EEUU cambia la postura de aplicar un impuesto mínimo a las ganancias a las corporaciones más grandes del planeta por temor a poner a sus empresas en desventaja competitiva.
Hace un par de años, empujados por las millonarias ganancias de las grandes corporaciones, sobre todo las que actúan en el campo del desarrollo tecnológico, el grupo del G7, integrado por las naciones más poderosas del planeta, había planteado generar impuestos para una mejor distribución de los ingresos como justa compensación a la notoria disparidad de las ganancias. El tema en agenda ganó de inmediato el debate y muchos países del G7 dispusieron incluir en su legislación el trazo de un nuevo diseño.
El ganador del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz tiene sus quejas sobre que la discusión no lleva a ninguna parte. Afirma que, a dos años del acuerdo innovador para repartir los impuestos sobre las ganancias de las corporaciones multinacionales, puede que el acuerdo se éste erosionando.
Stiglitz explica que “al establecer una tasa impositiva mínima global del 15% que las empresas tendrían que pagar dondequiera que operen, el acuerdo tenía como objetivo tanto disuadir el traslado de ganancias a través de paraísos fiscales como limitar las políticas de empobrecimiento del vecino para atraer inversión extranjera”.
También introdujo un impuesto adicional sobre “alrededor de 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo en países de todo el mundo, asegurando que estas (empresas) paguen una parte justa de impuestos dondequiera que operen y generen ganancias”. El objetivo era obligar a los gigantes tecnológicos como Amazon y Google a pagar más impuestos a los países en función de dónde se vendan sus bienes o servicios, independientemente de si mantienen una presencia física allí.
“Pero el consenso detrás del acuerdo parece estar erosionándose. Si bien la Unión Europea y otros miembros de la OCDE comenzaron a implementar el impuesto mínimo global acordado, el Congreso de los EEUU rechazó este enfoque el año pasado por temor a poner a las empresas estadounidenses en una desventaja competitiva.
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Bajo la Ley de Reducción de la Inflación, los Estados Unidos optó en cambio por un impuesto mínimo alternativo del 15% sobre las empresas que registran más de mil millones de dólares en ingresos durante tres años consecutivos, un criterio que se aplica solo a una pequeña cohorte de multinacionales estadounidenses.