La Fencomin y diputados del MAS apuntan a los dos funcionarios públicos como responsables de las fallas de la futura norma que regulará la industria minera.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) identificaron al asesor jurÃdico y al ministro de MinerÃa como los responsables de que el proyecto de Ley de MinerÃa remitido a la Asamblea Legislativa no esté acorde con la Constitución PolÃtica del Estado en varios artÃculos.
Página Siete se comunicó con el Ministerio de MinerÃa para conocer la versión de la contraparte, pero  afirmaron que el ministro Mario Virreira es la única voz autorizada para pronunciarse sobre el tema.Â
Sin embargo, el martes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reconoció que el Gobierno cometió "errores" en la redacción de la futura norma y que no hubo una revisión adecuada sobre la constitucionalidad del artÃculo 151.
Además, comunicó que el Gobierno decidió dejar el proyecto de ley en "fojas cero", debido a los enfrentamientos entre cooperativistas mineros y la PolicÃa, lo que causó la muerte de dos cuentapropistas en la población de Sayari.
Fencomin inició el bloqueo de caminos en protesta por la modificación de 25 artÃculos en la Cámara de Diputados, entre ellos el artÃculo 151 sobre  contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa, y que permitÃa su asociación.
"Más de tres años duró la discusión del anteproyecto de la Ley de MinerÃa y la Ley General de Cooperativas, en la que Fencomin justificó legal, económica y socialmente que ambas normas están amparadas por la Constitución PolÃtica del Estado; precisamente por ello se lograron consensos entre los actores mineros y el Gobierno. El propio asesor del Ministerio de MinerÃa (Juan Carlos Carrasco) públicamente indicó que los contratos de asociación de las cooperativas mineras estaban amparados por la Constitución", señala el pronunciamiento de la Fencomin.
El presidente del Comité de MinerÃa de la Cámara de Diputados, Jaime Medrano, del MAS, también coincidió en que ambos son los responsables de no identificar los errores en su debido momento.
"Hacemos responsables al doctor (Juan Carlos) Carrasco y en segunda instancia al ministro de MinerÃa (Mario Virreira), porque debÃa haberse informado de todos los aspectos que tenÃa la Ley de MinerÃa, en cuanto a lo que se refiere a la constitucionalidad y de qué tipos de contratos estamos hablando", afirmó.
El parlamentario recordó que durante el tratamiento del proyecto en comisión, se hizo observaciones a siete artÃculos, entre ellos el 151, porque no se enmarcaban en la Constitución, pero por la mayorÃa de votos de otros legisladores oficialistas "se los dejó pasar".
El diputado Javier Santibáñez, del MAS, coincidió con esa opinión y dijo que "el error surgió en el Ministerio de MinerÃa, porque estaban trabajando la ley. Nosotros tenÃamos muchas dudas que se han ido consultando y ellos decÃan que la norma estaba apegada a la Constitución".
El Mutún no será filial de Comibol
El diputado de Convergencia Nacional (CN) Luis Felipe Dorado informó que tras reunirse con el presidente del Senado, Eugenio Rojas (MAS), se acordó, entre otros puntos, modificar el artÃculo 67 del proyecto de Ley de MinerÃa y Metalurgia para que la Siderúrgica del Mutún no sea filial de Comibol.
Antes de esa reunión, el artÃculo 67 del proyecto de ley minera establecÃa que las empresas filiales de la Comibol son Huanuni, Colquiri, Corocoro, Vinto, Karachipampa y la Siderúrgica del Mutún.
Sin embargo, el Mutún fue excluido del documento, según Dorado.Â
"Nos reunimos con el presidente del Senado y él aceptó las observaciones que hicimos los representantes de Santa Cruz al proyecto de ley minera; se aceptó modificar el artÃculo 67 sacando de la lista a la Siderúrgica del Mutún para que no sea filial de la Comibol", dijo a ANF.
Santa Cruz se mantiene en estado de emergencia. El senador del MAS René MartÃnez dijo que se puede hacer el ajuste con la socialización del proyecto.
La propiedad sólo es del yacimiento, según el CEDLA
La propiedad del pueblo boliviano sólo alcanza a los yacimientos de minerales, ya sean del subsuelo o del suelo, mientras que como productos de la extracción o mercancÃas pertenecen al productor minero, señala el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
"El proyecto de la nueva Ley de MinerÃa y Metalurgia adopta la misma concepción de la actual Ley 1777, de origen neoliberal;Â
en efecto, la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos mineros sólo abarca a los minerales en su estado natural, en su condición de yacimientos, ya sean del subsuelo o del suelo", recordó el investigador del CEDLA, Carlos Arze.
Precisó que en el capÃtulo sobre derechos mineros, del proyecto de Ley de MinerÃa, se establece que si bien éstos no otorgan a los actores productivos ni a sus socios "derechos propietarios ni posesorios sobre las áreas mineras", sà les conceden el derecho de aprovechar "los residuos minero-metalúrgicos", como las colas, desmontes, relaves, escorias y similares.Â
Por ejemplo, los pallacos del Cerro Rico de Potosà son aprovechados por San Bartolomé, por una asociación con cooperativas que tenÃan contratos de arrendamiento con Comibol.