Veto del Cabildo frenó la mina que se adjudicó el sobrino del vice

La empresa Montecarlo, gerentada por Sergio Velasco García, fracasó en su intento de una consulta popular para operar en la zona

La denuncia que sentó la bancada de Convergencia Nacional sobre un supuesto tráfico de influencia del vicepresidente Álvaro García Linera en la compra, presuntamente ilegal, de una concesión minera en Chiquitos, puso en alerta a las autoridades y campesinos del cantón Santiago, donde está dicha concesión de 7.500 hectáreas.

Los habitantes de Santiago de Chiquitos y las comunidades que están alrededor se mostraron sorprendidos ayer por la información difundida y desempolvaron un voto resolutivo que aprobaron en mayo de 2012 en un cabildo que se realizó en La Casa del Pueblo, en el que resolvieron que no se permitirá la explotación minera en la zona, por considerar dicha actividad atentatoria contra las reservas de agua que están en el valle de Tucabaca.

La decisión que tomaron aquel año surgió a raíz de que la empresa Montecarlos intentaba llevar a cabo una consulta popular en el cantón Chiquitos para que le permitan operar en la zona. La subalcaldesa, Lorena Tejaya, dijo que la decisión ya está tomada (no permitir las operaciones mineras) y que desconoce sobre las denuncias realizadas por Convergencia Nacional y que a la fecha no existe explotación en Santiago.

Según autoridades de Santiago, tras las intenciones que mostró la empresa Montecarlos para ingresar a sus tierras a trabajar en minería, se convocó un cabildo el 26 de mayo de 2012 y se dictó un voto resolutivo para prohibir la explotación minera. El resultado del cabildo tomó en cuenta que en 2009 y en 2010 también habían recibido las intenciones de las firmas Kileno y Sidereste para conseguir la venia de los vecinos para que les permitan explotar la zona.

El vicepresidente Álvaro García Linera admitió el miércoles que su sobrino Sergio Velasco García se adjudicó una concesión minera en 2007, pero aclaró que fue por la suma de Bs 10.000, que su familiar aportó $us 3.000, y que el emprendimiento fracasó.

Otros intentos

La de Montecarlos no fue la primera ni la única vez que intentaron hacer que los habitantes de Chiquitos aprueben operaciones mineras. Sara Crespo, responsable de proyectos de la institución Probioma, recordó que en 2009 llegaron representantes de la firma chilena Kileno y en 2010 de la Sidereste con los mismos propósitos. Buscar la luz verde de los habitantes para ingresar a suelo del cantón de Chiquitos.

María Eugenia Cuéllar, ex representante vecinal en la Organización Territorial de Base (OTB), dijo que una empresa minera, incluso, llegó a la zona para preparar churrasco a la población, con el fin de seducirlos para que participen de una consulta popular y aprobaran el inicio de las operaciones.

Pero con lo que no contaban los representantes de las firmas mineras era que tanto Cuéllar como otras autoridades habían ejecutado un programa de concienciación entre los comunitarios para que no sucumban a las tentaciones privadas, puesto que consideran que los recursos naturales que se guardan en el valle de Tucabaca, como el turismo, no son compatibles con la actividad minera.

“Estamos en alerta constante, listos para actuar en caso de que sea necesario defender nuestros recursos”, dijo Cuéllar. La exmiembro de la OTB afirmó que estar alertas consiste en ver los noticieros y leer los diarios, en mantenerse comunicados constantemente y ante cualquier emergencia realizar un cabildo para fijar medidas de presión.

Francisco Solano, corregidor de Santiago de Chiquitos, sentado en la plaza del pueblo, aseguró que desconoce que se haya realizado alguna compra de una concesión minera, pero advierte de que, en caso de que se haya realizado tal como dice la denuncia de Convergencia Nacional, esta no es de conocimiento de las autoridades locales. Amparándose en el voto resolutivo del cabildo de mayo del 2012, Solano amenazó con un bloqueo de la carretera que une a Santa Cruz con Puerto Suárez.

Subsistencia

Lo que ocurre es que el agua y otros recursos naturales van a ser defendidos uniéndose entre todos. Esa es la posición de los habitantes de a pie, de hombres y de mujeres que temen que la industria minera mate el río que calma la sed y otras fuentes de agua subterráneas.

De 16 personas consultadas si están o no de acuerdo con la actividad minera en la zona, 14 dijeron que no, porque no quieren poner en riesgo sus recursos naturales ni se deforesten árboles para que se instale alguna compañía. “Hay muchas necesidades en esta región del país, pero no por eso vamos a dar paso a algo que vaya en perjuicio de nosotros mismos”, coincidieron. Las dos personas que respondieron que sí fundamentaron su posición señalando que si existiera un buen plan de manejo minero, se pueden evitar desastres ecológicos