Gobierno venezolano considera delito informar del desabartecimiento

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abre un procedimiento sancionador contra la cadena Globovisión por la transmisión de un reportaje sobre las fallas de productos básicos

Es, de lejos, el principal problema que ha enfrentado Nicolás Maduro en sus cinco meses de gestión y no hay manera de que pueda superarlo. Por eso ahora el Gobierno trata de controlar mediante la intimidación la información emitida por los medios locales sobre el crónico desabastecimiento que azota al país. Este lunes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió una investigación, que culminará con una segura sanción, al canal local Globovisión por emitir un programa que informa de la carestía de productos de primera necesidad y de otros rubros.

De acuerdo con Conatel, hay en ese programa, llamado “Caso de investigación”, elementos “que podrían generar zozobra en la ciudadanía”. “Se habla de una supuesta escasez o acaparamiento tanto de vehículos como de algunos productos alimenticios en todo el país”, explicó el presidente del organismo Pedro Maldonado.

Si finalmente se concreta la sanción la cadena debería pagar como multa el 10% del ingreso bruto declarado durante el año fiscal anterior. Globovisión ya tuvo que pagar un porcentaje algo inferior -7.5%- cuando el regulador impuso una multa por la cobertura del motín de la cárcel de El Rodeo. Hace dos años el medio era controlado por Guillermo Zuloaga, un enemigo del Gobierno de Chávez, quien el pasado 14 de abril vendió el canal a tres empresarios sospechados de conexiones con el gobierno.

Desde entonces el canal ha rebajado de forma evidente su perfil combativo hasta el punto de que hoy es una cadena comedida en sus críticas hacia el Ejecutivo, pero es evidente que un Gobierno acosado por la carestía es muy sensible a que se refuerce esa opinión generalizada. El oficialismo se ha encargado de transmitirle a su público que si los alimentos escasean o la luz falla es consecuencia del boicot de capitales locales y transnacionales.

Esa decisión se produce después de que el sábado Maduro diera plazo hasta octubre para que cesara lo que ha llamado “una guerra eléctrica y económica”. Si no fuera así, el presidente ha asegurado que la llamada revolución bolivariana asumirá una nueva etapa. “Ustedes saben lo que tienen que hacer, a dónde dirigirse, tomar el poder en cada avenida y en cada autopista”, dijo el sábado en un acto con la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Vargas, vecino a la capital. También instó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz a tomar medidas contra los medios de comunicación que a su juicio emiten propaganda de guerra al estimular las compras nerviosas.

Las palabras de Maduro indican que mantendrá o profundizará el modelo que heredó de su padre político, a pesar de que ya no se pueden ocultar las grietas de un modelo de control de precios que lleva una década. Cualquier modificación de la política económica sería entendida como una traición al legado. Los últimos días el jefe de Estado venezolano ha reiterado que encabeza un Gobierno fuerte y que tiene los medios para seguir avanzando en el diseño de país que formuló el fallecido Chávez. En los próximos días el mandatario explicará ante la Asamblea Nacional el plan de gobierno para los próximos seis años, que amplía las líneas maestras esbozadas en la campaña presidencial del pasado octubre.