El rol femenino en el conflicto del TIPNIS

Entre muchas de las características ideológicas que componen el Gobierno del presidente Evo Morales, hay aquella relacionada con la equidad de género en espacios de poder socio-político compartido. Una prueba es la distribución en el gabinete ministerial con el 50% de participación femenina, visión que determinó no sólo una actitud más justa hacia el complemento femenino en cuanto a decisiones políticas nacionales, sino que transmitió un ejemplo de respeto, convivencia, concertación y diálogo entre hombres y mujeres en los demás ámbitos de la sociedad nacional. En este y muchos otros sentidos, la cosmovisión indígena originaria determinaría la complementariedad de opuestos en el chachawarmi, elemento rescatado y pronunciado reiteradamente en los discursos socialistas revolucionarios de Evo y su entorno gubernamental.

Sin embargo, los intentos discursivos y prácticos de hacer ver al MAS como un partido político “progresista” en términos de equidad de género pueden ser cuestionados con la violenta represión policial del 25 de septiembre contra la Marcha Indígena en la localidad de Yucumo. Los marchistas reclamaban el derecho a la consulta previa y la inmediata suspensión de la construcción del segundo tramo de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS). Según ellos, proyecto de desarrollo atentatorio contra su territorio y modo de vida ancestral.

Dicha represión, transmitida y presenciada por periodistas, académicos, activistas ambientales y de Derechos Humanos, hace gala de agresivas maniobras policiales contra mujeres (en estado de gestación o no), madres, y pequeños niños y niñas, de los cuales se tuvo registro que fueron abandonados debido a las ilegales detenciones de sus progenitoras, y que tuvieron que escapar al monte para salvaguardar su vida de la brutal arremetida policial.

Indistintamente del género y la función familiar o social que puedan cumplir estas mujeres indígenas, las detenciones fueron muy violentas. Ellas fueron maniatadas con cintas adhesivas, puestas boca abajo, arrastradas y amordazadas por la boca una vez reducidas por los efectivos policiales, como lo mostraron las imágenes con la dirigente Yubanure. Después de presenciar estos abusos las preguntas que hay que hacerse son: ¿cuáles los alcances políticos y sociales del reivindicado chachawarmi o complementariedad de género? ¿Hace el Gobierno de Evo Morales distinción entre dos grupos de mujeres, las que deban ser respetadas y premiadas con poder, y otras perseguidas y reprimidas por cuestionarlo? Las contradicciones son obvias. Más allá de los hechos violentos que caracterizaron esta marcha pacífica compuesta por mujeres, niños y niñas en defensa de sus derechos (composición orgánica indígena que se evidencio desde la Marcha por el Territorio y  Dignidad de 1990), la indignación del conjunto de la sociedad civil boliviana fue tan grande que incluso algunas mujeres en función de Gobierno renunciaron a sus funciones en solidaridad con las madres y familias reprimidas por órdenes de autoridades del Estado Plurinacional.

Independientemente de particularidades políticas o privadas, las cartas de dimisión irrevocables presentadas por la ex ministra de Defensa (Cecilia Chacón) y por la ex directora de Migración (María René Quiroga), así como las disculpas públicas de la representante de las esposas de los policías (Guadalupe Cárdenas), son actos simbólicos de valentía dirigidos contra la cúpula oficialista y su estructura vertical de mando. Establece además que la verdadera concepción de equidad de género y complementariedad de opuestos no se alcanza únicamente a través de slogans y medidas políticas de impacto de la mujer ocupando cargos jerárquicos, sino fundamentalmente a través del respeto de la vida y sus derechos.

Por otro lado, se advirtió un total hermetismo mediático de las mujeres que conforman el núcleo vigoroso y central en la construcción del llamado “proceso de cambio”.  Las máximas representantes de organizaciones como la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, se limitaron en repetir el mismo estribillo de que los marchistas estaban financiados por la derecha. Otro ejemplo llamativo es el de la máxima dirigente del MAS en el Chapare Leonilda Zurita, que no pronunció una sola palabra en solidaridad con sus “hermanas” indígenas victimadas durante la represión policial. No se puede soslayar que esta dirigente tiene una constelación social económicamente afín a los campesinos y colonizadores productores de hoja de coca en todo el país (incluido colonizadores dentro del TIPNIS).  Una semana después de los lamentables sucesos de Yucumo, el presidente Morales se trasladó al Chapare donde volvió a recibir el apoyo de las mujeres que conforman la estructura orgánica de las seis federaciones de la hoja de coca del trópico cochabambino. Es el caso de la dirigente Juanita Ansieta que en un fogoso discurso de defensa  a la construcción de la carretera señaló durante una concentración de miles de cocaleros en la localidad de Aroma que “no hay dónde perderse (…) hay que dar el apoyo total a la construcción de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, y nuestro apoyo  total y moral a nuestro hermano presidente Evo Morales”.

En todo caso, el cálculo de esta falsa ecuanimidad política y conspicua parcialización parecería estar más compuesto por elementos económicos, productivos y partidarios que por valores humanos y morales. Basta citar el caso de las hermanas Terán: campesinas dedicadas a la producción de hoja de coca y fundadoras del MAS. Este como muchos otros casos son evidencias taxativas que ciertas bases del partido de Gobierno tienen intereses y beneficioprecisos con el proyecto de desarrollo carretero que planea atravesar el TIPNIS, ligado tanto a la producción de la hoja de coca, como a la tala ilegal de recursos forestales; parcialización de la tierra en propiedades privadas dentro de dicho parque considerado propiedad comunitaria indígena.

Más allá de las insinuaciones verbales y mentales de alto contenido sexista y machista emitidas por el primer mandatario el 1ro de agosto pasado en la región cocalera del Chapare, en alusión a las mujeres yurucarés opuestas desde entonces a la construcción de la carretera(1); ponen en evidencia dos realidades peligrosamente inflamables para el Gobierno. La primera ligada a un “colchón electoral” popular e inescrupuloso emparentado a un campesinado y a colonizadores “interculturales”, que por apetitos económicos avasallan territorios protegidos mediante ley y promueven conflictos sociales a lo largo y ancho del país. La segunda realidad está vinculada a la reacción de la mujer boliviana como dueña de casa, comerciante, profesional, empresaria, maestra, estudiante, intelectual, activista, mestiza u originaria, que rechazan la violencia contra la mujer. Ellas han pronunciado un claro mensaje al presidente y a su contradictorio entorno en movilizaciones, marchas y protestas que se han multiplicado por todo el país. Lo peor que le puede pasar a un presidente es perder su popularidad ante grupos de mujeres que a partir de ahora han declarado que ya no quieren ser llamadas “hermanas” por ninguna de las autoridades de este Gobierno.