Aduaneros y militares fueron obligados a firmar un acta para no incautar autos chutos

La Aduana Nacional confirmó la veracidad de un video en el cual se devela que funcionarios y militares fueron retenidos y obligados a firmar un acta de compromiso para no comisar vehículos indocumentados o “chutos” de comunarios de Calamarca, provincia Aroma, del departamento de La Paz. Además, la instancia estatal denunció que los funcionarios fueron golpeados y extorsionados.

En el video se puede observar a comunarios y personal de la Aduana en una reunión. Uno de los aduaneros toma la palabra y alega que la situación que muy delicada y nos les hubiera gustado llegar hasta esas comunidades; luego pasa a leer el acta de acuerdo.

“En acta de compromiso se determina que personal de la Aduana Nacional y personal del Ejército, se comprometen a no comisar vehículos sin registro, compañeros, de pobladores y comunarios del municipio de la cuarta sección de Calamarca, provincia Aroma, que está en movimiento o estacionados en sus carreteras, en sus chacras”, señaló un aduanero, según un video que circula en redes sociales.

Antonio Martínez, gerente regional de la Aduana La Paz, explicó el contexto de este caso que se registró el domingo, durante un operativo decomiso de un auto indocumentado.

“Y en lo que procede la intervención, el encargado del vehículo llama a mayor gente, vienen en vehículos, vienen a pie, y los compañeros que están haciendo su trabajo, cumpliendo con el control de este tipo de mercancías son interceptados, son llevados con violencia a una comunidad cercana y ahí incluso ellos han sido extorsionados”, indicó Martínez en entrevista con el programa Antes de Mediodía de radio Fides.

Agregó que incluso estaba en riesgo la vida de los funcionarios debido a que “fueron golpeados, amedrentados y extorsionados, pidiéndoles dinero a cambio de que, incluso los vehículos que son de propiedad institucional de la Aduana sean devueltos”.

Detalló que el hecho duró todo el día, los funcionarios tuvieron que recurrir a autoridades de una localidad cercana para que intercedan por su liberación.

Martínez dijo que en ese contexto y “fruto de esa presión, estando en riesgo su vida, por seguridad, entiendo que ahí les hacen redactar y firmar esta acta”.

Aclaró que los funcionarios son un grupo operativo y, en una situación normal, no podrían comprometer algo que está contra la norma.

Por su parte, Jhovana Cortez, responsable jurídica de la regional La Paz, confirmó las lesiones provocadas a personeros de la Aduana y el Ejército, por parte de los comunarios.

“Había dos situaciones que ver, y cómo dijo el gerente, han sido amenazados, golpeados. Las imágenes que mostramos son parte de las lesiones que han sufrido. Nuestros compañeros, en cumplimiento de su deber han sido amenazados y hay una persona detrás del compañero que está con su látigo, y todos sabemos qué significa el látigo”, refirió la jurista.

Acotó que “en consecuencia, al estar en peligro sus vidas al haber sido extorsionados, ellos han elaborado a su gusto este documento y todos sabemos que hay mucha multitud”.

Corte dijo que el caso es muy grave porque los retenidos o cumplían con las exigencias de los comunarios o simplemente eran linchados. Detalló que el documento fue elaborado por los mismos agresores.

La jurista dijo que el documento no tiene validez legal porque se dio en medio de amenazas y violencia. Remarcó que la prioridad en aquel momento era rescatar con vida a los funcionarios. Anunció que se tomarán las acciones legales que correspondan.

Los representantes de la Aduana mostraron las imágenes de los heridos y dijeron que alguno incluso tiene siete puntos en la cabeza.