Tezanos se puso del lado oficialista en 4 conflictos

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En un año y cuatro meses de gestión, el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, se puso del lado del Gobierno o enfrentó a sectores sociales que se le oponían en al menos cuatro conflictos. En la pelea de las personas con discapacidad, en el de los médicos, en el caso de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y en el conflicto de Achacachi. Mientras que en otras dos ocasiones, la eliminación del preaviso y la posibilidad de una consulta por pena de muerte, se opuso y enfrentó al Gobierno.

“Dicen que mi trabajo no confronta al Gobierno. Lo que pasa es que la anterior gestión (la de Rolando Villena) sí se ejerció un rol de obsecuente enemigo del Gobierno. Esto está en el imaginario. Pero no es bueno oponerse sin objetividad, por consigna”, dijo Tezanos en su descargo.

Y es así. Más de un sector social lo tacha por una gestión  “oficialista”. Sobre esta impresión, el defensor responde lo siguiente: “Las críticas deben venir en base a elementos materiales y renunciar a posiciones meramente subjetivas, discursivas y demagógicas (…). El defensor no es conspirador, instigador ni enemigo de nadie”.

No concuerda con él Rolando Villena, el exdefensor del pueblo al que Tezanos sindicó de enemigo del Gobierno. “Piensan que fuimos enemigos y no era así. Ahora, el trabajo que realiza Tezanos es consecuente con las ideas que vienen del Gobierno sin nada que le incomode. Pero esa es una labor anodina, no defiende derechos humanos, sino que hasta va en su contra”.

Tezanos revisa sus actos

Pero más allá de las acusaciones, una revisión de los actos del defensor en los conflictos puede dar una mejor idea de su rol. Entonces se lo desafió a revisar caso por caso, y aceptó. Fue posesionado el 14 de mayo de 2016. El 26 de ese mismo mes intervino en el conflicto entre el Gobierno y las personas con discapacidad, que demandaban el pago de un bono y por eso cercaron la plaza Murillo por un mes y medio.

Entonces, David Tezanos fue filmado en la terminal de buses de La Paz cuando entregaba dinero a unos dirigentes de ese sector para que dejaran la protesta y retornaran a sus distritos, de modo que, más allá de sus demandas sociales, el conflicto se desactive. Las críticas se dispararon y, de hecho, Tezanos ya no pudo estar en las negociaciones.

La dirigente de la Federación de Personas con Discapacidad de La Paz, Sonia Mujica, recordó que el trabajo de Tezanos “fue  reprochable”. “En vez de ayudar, se dedicó a desmovilizarnos. Pensó en los intereses del Gobierno, nunca en los nuestros. El anterior defensor pensaba más en el pueblo”, opinó la dirigente.

Tezanos lo ve un poco distinto. Según él, “hubo una situación humanitaria, en la que personas que quisieron desmovilizarse estuvieron cinco días en la terminal sin poder retornar por falta de recursos. Entonces, ya anteriormente, en casos de esta naturaleza, mi persona asumió con un carácter de solidaridad este tipo de ayuda”. Para Mujica, esa solo es una coartada política.

Repasemos un caso más nuevo. La población de Achacachi y sus dirigentes exigen la renuncia del alcalde Édgar Ramos (MAS) por presuntos malos manejos económicos. En febrero, Tezanos apareció en medio del pueblo y a partir de eso hubo una ruptura entre los demandantes y él. Al menos cinco achacacheños acusan a Tezanos de haber intercedido antes los manifestantes para que le abrieran las puertas del pueblo a un grupo de dirigentes de distintos cantones, presumiblemente afines al alcalde, que luego saquearon y atacaron edificios. “Con la ayuda del defensor” entraron y saquearon Achacachi, dijeron a EL DEBER.

Tezanos no lo ve igual. Asegura que ese día de febrero, en el puente de acceso a Achacachi, había sobre todo madres, hijos y jóvenes. “Intercedimos para que salieran de ahí porque vimos que los otros (el grupo que quería entrar al pueblo y que los achacacheños dicen que fueron enviados por el alcalde) manejaban al menos tres fusiles máuser. Si no lo hacían, se hubiera desencadenado una tragedia. Claro, después fue difícil controlar a 4.000 dirigentes que ingresaron a la población”, manifestó.
Sobre la protesta de Achacachi, Tezanos coincide con la opinión del Gobierno: cree que es una medida política y que la única forma de sacar a Ramos es a través de un revocatorio.

Caso Illanes y el lío de médicos

El informe defensorial sobre el conflicto minero que derivó en la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, el 25 de agosto de 2006, estableció responsabilidades solo para la Policía, pero ni siquiera se sugirió el mínimo indicio de sospecha sobre autoridades gubernamentales (pese a que la investigación de la Fiscalía estableció que Illanes se comunicó con más de un ministro suplicando auxilio) y en la entrevista con EL DEBER lo ratificó. “Todo apuntó a la Policía. Los errores en la conducción, como las vulneraciones a derechos humanos, son responsabilidad personalísima de determinados miembros de la institución”, manifestó.

Confirmó que hubo una orden de repliegue, “pero tardó horas. El uso de armas letales (por parte de la Policía) en ese lapso produjo la muerte de un minero y luego de la autoridad”. Complementó que cuando se acercaba al lugar para negociar, se produjo el deceso del dirigente, “los gases y las dinamitas impidieron nuestra llegada y nos sacaron en una ambulancia”.

Otra vez se le preguntó: ¿hubo negligencia del Gobierno al negociar? Y el defensor insistió: “Todos los puntos de análisis señalan que lo que desencadenó todo fue el deceso del minero Aparaya. Sobre el disparo y esa muerte en un momento tan determinante, analizamos dos posibilidades: una venganza (contra la Policía) con vejaciones y secuestros a decenas de uniformados y, la otra, el generar un conflicto mayor por la irresponsabilidad que pudieron tener algunas personas que pertenecen a las instituciones”. El 1 de noviembre, Tezanos declaró por este caso ante la Fiscalía.

La familia del viceministro cuestionó su actuación. “No me quiere dar la cara. Ha dicho que ha recibido cinco llamadas, ha dicho cinco llamadas he tenido del doctor Illanes y el cobarde se ha venido y no ha hecho nada”, reclamó Rosario San Martín, esposa de Illanes.

Otro caso más. Los médicos se movilizaron contra el Gobierno por la creación de la Autoridad de Fiscalización del Sistema de Salud y la libre afiliación a seguros de corto plazo. El lunes 29 de mayo, la Sala Penal Primera de La Paz resolvió que el Colegio Médico garantice el derecho a la salud, tras aceptar una Acción Popular que interpuso en su contra el defensor. Este hecho desencadenó una movilización que involucró a organizaciones sindicales. Tezanos dice: “Es histórico, quien planteó este recurso será olvidado, como los que protestaron. Deja en evidencia que para los intereses políticos queda a un lado la defensa de los derechos vitales”.

Nancy Pereira, de la federación de Médicos de la Caja, es categórica en su crítica. “No hay defensor, este señor mueve intereses del Gobierno. Favorece al poder y no al pueblo”.