Cívicos y el agro cierran filas por cuatro causas

Fijan cuatro frentes de lucha por asentamientos ilegales en predios agrícolas y pecuarios, abigeato, robo de soya y mal estado de las carreteras. Piden acelerar los desalojos y encarcelar a tomatierras

El Comité Cívico pro Santa Cruz y los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) fijan cuatro frentes de lucha por la defensa del aparato  productivo de la región.

Asentamientos ilegales de grupos organizados en predios productivos, robo de bovinos en propiedades ganaderas, el hurto de soya en la logística de transporte de los centros de producción a las industrias y el mal estado de las carreteras. En ese orden son los temas incluidos en la agenda de trabajo definida ayer por el Comité y los dirigentes del sector agropecuario.

Con relación a la toma de unidades productivas agrícolas y ganaderas, a decir del presidente del Comité, Fernando Castedo, se planteó la propuesta de convocar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, para que informe sobre los alcances de la ley contra ‘avasallamientos’, en tratamiento en la Asamblea Legislativa.

Dio cuenta de que esta petición deriva de la desesperación de los productores, que ven un lento accionar del Gobierno en defensa de la propiedad privada. Si bien celebran los desalojos, reprueban la poca efectividad en la ejecución porque siempre concluyen sin la aprehensión y encarcelamiento de los promotores de las ocupaciones.

El abigeato y el robo del ‘grano de oro’ que padecen los ganaderos y soyeros son, juntamente a la toma de tierras, otros temas que golpean al aparato productivo cruceño.

El sector ganadero reporta daños por abigeato que superan los $us 2 millones, mientras que los soyeros, que no cuantificaron los efectos, desvelaron que las pérdidas son millonarias.

La falta de mantenimiento preventivo y mal estado de carreteras, según Castedo, es otro tema que perturba al sector productivo. Hay recelo por el destino de recursos obtenidos del cobro de peaje para este fin.

Para el titular de la CAO, Julio Roda, la articulación de una agenda de trabajo promovida por el Comité permitirá unificar criterios en la perspectiva de dar certidumbre al sector agropecuario. Detalló que la falta de seguridad jurídica está poniendo freno a las inversiones y la expansión de la frontera agrícola y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.

La CAO, Anapo, Fegasacruz, la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (Asppa) y otros sectores productivos piden al Gobierno frenar los atropellos y la violencia que ejercen los tomatierras en los predios afectados.

Según la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, la ley contra los ‘avasalladores’ clasifica el tráfico de tierras como un delito penal.

Efecto en el sector oleaginoso

Según Demetrio Pérez, representante del sector oleaginoso de Santa Cruz, al presente suman 60.000 las hectáreas afectadas por la toma de tierras y que corresponden al sector productor del ‘grano de oro’.

Pérez manifestó que los tomatierras han declarado inamovilidad de actividades agrícolas. La falta de certidumbre, según él, desmotiva al productor

PORMENORES

Predios con asentamiento
Según la CAO, con datos del INE procesados del último censo  agropecuario, en la región son 72 los predios afectados por tomas.

Nueva denuncia de toma 
De acuerdo con Fegasacruz, en los últimos días se notificó la   toma de la hacienda ganadera 105, en la provincia Germán Busch.

Afectados marchan mañana
En la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios  Avasallados indicaron que  mañana marcharán los afectados por la toma de predios.

Investigación en la fiscalía
Las 40 personas citadas por líos de tierra, entre jueces, fiscales, abogados, policías y otras personas, prestan declaración informativa en la Fiscalía. No hay detenidos.

Alistan ley para frenar tomas   
La ley que castigará las ocupaciones ilegales está en tratamiento en la Asamblea Legislativa. Se anuncia que castigará con cárcel a los usurpadores

Tomatierras marchan
Van a La Paz para pedir tierras.

EL VETO A URBANIZAR ES BIEN VISTO POR EL AGRO
El veto a procesos de urbanización de áreas agropecuarias urbanas para garantizar las políticas de seguridad alimentaria por 10 años dispuesto por el Gobierno en el decreto supremo 1809 fue bien recibido por los sectores  agroproductivos.

A decir del presidente de la CAO, Julio Roda, esta disposición que congela por 10 años la urbanización de áreas agropecuarias, piscícolas y forestales tranquiliza, principalmente, a los avicultores, lecheros y cañeros que frente a la pretensión de las alcaldías de ampliar el radio urbano iba a perjudicarlos porque suponía un pago mayor de impuestos por el cambio de uso de suelo.

El decreto está orientado a resguardar las áreas productivas colindantes al radio urbano de los municipios.