La práctica de las escuchas teléfonicas

Las escuchas telefónicas no son exclusividad de este Gobierno. Las operaciones encubiertas castigaban al amanecer las conversaciones de los opositores al régimen. Hasta que el método acabó de romperse. El presidente Morales ha denunciado que algunos dirigentes de los pueblos indígenas mantuvieron furtivas conversaciones con funcionarios de la embajada de EEUU. El jefe de Estado en persona presentó el registro de esas llamadas. Se acusa a la misión diplomática de inmiscuirse en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia. El oficialismo identifica  nuevamente al “imperialismo norteamericano” en la desestabilización del Gobierno del MAS.

La polémica siguió de paso adentrándose en las profundidades. El Gobierno niega que intervenga conversaciones telefónicas. Asegura que solicitó el “registro de las llamadas”. Única y exclusivamente. Pero nadie le cree. El fiscal general precisa que las escuchas telefónicas están prohibidas, aunque aclara que se puede pedir el registro con autorización fiscal. La abogada Mary Carrasco consultada por la validez de las escuchas telefónicas dice elocuente que están prohibidas porque viola el derecho a la privacidad de las personas. “Una escucha debe necesariamente contar con orden judicial fundamentada y en proceso. De lo contario estamos todos arruinados”.

Un experto dice que cuando su aparato celular comienza a sufrir extrañas interferencias o cortes repentinos, ruido de lluvia, un eco interminable, sonidos propios de una radio destartalada, quiere decir que está “pinchado” en la jerga de los espías. Detrás de esos ruidos alguien graba todo. La pregunta que nadie ha hecho es quién o quiénes tienen a su cargo las escuchas y una pregunta más de fondo: el uso que se hará de esas conversaciones. El mismo experto advierte que se debe evitar hablar por celular de transacciones financieras, pagos o trámites monetarios. Pero la recomendación además es válida por el uso de la tecnología con fines ilícitos.

Recuerda el video en el que aparece el ministro de Finanzas junto al ex presidente ejecutivo de Bingos Bahití. La grabación mostró escenas comprometedoras de que podría haber algo más. O la reciente exposición del video de una fiesta donde aparece el diputado Nuni, asociado supuestamente con el consumo de alcohol. Anteriormente se expusieron fotografías de un ex ministro de aguas en un bacanal o el detallado seguimiento a Felipe Patzi, entonces candidato por el MAS a la gobernación de La Paz. Según la policía de tránsito, Patzi conducía en estado de ebriedad. Algunos de estos casos derivaron en sanciones y destituciones. Pero ninguna imagen sirve cuando a pesar de todo existen niveles de protección. El reincidente senador Fidel Surco está en la lista de los intocables. Fue fotografiado en estado de ebriedad pero sigue dirigiendo sin restricción.

Sorprende que Juan Ramón Quintana, repuesto al Ministerio de la Presidencia, haya lanzado epítetos contra una agencia norteamericana y sugiera que se la expulse del país. Es razonable suponer que él sabía el contenido de las llamadas. Pero, a pesar de los cimbronazos de los últimos días nadie en el Gobierno modificó su conducta política. Altanera y humillante. Lo cierto es que lo mejor para el país sería que estos abusos se frenen. Sin embargo, nadie está en condición de decir que se modificará la línea de control que ha impuesto el oficialismo para mantenerse en el poder.