones. En tanto, la controversia y el debate continuarán, alimentados por interpretaciones divergentes sobre la protección de la presidencia frente a la rendición de cuentas por presuntos actos criminales.