Los retos que deberá afrontar el próximo gobierno de Guatemala

Guatemala arrastra décadas de corrupción, violencia y pobreza a las que ningún presidente supo aportar una solución. Es más, los últimos ataques contra el Estado de derecho han dejado a la democracia guatemalteca pendiendo de un hilo. Por lo que los ciudadanos depositan su esperanza de un cambio en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 20 de agosto. Gane quien gane, ¿qué desafíos enfrentará el próximo líder guatemalteco?

Guatemala elegirá el 20 de agosto al próximo capitán de su barco. Sin embargo, esa segunda vuelta llega mientras el sistema democrático del país navega por aguas turbulentas, con dudas sobre la legitimidad del poder judicial, así como altos niveles de violencia, pobreza y corrupción. ¿Qué rumbo deberá tomar el próximo presidente de Guatemala para mantener el país a flote y evitar un naufragio?

El 25 de junio, la ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en dos ocasiones anteriores, encabezó los resultados de la primera vuelta. Se enfrentará a Bernardo Arévalo, a pesar de los intentos del Ministerio Público por suspender al Movimiento Semilla. El candidato se autodefine como progresista y socialdemócrata, muy lejos del ideario de las élites empresariales de Guatemala.

Primer desafío: recuperar la confianza del pueblo guatemalteco

En una nación donde las avenidas de la corrupción se han fortalecido más que las carreteras del territorio, el principal reto para quienquiera que quede presidente, será ganarse la confianza de la ciudadanía. Porque si bien una grave crisis de confianza institucional se registra en el país desde hace varios mandatos presidenciales, ésta se avivó con el último gobierno.

Una encuesta de este año indica que solo el 16% de los guatemaltecos confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que la credibilidad en los partidos políticos es de 10%, y en la Presidencia de 7%.

Una desilusión que también se pudo evidenciar en las urnas el 25 de junio. La opción que consiguió más votantes no fue Sandra Torres, sino el voto nulo con el 17%; frente al 4,1% que prefirieron invalidar su voto en 2019. Esta apatía electoral muestra el hartazgo de la población hacia su clase política, azuzado por sospechas de que esas elecciones fueran amañadas.

Meses antes de la primera vuelta, ya se hablaba en las redes sociales y en la calle de un supuesto fraude electoral, que no necesariamente iba a comenzar el 25 de junio, sino que se habría planificado desde la cancelación de las nominaciones de ciertos candidatos por el Tribunal Supremo Electoral. Los postulantes expulsados fueron Thelma Cabrera, una líder maya de izquierdista; Roberto Arzú, el derechista conservador de Podemos; y Carlos Pineda, un empresario que se hizo muy popular en redes como TikTok. Todos representando propuestas alejadas del oficialismo.

Así que la cruzada judicial contra el candidato progresista Bernardo Arévalo y la revisión del escrutinio, que ordenó la sala constitucional, sólo vinieron agregar incertidumbre a un proceso electoral ya marcado por la controversia.

En medio de ese panorama, es imposible explicar la crisis de confianza que atraviesa la democracia guatemalteca sin mencionar aquello que corroe sus instituciones: la corrupción. La lucha contra ese flagelo sufrió en 2019 un retroceso con el fin de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), un ente avalado por la ONU que investigó múltiples sonados casos de corrupción.

La necesidad de una reforma del aparato estatal

En una entrevista con France 24, Hugo Maul, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, recordó cómo la salida de la Cicig pudo alimentar esa crisis de confianza: “Esta institución descubrió casos muy graves de corrupción. Y de repente sale del país… En términos de imagen, es una mala señal que provoca dudas importantes en cualquier persona”.

Dudas también reforzadas por las decisiones de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien, según denuncian los observadores internacionales, ha utilizado su mandato para obstaculizar las investigaciones en casos de corrupción que implican a políticos de alto rango. Hoy, al menos seis periodistas guatemaltecos y dos docenas de operadores de justicia están exiliados.

Frente a esas denuncias, el próximo gobierno de Guatemala tendrá que “reconstruir el aparato estatal”, explica el experto del Cien. “En el país, hay un consenso hacia la necesidad de una reforma. El problema ha sido cómo llevarla a cabo”, asegura.

Sin embargo, Maul advierte sobre los discursos tentadores que se multiplicaron durante la campaña electoral “de meter a todos los corruptos a la cárcel”. Según señala, “el combate a la corrupción sí se debe intensificar, pero no únicamente por vías del castigo. Porque el riesgo es que cualquier partido que llegue a la Presidencia decida encarcelar a los funcionarios que le convenga. Así no estarían erradicando al principal de los males, que reside dentro del sector público, donde existe reglamentos y disposiciones que permitan la corrupción”.

Entre las grandes asignaturas que se deben incluir en la agenda del próximo mandato presidencial también figura la economía. Los resultados de la Encuesta Libre 2023 señalan que a la tercera parte de la población guatemalteca le agobia el deterioro de la situación económica en el país.

Pobreza, desnutrición y cambio climático

Guatemala vive una constante paradoja. Aunque su economía sea la más grande de Centroamérica -incluso por encima de potencias regionales como Costa Rica y Panamá- 10,3 millones de sus 17,6 millones de habitantes viven en la pobreza, según cifras oficiales.

La crítica de muchos expertos es que las políticas de progreso económico tienden a beneficiar únicamente a los estratos más ricos de la población. En ese contexto, los pueblos indígenas denuncian que continúan siendo marginados del desarrollo.

