A casi cinco años del asalto al hotel Las Américas, el Ministerio Público asegura tener pruebas que demuestran que el grupo liderado por el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa fue contratado para separar al oriente del resto del país.

El fiscal que lleva adelante las investigaciones del supuesto caso terrorismo, Marco Antonio Rodríguez, en declaraciones a la agencia estatal ABI dijo que "el Ministerio Público presentó una acusación en cuya tesis se comprueba mediante los elementos probatorios de que hubo actos de una organización armada para separar al país".

Tras la huida del exfiscal Marcelo Soza a Brasil el 11 de marzo, la defensa y familiares de los procesados por supuesto terrorismo pidieron la anulación de esta investigación, luego de que el principal investigador escribió una carta en la que sostiene que durante los cuatros años que lideró las investigaciones se involucró a personas -a solicitud de autoridades de Gobierno- que no tenían ninguna relación con el hecho.

La carta escrita por Soza fue publicada cuando este ya se encontraba en el vecino país gozando de un refugio provisorio. Ante la solicitud de anulación, el fiscal Rodríguez dijo que jurídicamente lo que corresponde es que el Órgano Jurisdiccional emita una resolución.

Sin embargo, lo correcto y procedente es "que se llegue a la fase de la sentencia para que el Tribunal de Sentencia emita un fallo jurisdiccional declarando probada o improbada la acusación o, en su defecto, condenarlos o absolverlos a imputados o acusados".

Agregó que el proseguir con la investigación "no es un capricho personal, se trata de una labor institucional, porque el Ministerio Público se rige bajo el principio de unidad, que quiere decir que un fiscal puede sustituir a otro y mantener la acusación como expresión institucional".

El 16 de abril de 2009 fueron asesinados tres extranjeros

El 16 de abril de 2009 se registró un hecho confuso en el hotel Las Américas de la capital cruceña, donde fueron asesinados Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; �rpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés, en un operativo realizado por la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

Esta operación fue justificada por el Gobierno que argumentó que los extranjeros respondían a intereses de sus opositores políticos de Santa Cruz y que planificaban un atentado en contra del presidente Evo Morales y el vicepresidente �lvaro García Linera.

Esta investigación, conocida como caso terrorismo, la encabezó el entonces fiscal Marcelo Soza. Bajo su gestión más de una treintena de personas han sido detenidas y otras, entre ellas el empresario Branko Marinkovic y el ganadero Guido Náyar, abandonaron el país al sostener que el Gobierno utilizó este caso para eliminar a la oposición.