Amnistía Internacional: Seis farmacéuticas “avivan una crisis de derechos humanos sin precedentes”

Seis empresas tienen el control mayoritario del suministro de vacunas contra la covid-19 y alimentan una “crisis de derechos humanos sin precedentes” puesto que no aceptan compartir sus derechos de propiedad intelectual ni su tecnología para la elaboración de las mismas, además de estar priorizando la venta de dosis a los países ricos.

Así lo denuncia Amnistía Internacional en el informe Una doble dosis de desigualdad. Los laboratorios farmacéuticos y la crisis de las vacunas contra la covid-19, publicado este miércoles 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la cumbre global sobre la pandemia organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Gracias al aumento de la vacunación, el número de muertes y las medidas de confinamiento se redujeron considerablemente en Europa, Estados Unidos y otros pocos países del mundo desde el inicio del verano septentrional.

Desigual distribución de dosis

Al mismo tiempo que los residentes en estos países disfrutaban de unas vacaciones estivales, en África, Asia y algunas regiones de América Latina, la pandemia ha continuado socavando los sistemas de salud ya debilitados y cobrándose la vida de decenas de miles de personas que podrían haberse salvado con una campaña de vacunación más equitativa a nível mundial, advierte Agnès Callarmard, Secretaria General de Amnistía Internacional.

“Mientras que en Europa ya estamos vacunando a los niños, en muchos de los países con bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario ni las personas de riesgo están vacunadas”, declara Callamard.

De acuerdo con las estadísticas del portal Our World in Data, de la Universidad de Oxford, solo un 2% de la población de los países de bajos ingresos ha recibido las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que la media global asciende a 43,7%.

En concreto, los países más avanzados en la vacunación son Emiratos Árabes, Portugal, España, Singapur o Uruguay que ya superan o rondan el 80% de la población con la pauta completa. En el lado más desfavorecido de la balanza de la inmunización está República Democrática del Congo (con 0,04% de los habitantes vacunados), Yemen (0,05%), Haití (0,16%), Benín (0,17%), Chad (0,15%), República Centro-Africana (0,20%) o Papúa Nueva Guinea (0,44%), según los datos con fecha de 22 de septiembre.

“Es difícil encontrar una solución viable frente a una violación masiva de los derechos humanos; existen guerras, conflictos, etc., pero en el caso actual de la pandemia tenemos una solución muy clara y factible capaz de evitar millones de muertes: la vacunación mundial”, explica Callamard. Y añade: “La solución está en las manos de las farmacéuticas, de los gobiernos, y no está siendo llevada a cabo: se trata de la mayor injusticia de nuestro decenio”.

Amnistía denuncia en su informe la desigual distribución de las dosis en el mundo a partir del análisis de la actividad de fabricación de las vacunas de seis laboratorios: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, BioNTech y Novavax (que todavía no ha recibido la autorización reglamentaria para que sus dosis puedan ser utilizadas). El estudio excluye los fabricantes rusos y chinos por considerar que existe falta de transparencia de sus actividades.

Crisis provocada por la desigual redistribución de vacunas

Los analistas de Airfinity alertaron de que los países del G-7 poseen 1.000 millones más vacunas de las que necesitarán hasta finales de año, y 10% de ellas caducarán en ese tiempo, por lo que necesitan ser redistribuidas urgentemente para no ser desperdiciadas.

Ante la previsible distribución desigual de las dosis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en abril de este año el plan global COVAX que prometía la distribución de más de 2.000 millones de dosis antes de que acabase 2021, principalmente entre países de medios y bajos ingresos. No obstante, hasta inicios de septiembre, a cuatro meses de cumplir el plazo estipulado, solo se habían entregado 243 millones, un 12,15% de lo prometido, según informa Amnistía. Por eso, pide a los fabricantes señalados que entreguen 2.000 millones de vacunas a las naciones sin recursos.

La gran mayoría de la producción de estas seis empresas y laboratorios farmacéuticos está siendo vendida a los países ricos. Solo 8% de la producción de Pfizer/BioNTech y 3,4% de Moderna están destinadas al plan COVAX y la mayoría de las dosis prometidas solo serán entregadas en 2022, “mucho después de que la mayoría de las regiones de bajos ingresos hayan sufrido los estragos de las nuevas olas mortales de covid-19”, denuncia la ONG en el informe.

Johnson & Johnson pretende distribuir la mitad de su producción entre el COVAX y la Unión Africana, pero hasta ahora, sus ventas también continúan concentradas en los países más prósperos. Solo AstraZeneca ha distribuido un tercio de sus dosis producidas en países de ingresos bajos y medios.