Para Maul, si los programas del gobierno para el beneficio económico de la población se quedan cortos “no es por falta de recursos, sino por falta de state capacity, la capacidad del gobierno para dar resultados. El Estado tiene propuestas, y se miran muy bonitas en la teoría; pero en la práctica no se alcanzan los objetivos”.

Entre las consecuencias de este panorama económico está la desnutrición crónica, que afecta en el país centroamericano a casi la mitad de los niños menores de cinco años, la tasa más alta de América Latina.

La situación no es mejor en el caso del precio de varios productos de la canasta básica que incrementaron en Guatemala en 2022, debido, en gran parte, a la inflación registrada por la guerra en Ucrania. El maíz y los fertilizantes, por ejemplo, han duplicado y triplicado su precio.

La campaña electoral llevó cierto alivio a algunas comunidades en condición de pobreza, con partidos políticos regalando víveres o dinero. Pero la inseguridad alimentaria del país también se ve agravada por los efectos del cambio climático.

Altas temperaturas, sequías, cambios en los patrones de las precipitaciones, eventos climáticos extremos, inundaciones, entre muchos otros fenómenos, causan pérdidas en los cultivos de maíz y frijol, fundamentales para la subsistencia de la mayor parte de las familias rurales. Así, actuar frente a escenarios catastróficos es una tarea prioritaria para el futuro presidente.

“Lo primero, es tomar conciencia de que somos una región vulnerable al cambio climático. Y de ahí, invertir en infraestructura bien hecha, pensar en obras que resistan los efectos del cambio climático”, apunta el economista Maul. El experto también menciona como asunto crucial la garantía del uso de agua para todos.

La extorsión como pan de cada día

Otro gran pendiente que espera el futuro líder de Guatemala es enfrentarse a la violencia criminal. En el país, los homicidios comenzaron a subir durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, luego de una temporada de 11 años en los que estos habían venido descendiendo, según estadísticas oficiales.

En Guatemala, como en el resto de los países que forman el Triángulo del Norte, el actuar de las pandillas se ha convertido en un grave problema social. Según explica Carlos Menocal, exministro de Gobernación y analista, “las pandillas han girado su actividad hacia la extorsión, sobre todo en las áreas marginales. En los barrios populares, la extorsión es el pan de cada día. Hoy, esas prácticas están ahorcando a los guatemaltecos, porque la pandemia ha provocado que un gran número de personas pase al sector informal. Por lo tanto, son más sujetas a ser extorsionadas”.

Sin embargo, en conversación con France 24, el exfuncionario matiza: “En Guatemala, muchos acostumbran a endosar la mayoría de los crímenes a las pandillas; cuando en realidad también hay estructuras de sicariato y dos de cada diez asesinatos ocurren por delincuencia común“.

Por lo tanto, el experto duda del éxito en Guatemala de una réplica del modelo salvadoreño de “mano dura”, impulsado por el presidente Nayib Bukele. Un discurso que fue adoptado por buena parte de los candidatos presidenciales durante la campaña electoral: prometían imitar a su vecino, con más cárceles y una militarización del territorio.

Las fuerzas de seguridad no son ajenas a la corrupción

Menocal prefiere apuntar a un fortalecimiento del modelo de investigación criminal: “Durante el mandato de Alejandro Giammattei no hubo esfuerzos para fortalecer la investigación criminal. En cambio, la propuesta de reforma policial fue desmantelada. Hoy, hay una presencia muy fuerte de la corrupción en la policía nacional civil, debido a que evidentemente ese Gobierno ha descuidado las fuerzas de seguridad”.

Otra violencia, aunque estadísticamente mucho menos visible, es la de género. En Guatemala asesinan a una mujer al menos cada día, según Menocal, “por una ausencia de atención integral por parte del Estado”. El experto asegura que “hay mujeres que presentan sus denuncias de abusos, violencia intrafamiliar pero no son atendidas y esas mujeres terminan en los números de feminicidios”.

La violencia de género es uno de los factores que llevan a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ a huir de sus hogares en Guatemala, señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un informe de finales de 2021.

Y es que la migración también tendrá que ser un tema central para el próximo gobierno. Según WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Guatemala es uno de los principales orígenes de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Guatemala: país de origen, tránsito y refugio para los migrantes

La violencia y la pobreza, la falta de oportunidades para salir adelante en sus comunidades, la atracción de las remesas y la existencia de fuertes redes sociales que facilitan la migración, siguen siendo las principales causas de que cientos y miles de guatemaltecos migren a Estados Unidos.

En declaraciones a France 24, Sanne Biesmans, encargada de comunicaciones para ACNUR, insistió en que la necesidad de “abordar las causas fundamentales de la migración, implementando soluciones duraderas que promuevan el desarrollo socioeconómico, la educación, la seguridad y el acceso a servicios básicos”.

También, en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala para reducir la migración irregular, la vocera de ACNUR recordó la “implementación del Programa de Movilidad Segura”. La plataforma digital, lanzada en su fase piloto en junio, pretende revisar la elegibilidad para programas de admisión de refugiados y humanitarios en Estados Unidos a ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Además, la trabajadora de ACNUR concluye: “El número de personas que solicitan protección internacional en Guatemala ha aumentado progresivamente en los últimos años. Esto significa que Guatemala no es únicamente un país de tránsito para las personas en contextos de movilidad humana, sino también un país de destino para aquellas con necesidades de protección internacional”.

Por lo que el reto del próximo presidente de Guatemala será no solamente mejorar las condiciones de seguridad y generar empleo para contener la migración de su población; sino también asegurar a los ciudadanos extranjeros en situación de movilidad un paso y refugio seguros.