Sólo 16% de trabajadores están protegidos

La Ley General del Trabajo (LGT) sólo protege al 16% de la población ocupada, lo que equivale a 600 mil trabajadores, señala el director ejecutivo del Centro de Apoyo Al Desarrollo Laboral (LABOR), Rodolfo Eróstegui.

Las proyecciones de los especialistas indican que cinco millones de personas en el país pertenecen a la población económicamente activa (PEA), en la que se incluye a los ocupados y  desocupados, es decir, cesantes y/o aspirantes a un trabajo, en el caso de los jóvenes que recién se insertan en el mercado laboral.

No hay cifras exactas sobre la cantidad de trabajadores que son asalariados y están protegidos por la ley. “A partir de las cifras y estimaciones que hacen Udape y el CEDLA sobre el sector informal se hace una proyección de cuántas personas trabajarían en el sector privado vinculados con la LGT”, señala el director de LABOR.

Los trabajadores en el sector estatal están sujetos al Estatuto del Funcionario Público, y los  asalariados del campo no están incluidos en la LGT.

Rosario Baptista, abogada laboralista y especialista en derechos humanos, sostiene que el Estado tiene una deuda histórica con estos obreros. “Están excluidos expresamente de la LGT por la coyuntura histórica en que se la aprobó, pero no puede ser posible que 80 años después, y peor todavía en este Gobierno, no se los haya incorporado”, señala.

El crecimiento de la agroindustria frente al debilitamiento de la economía campesina estaría afectando la calidad del empleo y su remuneración en este sector. El Proyecto de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Campo o Rural,  aprobado en la Cámara de Diputados en 2006, ya está siendo consensuado con el Ministerio de Trabajo.

Baptista considera que  el empleo se ha precarizado durante los últimos años en el país.

“La jornada laboral ha desaparecido en el sector público. A título de compromiso político trabajan mucho más de diez horas. No hay  nuevas conquistas laborales,  se ha retrocedido”, afirma la experta.

Este aspecto -añade- influye en un mayor estrés del personal, daños físicos que no pueden ser cubiertos con un seguro social.

Informalidad

Los trámites para constituir una empresa legal son engorrosos y la carga administrativa es demasiado alta, lo que desvía a las empresas a la informalidad.

“El costo de ser empresa legal es demasiado alto, por eso es poco competitiva,  pero no puede ser competitiva  a costa de  los derechos laborales”, dice Baptista.

Datos  de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa revelan que  en Bolivia hay más de 600 mil pequeños emprendimientos, de los que sólo 60.000 contribuyen con impuestos al Estado.

Sin embargo, “el Estado, que es el gran empleador, se dispara en el pie porque tiene un alto porcentaje de trabajadores sin derechos, que no hacen aportes a la seguridad social porque están como consultores en línea”, precisa Batista, para quien esta figura se ha legalizado.

Las  estadísticas

Reporte  Las grandes empresas, que supuestamente son sumamente visibles, son 1.832 en Fundempresa y 1.176 en el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con datos a julio de la entidad que registra empresas.

Base  Según el reporte,  104 mil empresas conforman la base empresarial activa, el 80% son empresas unipersonales, es decir, pertenecen al ámbito microempresarial. De este número de empresas,  ni el 10% está registrado en el Ministerio de Trabajo.

Mypes   En Fundempresa están registradas 83.685 microempresas, en el Ministerio de Trabajo sólo figuran 8.271. Lo mismo ocurre con las empresas pequeñas y medianas: hay 19.109 según Fundempresa y sólo 7.672 reconocidas en el ministerio.

Tres de cada 100 son sindicalizados

El análisis de LABOR revela que sólo un 3% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra sindicalizado.

“Lo curioso es que en algunos gremios, sobre todo en el sector informal, donde tienen trabajadores asalariados, los que están afiliados a las organizaciones sindicales grandes, tal como la COB, son los empleadores, no el trabajador”, señala  Rodolfo Eróstegui, director de  LABOR.

En  criterio de Rosario Baptista, abogada laboralista,  una de las grandes pérdidas que ha  sufrido el país   en los últimos 30 años ha sido la desaparición del sindicalismo.

La Central Obrera Boliviana (COB) representa los intereses de una minoría que trabaja tanto en el sector público como privado, y no a todos los obreros.

Ante  la ausencia del Estado y la poca representatividad de la entidad, los trabajadores prefieren renunciar a sus derechos laborales que perder su empleo, añade la especialista.