En medio de la crisis económica que afecta a Bolivia, las mujeres del país exigen protección de los recursos destinados a la prevención y atención temprana de la violencia de género.
Martha Noya Laguna, presidenta de la Red de Lucha Contra la Violencia de Chuquisaca, alerta sobre los riesgos asociados con la reducción de los fondos municipales asignados para la atención de las víctimas de violencia, así como para las víctimas colaterales como los huérfanos del feminicidio.
En particular, Noya Laguna destaca la importancia de mantener los fondos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los cuales están legalmente asignados a este fin. Ante una reducción considerable de estos fondos, sugiere que se compense esta partida con aportes del Tesoro General de la Nación (TGN).
“Nuestros presupuestos ya son muy limitados; lo que realmente debería ser recortado es la burocracia que no contribuye a planes de desarrollo efectivos”, declara Noya Laguna, subrayando la necesidad de invertir en desarrollo humano y en medidas de prevención técnica para abordar de manera eficaz la violencia de género.
Además, Noya Laguna hace hincapié en que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, no debe ser trivializado con obsequios superficiales, sino que debe ser un momento de reflexión para que las instituciones y organismos tomen conciencia de la urgencia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
“Lamentablemente, la fiscalía rechaza numerosas denuncias de violencia psicológica debido a la falta de pruebas”, agrega Noya Laguna, destacando que los recortes presupuestarios impactan directamente en los programas de desarrollo social y en la capacidad de respuesta ante la violencia de género.
En un país donde los índices de feminicidios e infanticidios son alarmantes, con 12 feminicidios registrados en los primeros dos meses del 2024 y 81 feminicidios y 25 infanticidios en el año 2023, es fundamental asegurar la asignación de recursos adecuados para la prevención y atención de la violencia.
El llamado de las mujeres bolivianas es claro: en tiempos de crisis económica, no se puede permitir que los recortes presupuestarios comprometan la seguridad y el bienestar de las víctimas de violencia de género. Es esencial priorizar la protección de este sector vulnerable y cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 348 para garantizar una vida libre de violencia.
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