La Secretaria General de Amnistía explica que la única forma de parar la actual pandemia es asegurar que toda la población tenga acceso a los remedios contra la covid-19; y actualmente, la única prevención es la vacuna. Es por ello que la organización recomienda que al menos la mitad de las dosis producidas por los laboratorios farmacéuticos se vendan a los países más empobrecidos a precio de fabricación.

“La política de los países ricos no tiene sentido puesto que la lucha contra la pandemia tiene que hacerse a nivel internacional, de lo contrario, pueden surgir nuevas mutaciones”, declara Callamard, que además añade la dificultad de la retomada de la economía global así como la amenaza a la vida y a la dignidad humana resultantes de la desigualdad en la distribución de vacunas.

Las fabricantes de vacunas rechazan compartir los medios de producción

“Es un escándalo, estas empresas están condenando a millones de personas a la muerte porque impiden la multiplicación de los centros de producción y provocan la escasez de vacunas”, expresa Callamard. Según Amnistía, los laboratorios responsables por las actuales dosis de inmunización contra la covid-19 atentan contra los derechos fundamentales cuando deciden no compartir su propiedad intelectual y tecnología.

Si bien AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer y BioNTech publicaron políticas de respeto a los derechos humanos acordes a las normas generales de conducta para las empresas establecidas por Naciones Unidas y por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “existe un abismo inmenso entre sus discursos y la realidad”, exponen los autores del informe. En el caso de la actual pandemia, los laboratorios que están produciendo las vacunas tienen la responsabilidad de que estas dosis cumplan los estándares de calidad y estén disponibles, accesibles y asequibles, sin obstaculizar de ninguna forma la capacidad de los Estados para conseguir vacunar a la población, afirma Amnistía.

“Las farmacéuticas son enormemente responsables de los desastres actuales resultantes de la covid-19, no están haciendo ningún esfuerzo para ayudar a los países con menos recursos”, declara Callamard, que considera que aunque fuese solo por conciencia las farmacéuticas deberían liberar las patentes. Ninguna de las seis empresas analizadas por Amnistía ha aceptado, hasta el día de hoy, participar en las iniciativas internacionales para compartir sus conocimientos y multiplicar la velocidad de la producción de vacunas, como el C-TAP de la OMS.

AstraZeneca es la única que ha dado un paso al frente en la división de los medios de producción de la vacuna, aunque de forma unilateral y contornando las propuestas de cooperación científica global de la OMS. El grupo farmacéutico sueco-británico afirma que ha compartido su tecnología y sus conocimientos con más de 20 laboratorios asociados en 15 países diferentes, de los cuales ya hay acuerdos de sub-licencias de producción de vacunas en Brasil, China, India y Rusia.

El lucro económico de unos pocos en momentos de pandemia

En cuanto a los valores de la venta de las dosis producidas, AstraZeneca y Johnson & Johnson son las dos empresas con los precios más bajos. Los precios más altos son los de las dosis de Pfizer/BioNTech y Moderna, quienes recibirán 110 millones de euros (130 millones de dólares estadounidenses) por las ventas de la vacuna contra la covid-19 para el periodo 2021/2022, según las proyecciones de Airfinity, compañía de estudos científicos, recogidas por Amnistía.

Airfinity también anunció a inicios de septiembre que los países europeos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón tienen un excedente para este mes de 500 millones de dosis de la vacuna que podrían redistribuir. De esta forma, los gobiernos de los países con mayores ingresos que acapararon desde el inicio una buena parte de las dosis producidas también tienen parte de responsabilidad. Incluso algunos gobernantes intentaron obtener rédito económico de la pandemia con supuestas negociaciones corruptas, como es el caso de Brasil y las negociaciones fallidas de compra de vacunas de Covaxin.

Amnistía reparte culpas y apunta también a los inversores que han financiado buena parte de la producción de las vacunas, la mayoría bancos y gestores de activos con base en Estados Unidos. Amnistía ha identificado el movimiento de 213.000 millones de euros (250.000 millones de dólares) destinados a financiar los laboratorios que han desarrollado una vacuna contra la covid-19.

Entre ellos, se destacan Vanguard Group y BlackRock Inc., que han invertido 56.000 millones y 52.000 millones de euros respectivamente (66.000 millones y 62.000 millones de dólares). El total de los diez inversores más influyentes identificados por Amnistía son detentores de un tercio aproximadamente de las empresas productoras de vacunas analizadas.

“El lucro no debería jamas ser prioritario a las vidas humanas”, declara Callamard, que subraya la importancia de la movilización de la sociedad civil que no desee ser complice del nacionalismo de las vacunas. “A las farmacéuticas no les importa que continúe la pandemia y la multiplicación de variantes de la covid-19, esto supone más vacunas y más dinero, pero nosotros, la población, no podemos permitir que nuestros gobiernos violen masivamente los derechos humanos de las personas más empobrecidas: la redistribución es urgente”, concluye.