“Hay grupos irregulares actuando en la Provincia Guarayos”

El presidente del Comité Cívico de la Provincia Guarayos, Salvador Vaca, en entrevista con dat0s afirma que la Nación Guaraya y la Gran Chiquitania asumirán defensa de su territorio para expulsar a los avasalladores. “Somos más de los 500 encapuchados que han llegado a sembrar el terror a nuestro territorio”.

Hace unos días la Nación Originaria Guaraya y de la Gran Chiquitania celebró un Cabildo en la plaza mayor de Ascensión de Guarayos fijando posición sobre los avasallamientos en su territorio. La Provincia es una extensión fértil y productiva amenazada por grupos organizados que actúan con violencia. El Cabildo se declaró en estado de emergencia y vigilia permanente y ha concedido un plazo al Gobierno para que expulse a los invasores. A voz en cuello los participantes en el cabildo han contestado a viva voz “sí” cuando los caciques y jefes indígenas preguntaron: ¿están de acuerdo en que la mancomunidad chiquitana le dé un plazo máximo al Gobierno hasta el 30 de enero de 2023 para que viabilice y convoque a la comisión agraria departamental, como señala la ley INRA? ¿y que, en caso contrario el bloque chiquitano se reserve el derecho de asumir todas las acciones de hecho que sean necesarias?

Cabildo Guarayos

La entrevista con Salvador Vaca:

¿Qué significa que el Pueblo Guarayo se declare en emergencia, no es la primera vez y no pasó nada, la medida qué alcance tiene?

La declaratoria de emergencia y vigilia permanente declarada en nuestro cabildo es un grito de auxilio a nivel mundial, esto en razón  a la presencia confirmada de grupos irregulares armados que actúan con total impunidad en contra de productores de nuestra provincia, y de los pueblos chiquitanos, que se traducen en avasallamiento a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), a tierras fiscales disponibles y no disponibles, a nuestras reservas forestales, parques, planes de manejos forestales, a comunidades indígenas y campesinas nativas, así como  propiedades privadas, con destrucción de sembradíos, secuestro y tortura de trabajadores, hechos violentos cometidos por terroristas armados, con conocimiento de tácticas militares que están incrustados en la Central Única de Trabajadores Campesinos y los interculturales y que extrañamente al Gobierno central no le paree peligroso ni le incomoda, pues simplemente no ha hecho nada para proteger a la población y en especial al sector agrícola, quien brinda seguridad alimentaria en Bolivia.

Luego del Cabildo hay analistas que dicen que podría producirse un “guerra civil” ante el llamado a la autodefensa, ¿qué nos puede decir al respecto?

Confirmada la existencia y el actuar impune de milicias armadas en nuestra provincia, y la Gran Chiquitanía, y confirmada la inoperancia de la policía y de algunos operadores de justicia, al pueblo no le queda otra opción que ejercer su derecho legal a la legitima defensa en proporción a la agresión recibida, de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios del lugar. No podemos seguir contemplando que van contra las leyes, nos preguntamos: ¿estos delincuentes, criminales organizados y armados pueden violar todas las leyes, secuestrar, quemar, robar, destruir; acudir a la justicia para que después de años de retardación no se haga nada y el pueblo víctima de estos criminales no pueda ejercer su derecho a la legitima defensa si este derecho está en la ley, el pueblo está en condiciones de ejercerlo.

¿Cuántas propiedades han sido avasalladas en la provincia?

Solo en el sector ganadero de la Provincia Guarayos, se han denunciado 52 predios avasallados con las mismas características, violencia de grupos armados y encapuchados.

¿Poseen capacidad de resistencia para expulsar a los avasalladores, entendiendo que se trata de grupos violentos?

Según estimaciones, en la Provincia Guarayos estos grupos irregulares no pasan de 500 personas, es decir, en comparación con el número de habitantes de nuestro municipio y nuestra provincia son insignificantes, y el pueblo puede actuar en legítima defensa, una situación que el pueblo nunca buscó ni quiso.

Usted ha denunciado que los avasalladores son “milicias armadas” ¿qué lo lleva a señalar algo tan contundente, tiene pruebas de este hecho?

Son milicias armadas, se mueven como un ejército, saben de tácticas militares, poseen medios de comunicación avanzados y una red de informantes, que operan en todos los niveles e instituciones, están armados, han disparado contra personas y policías, en los predios El Encanto y Las Londras, solo por dar algún ejemplo, hechos donde incluso notarios, policías y periodistas fueron testigos. Aquí lo que llama la atención es que estos grupos irregulares armados al Gobierno no lo conmueve.

Hay autoridades en el propio Gobierno que han reconocido que puede ser que el narcotráfico este detrás de este movimiento, ¿es posible?

Deseo indicar primero que la violencia en contra de los predios privados se da especialmente en el Cantón Santa María y sobre la carretea al Beni o muy cerca, lo que significa que quieren convertir esta zona en un segundo Chapare, con control total sobre el área y las personas. De una forma u otra, esta red de traficantes de tierras, han tocado la puerta de las organizaciones Indígenas locales para dividirlas y debilitarlas, para que concedan tierras a cambio de algunas dadivas o algunos favores y nada para el pueblo Guarayo, como es el caso de la pretendida desafectación de la Reserva Forestal Guarayo, donde en última instancia, estos traficantes de tierra llevarían a sus bases.

Finalmente decir que la lucha por recuperar la tierra de los avasalladores y traficantes de tierra ya empezó, solo hay un resultado posible, este es la victoria del pueblo en contra de estos delincuentes, claro que no será fácil, pero se avanzará más rápido en la medida de que nos unamos todos en esta justa causa, la sociedad civil, las organizaciones indígenas y los operadores de justicia.

Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a la Revista dat0s digital  para continuar disfrutando del contenido exclusivo que tenemos para ofrecer.