¿Quién quiere ser olvidado en Internet?

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¿Te has arrepentido alguna vez de aquel día en que tomaste unas copas de más y alguien subió las fotos a Internet? ¡Ahora, estás un poco más cerca de poder deshacerte de ellas! El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el pasado martes 19 de mayo que los motores de búsqueda son responsables del procesamiento de la información de carácter personal que se realiza tras una búsqueda. Esto quiere decir que de ahora en adelante, si los usuarios lo solicitan y en función del interés público en juego, se obligará a eliminar de la lista de resultados, obtenida al escribir tu nombre en un buscador, aquellos enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información privada.

La sentencia llega cuatro años después que el español Mario Costeja denunciara a Google España por no querer eliminar de los resultados de búsqueda tras su nombre dos enlaces a artículos en los que se hablaba del sometimiento a subasta de sus bienes. El Tribunal de Luxemburgo ha considerado que, aunque legítimos, estos causan un grave daño a la reputación del denunciante y que por tanto puede exigir su retirada. Sin embargo, los artículos seguirán en la red. Esto, entre otras razones, ha levantado algunas voces críticas contra el llamado “derecho al olvido”.

¿Qué es el derecho al olvido?

La forma más sencilla de definir el derecho al olvido es entenderlo como la capacidad que tenemos los usuarios y usuarias de internet de silenciar eventos pasados que ya no ocurren en la actualidad. Es un derecho que la legislación aún no recoge explícitamente, pero que la reciente sentencia ha entendido como necesario para el ejercicio de los derechos al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de los datos personales -reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Sin embargo, la actual reforma de la ley de protección de datos que la UE viene tramitando desde 2012 sí que vendría a reconocer explícitamente el derecho al olvido. En su art. 17, la propuesta con la que se trabaja actualmente define este derecho como «el derecho [de los usuarios interesados] a que el responsable del tratamiento suprima los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión […] cuando [inter alia]:los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados».

En este sentido pero, la sentencia ha sido criticada porque no resuelve el problema de raíz: quizás esas fotos no saldrán en los buscadores, pero seguirán ahí. Este era uno de los principales argumentos de Google España, quien apuntó que “son los responsables de las páginas donde aparece la información quienes han de retirarla”. Entonces, ¿por qué Google? El Tribunal ha considerado que la actividad que realizan los motores de búsqueda como Google debe calificarse de tratamiento de datos personales y que, por tanto, es responsable de dicho tratamiento y está obligado a acatar las disposiciones de las leyes de protección de datos.

El valor de la sentencia: ¿qué podremos hacer de ahora en adelante?

La sentencia es importante por otro aspecto, y es que en parte resuelve una de las grandes incógnitas de nuestros derechos en internet, a saber: ¿qué regulación deben seguir las grandes empresas transnacionales? Internet plantea dudas porque no atiende a fronteras ni a nacionalidades: ¿qué normativa debe aplicarse cuando coliden los intereses de una multinacional estadounidense con los derechos de la ciudadanía europea?

Hasta la Sentencia, Google España había alegado que no era a ellos a quien el Sr. Costeja debía dirigirse, sino a su matriz: Google Inc. Pero claro, al estar la última en Estados Unidos no se le podría aplicar la legislación española sobre protección de datos. Pues bien, en este caso el Tribunal ha sido claro: Google, y el resto de motores de búsqueda, tendrán que someterse a legislación de los Estados en los que creen «una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y venta de espacios publicitarios […] y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado».

Un paso delante, ¿dos pasos atrás?

Sin embargo, al derecho al olvido no le faltan detractores. Las principales voces críticas alertan que una decisión que ponga a los grandes motores de búsqueda entre la espada y la pared podría tener catastróficas consecuencias para nuestra economía,especialmente en un momento de crisis como el actual. Pues si internet no tienen fronteras -estas voces aducen- tampoco las tiene la economía de la globalización. Y como hemos visto, lo único que obliga a Google a acatar la normativa europea es el tener filial en los Estados de la UE. De momento, Google ya ha declarado estar trabajando en un mecanismo para gestionar este tipo de peticiones. Pero a largo plazo, ¿qué va a impedir que Google, en lugar de aceptar la sentencia, acabe simplemente cerrando sus filiales en Europa?

Más preocupante todavía, también se apunta que tal derecho conlleva un riesgo implícito: el de la censura. ¿Podría el derecho al olvido acabar en realidad limitando nuestros derechos de expresión e información? El New Y