Exministro José Luis Parada fue condenado a ocho años de cárcel por caso del crédito del FMI

La exautoridad del gobierno de Jeanine Añez, fue sentenciada por participar en la gestión irregular de un crédito del FMI.

El Tribunal 6º de Sentencia Penal, Anticorrupción de La Paz dictó una sentencia condenatoria contra el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, imponiéndole una pena de ocho años de cárcel por su participación en la gestión irregular de un crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que se dicte una sentencia que la exautoridad del gobierno de Jeanine Añez deberá cumplir en el penal de San Pedro de La Paz.

En el fallo también se declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, quien recibió una condena de cinco años de cárcel, y a Walter Erik Guzmán Tordoya, sentenciado a un año de reclusión. En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal.

Los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, establecido en el Artículo 153 del Código Penal; incumplimiento de deberes, en el artículo 154 de la misma norma; contratos lesivos al Estado, señalado en el artículo 221 y conducta económica antieconómica, en el artículo 224.

Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG (aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses), bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Economía y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el marco legal vigente.

La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Ricardo Condori.