BBC: Bolivia, donde los jubilados están más protegidos

A primera vista el dato es casi paradójico: uno de los países más pobres de América Latina tiene la mayor cobertura jubilatoria regional.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cobertura previsional de Bolivia abarca a un 97% de su población, por encima de países como Argentina, Brasil o Chile, todos con un Producto Interno Bruto (PIB) muy superior.

El dato es igualmente llamativo si se lo compara con la cobertura promedio de América Latina, que se sitúa en un 62,5% y que tiene a Bolivia como uno de los polos más firmes a la hora de proteger a sus ciudadanos de tercera edad.

En el exhaustivo análisis que hace un libro publicado este mes por el BID, “Mejores pensiones, mejores trabajos. Hacia la cobertura universal en América Latina”, Bolivia es presentado como un ejemplo a nivel regional.

“Es uno de los países de menores ingresos y con un porcentaje muy bajo de trabajadores que cotizan a la seguridad social. La solución a este doble problema ha sido instaurar un muy efectivo pilar universal para todos los ciudadanos a través del programa Renta Dignidad”, le explica a BBC Mundo Mariano Bosch, coautor del libro.

Jubilación y pobreza

Un informe de 2007 estimaba que había un 60% de bolivianos en condiciones de pobreza y un 37,7% en pobreza extrema.

A esto se sumaba un alto grado de informalidad laboral, que tiene como contrapartida la escasa o nula contribución jubilatoria.

A fines de 2007 el gobierno del presidente Evo Morales introdujo el programa “Renta Dignidad” para evitar la pobreza extrema en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de la vida: la vejez.

Este programa otorga a los ciudadanos de más de 60 años una Renta Universal de la Vejez de carácter no contributivo (derecho ciudadano que no depende de los aportes que se hayan hecho).

Con el último aumento en mayo de 50 bolivianos, el monto básico que cobran todos los mayores de 60 años es de 200 bolivianos mensuales (unos US$29), que se estira a 250 bolivianos (unos US$36) para los que no tengan otra cobertura social (como jubilación privada).

Si se lo compara con otros países de la región como Argentina, Chile y Uruguay que tienen pensiones de entre US$4 y US$8 diarios, el monto que reciben los bolivianos es ínfimo. En el mejor de los casos apenas supera el dólar diario.

Sin embargo, su impacto es muy importante, según el BID.

“En Bolivia la red de protección era la capacidad de trabajo o la familia. Si no había capacidad de trabajo, la familia tenía que hacerse cargo, tarea que recaía en las mujeres. Este programa ofrece una seguridad de ingresos tal que hemos notado que hay una disminución de la oferta de trabajo de este sector poblacional que antes tenía que seguir hasta los 80 años para poder sobrevivir”, le explica Bosch a BBC Mundo.

El talón de Aquiles

El sistema de pensiones boliviano ofrece una segunda paradoja.

Si por un lado es el que tiene mayor cobertura de América Latina, por el otro es el que menos contribuciones hace a la seguridad social.

Hoy solo el 15,5% de los que tienen empleo hacen aportes jubilatorios.

Los críticos del sistema señalan que se está incentivando a esperar que el estado -y el contribuyente- hagan todo sin poner nada a cambio.

El BID hace una distinción entre la pensión contributiva (que beneficia a quienes hacen aportes a lo largo de su vida) y la no contributiva, como la Renta Dignidad.

“La pensión no contributiva del programa Renta Dignidad es parte de una estrategia de lucha contra la pobreza. El costo es de alrededor de un 1% del PIB, de manera que, siempre que haya continuidad institucional es un sistema sostenible. Pero para dar un salto de calidad en los ingresos se necesita un mayor aporte contributivo”, afirma Bosch.

Pobreza e informalidad laboral

La bajísima contribución jubilatoria obedece a dos factores. Por un lado, en un país con altos porcentajes de pobreza, una importante franja de la población apenas tiene para la subsistencia diaria.

Al mismo tiempo, el alto nivel de informalidad laboral, sea por cuenta propia o empleo en negro, lleva a que una amplia franja de la población no contribuya al sistema.

En junio el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia estimaba que 65 de cada 100 personas ocupadas tenían trabajos informales.

Y la tendencia es al alza. En 2011 la proporción era 60 de cada 100.

Si a esto se le agrega que Bolivia está experimentando una explosión demográfica como el resto de la región, que pasará de tener un 7% de mayores de 65 años a un 20% en 2050, se ve que el problema exige una estrategia de largo aliento.

“La solución a largo plazo no es aumentar el monto de las pensiones no contributivas. A largo plazo hay que aumentar las contributivas y esto solo se puede lograr por una mayor formalización a nivel laboral para garantizar que se hagan los aportes correspondientes”, dice Bosch.

En este sentido, la cobertura previsional no sólo parece una estrategia social, si no también -y de manera fundamental- una estrategia económica.

Jubilaciones en América Latina

• El BID estima que un 62,5% de los latinoamericanos tiene una cobertura jubilatoria.
• Pero este promedio esconde un claro desequilibrio entre los cinco primeros (Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile), que se acercan al 100%, y los 16 restantes, que están muy por debajo de la media, incluyendo la segunda economía regional, México, que apenas supera el 50%.
• Según los cálculos del BID, a mitad de siglo -en 37 años- habrá unas 140 millones de personas en edad jubilatoria en la región, equivalentes a un 19,8 % de la población.
• Seis de cada diez no tendrán acceso a una pensión. “Se ha discutido mucho si el mejor régimen es el estatal o el privado. Más allá de este debate, el gran problema que vemos nosotros es la informalidad laboral, afirma Mariano Bosch, del BID.
• La tarea es ciclópea. En agosto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que unas 127 millones de personas a nivel regional tienen un empleo informal: un 47,7% de la población económicamente activa.
• Entre los países que superan generosamente ese porcentaje se encuentran Honduras (70,7%), Perú (68,8%), Paraguay (65,8%), El Salvador (65,7%), Colombia (56,8%) y México (54,2%).
• “El menú para crear trabajos formales es variado. Todo depende del diagnóstico que hagamos. Si pensamos que el problema es que el trabajo formal resulta demasiado caro, tenemos que reducir ese precio o subsidiarlo o bajar impuestos. Si pensamos que no hay suficiente fiscalización, hay que invertir en tener una supervisión eficiente. Si pensamos que es educación financiera porque la gente lo ve muy lejos, tenemos que trabajar más en sensibilizar a la población al respecto”, dice Bosch.