Los alcaldes de las ciudades capitales del país exigen conversar con el presidente Luis Arce sobre la fuente de los recursos que requiere para financiar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que está contenido en la Ley 1407. Ayer sostuvieron una reunión virtual para tomar decisiones sobre las observaciones que surgieron sobre las posibles vulneraciones a las autonomías.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, explicó que en el encuentro se analizaron los informes sobre la Ley 1407 encargados a un grupo de expertos. Al menos dos artículos y la disposición final de la norma fueron observadas por el cumplimiento obligatorio del plan estatal y los plazos de hasta 180 días para que se adecúen todas las previsiones locales.
“Hemos coincidido en la urgencia de tener una reunión con el presidente para expresarle nuestras dudas. Queremos saber de dónde van a salir los recursos y si para financiar este plan se van a tocar las arcas municipales”, mencionó Arias, tras recordar que las alcaldías financian con un aporte del 10% de sus recursos la seguridad ciudadana y otros aspectos como la competencia de la salud.
Acerca de las observaciones constitucionales
Respecto a las observaciones constitucionales, la autoridad paceña señaló que no todos estuvieron de acuerdo en denunciar la inconstitucionalidad de la ley. “Este tema lo hemos dejado a cada alcalde”, complementó.
De hecho, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, envió hace dos semanas una carta al presidente Arce expresando sus observaciones a dos artículos de la norma que afectan al sistema autonómico contenido en el artículo 300 de la Carta Magna que instruye la coordinación entre los diferentes niveles del Estado, sin que esto implique obligatoriedad.
En contrapartida, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, junto a su colega de Economía, Marcelo Montenegro, y el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, sostuvieron un encuentro presencial con representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), precisamente, para descartar cualquier afectación constitucional con la aplicación del plan que diseñó el Ejecutivo para el quinquenio. Los representantes de los municipios adscritos a esa organización solicitaron asesoramiento, especialmente para adecuar los planes que proyectó cada municipio.
La FAM reúne a todos los alcaldes elegidos por el MAS, mientras que en la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) están las autoridades ediles de una fuerza política distinta, pero que representan al 70% de la población.
“Esta reunión ha demostrado claramente que bajo ningún concepto se está vulnerando las autonomías de las entidades territoriales autónomas”, señaló la ministra Mendoza y aseguró que el Gobierno sigue abierto a despejar dudas. Afirmó que invitó a las autoridades de la AMB para trabajar en la socialización de las normativas que están vigentes.
El presidente de la FAM, Enrique Leaño, destacó el encuentro y aseguró que los municipios “están listos” para trabajar en sus planes territoriales con miras al 2025.
En la otra vereda, Alfonso Lema, presidente de la AMB, observó “un fuerte componente político” del Plan de Desarrollo. “Se han reducido mucho a analizar el componente político del último año de crisis política y no han analizado otros temas que van más allá de los temas políticos”, señaló, como es el caso de la crisis sanitaria.
En todo caso, las alianzas de oposición Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) presentaron sendos proyectos de ley para que esta norma sea abrogada, aunque no cuentan con el voto mayoritario.
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