EE.UU. defiende su campaña militar contra los cárteles mientras sus líderes se reúnen en el Caribe

• Una coalición regional se reunió como parte de un esfuerzo militar estadounidense para desarticular y combatir a los narcotraficantes que los funcionarios han comparado con la campaña contra el Estado Islámico y Al Qaeda.
• Los líderes latinoamericanos de la coalición se enfrentan a presiones contrapuestas: por un lado, cooperar con la administración Trump y, por otro, proteger a sus ciudadanos y su soberanía, en una región marcada por una larga y sangrienta historia de intervención estadounidense.

El gobierno de Trump insistió en su necesidad de utilizar más fuerza militar para combatir a los narcotraficantes, mientras funcionarios de defensa de toda América Latina y el Caribe se reunían el martes para revisar un amplio plan para desmantelar las redes de tráfico transnacional.

Los líderes se reunieron en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, para un foro de la Coalición Americana contra los Cárteles, un grupo de 19 naciones liderado por Estados Unidos que subraya el creciente interés del gobierno en los temas de seguridad en el hemisferio occidental.

Esta coalición forma parte de una nueva iniciativa militar estadounidense para desarticular y combatir a las organizaciones de narcotráfico, que las autoridades han comparado con la campaña contra el grupo Estado Islámico y Al Qaeda.

«No se equivoquen sobre la naturaleza de nuestro enemigo», dijo Eric J. Geressy, asesor principal del secretario de Defensa Pete Hegseth, en su discurso de apertura.

«Los cárteles transnacionales son organizaciones extremistas violentas».

La reunión de la coalición, la primera desde agosto, se produce en un momento en que la administración Trump está presionando a los líderes de toda la región para que aumenten sus ofensivas militares contra los grupos de narcotráfico y permitan operaciones conjuntas con Estados Unidos.

El máximo comandante militar estadounidense para la mayor parte de América Latina, el general Francis L. Donovan, quien asistió al evento, ha dicho que Estados Unidos planea ampliar las operaciones, pasando de los ataques contra embarcaciones a los ataques terrestres.

El Pentágono ha trasladado recientemente varios drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador, y está desplegando a varios cientos de soldados del Ejército para entrenar y realizar ejercicios con las fuerzas locales en Colombia, Honduras y otros países de América Latina.

Las declaraciones de Geressy se centraron en denunciar los desafíos a la estrategia militar estadounidense en América Latina bajo la presidencia de Donald Trump y en defender el historial reciente de las fuerzas armadas en cuanto al respeto al derecho internacional humanitario.

Presentó las preocupaciones sobre la estrategia del gobierno —expresadas por expertos legales y miembros del Congreso— como un origen de los propios cárteles.

“Los cárteles saben que no pueden superar en potencia de fuego a nuestros grupos de acción terrestre combinados ni en maniobrabilidad a nuestros recursos aéreos y de interdicción.

Por eso, intentan paralizar nuestro proceso de toma de decisiones”, declaró Geressy, sargento mayor retirado del Ejército con amplia experiencia en Latinoamérica. “Financian y dirigen ONG”, añadió, refiriéndose a las organizaciones no gubernamentales.

“Presentan denuncias falsas de violaciones de derechos humanos”.

Continuó diciendo: “Quieren frenar nuestro ritmo operativo desde los tribunales porque no pueden sobrevivir en el campo de batalla”.

Críticas

El ejército estadounidense ha recibido duras críticas por su campaña de bombardeos contra embarcaciones que, según afirma, traficaban con drogas.

En 72 ataques aéreos se han producido al menos 244 muertos en aguas de la región.

El ataque más reciente tuvo lugar el martes en el Pacífico Oriental y dejó cinco muertos, según informó el Comando Sur del ejército estadounidense en una publicación en redes sociales.

La administración Trump no ha presentado pruebas que demuestren que las embarcaciones transportaban drogas, y numerosos abogados han calificado los ataques de ilegales, ya que las fuerzas armadas no pueden atacar deliberadamente a civiles que no participan directamente en las hostilidades, incluso si están infringiendo la ley.

El narcotráfico, argumentan, no constituye una forma de hostilidad.

Una investigación de The New York Times también reveló que el ejército ecuatoriano, en una operación conjunta con Estados Unidos en marzo, en realidad atacó una granja lechera en lugar de un campo de entrenamiento de narcotraficantes.
Geressy afirmó que Estados Unidos opera “con reglas de enfrentamiento rigurosas, verificación precisa de objetivos y absoluta responsabilidad de mando”.

Aseguró a las naciones presentes que el Departamento de Estado estaba estableciendo “sólidas garantías legales bilaterales” para protegerlas de posibles impugnaciones legales relacionadas con operaciones militares.

Desde agosto, funcionarios estadounidenses y regionales se han comprometido a colaborar más estrechamente para combatir a los delincuentes que llevan a cabo actividades financieras, logísticas y de otro tipo de las que dependen los cárteles.

En la reunión del martes, los líderes militares dieron el siguiente paso concreto.

Revisaron, como preparación para su aprobación final, un plan militar detallado que Donovan, un general del Cuerpo de Marines con amplia experiencia en la lucha contra el grupo Estado Islámico y Al Qaeda, y su equipo han desarrollado.

Este denominado plan de campaña, un documento clasificado que los líderes militares no describieron en detalle, describe una estrategia operativa a largo plazo y un plan maestro sobre cómo los miembros de la coalición se organizarán y asignarán responsabilidades, según informó el Comando Sur en un comunicado en el que anunciaba el foro.

El ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, declaró que el plan estaría vigente hasta 2031.

Los líderes latinoamericanos de la coalición se enfrentan a presiones contrapuestas: por un lado, cooperar con la administración Trump y, por otro, proteger a sus ciudadanos y su soberanía, en una región marcada por una larga y sangrienta historia de intervención estadounidense.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, abordó ambas preocupaciones en su discurso de apertura.
«El crimen organizado dejó de ser hace mucho tiempo un problema exclusivamente nacional», afirmó. «Sus redes trascienden fronteras».

Al describir a la República Dominicana como una nación cuya seguridad está estrechamente ligada a la de sus vecinos, afirmó que su gobierno está comprometido a participar en el esfuerzo internacional, pero subrayó el beneficio que esto supone para sus ciudadanos.

“Detrás de cada una de estas amenazas se esconde una realidad profundamente humana”, afirmó.

“Hay familias que pierden a sus hijos por las drogas. Hay comunidades que viven con miedo”.

Continuó: “Por eso, defender la seguridad no se trata solo de combatir el crimen. Se trata, sobre todo, de defender la libertad de nuestro pueblo para vivir sin miedo”.

Postura

Si bien un puñado de países han accedido a permitir ataques conjuntos en su territorio —entre ellos Ecuador, Colombia, Guatemala y Honduras—, la República Dominicana no ha anunciado oficialmente que vaya a permitir tales operaciones.

El año pasado, las autoridades dominicanas acordaron permitir que las fuerzas estadounidenses operaran en zonas restringidas, incluyendo el acceso de aeronaves a una base conectada al aeropuerto internacional, como parte de los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico.

Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, declaró en el foro que cada miembro de la coalición actuaría de acuerdo con sus propias leyes y prioridades.

«No le pedimos a ningún país que renuncie a su soberanía», añadió.

«Les pedimos a todos que la defiendan, y que lo hagan juntos».

c.2026 The New York Times Company