Ecuador clausura ONG que defendía pueblos amazónicos

La reciente disolución de la Fundación Pachamama, que ha trabajado durante 16 años por el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el centro y sur de la amazonía ecuatoriana, ha generado un debate en la sociedad civil por dos motivos. Primero porque la clausura se hizo de un tajo, sin notificación previa ni posibilidad de defensa y, segundo, porque se sienta un precedente negativo para la defensa del medio ambiente.

Pachamama es conocida en Ecuador por la defensa de los territorios de los pueblos amazónicos achuar, shuar, kichwa, sápara y shiwiar. Durante una década acompañó la lucha de la comunidad kichwa de Sarayaku que denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber concesionado el bloque 23, que afecta un 60% al pueblo de Sarayaku, a la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina, sin hacer la consulta previa a los legítimos dueños del territorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Sarayaku en junio de 2012 y condenó al país a pagar 1,4 millones de dólares.

El trabajo actual de la ONG estaba enfocado en visibilizar que la explotación de los 13 bloques que salieron a licitación en la XI Ronda Petrolera afectaría a los territorios de siete nacionalidades indígenas y que no se había garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada a estos pueblos. Por este trabajo, los miembros de Pachamama tuvieron algunas reuniones informales con representantes del Gobierno y siempre informaban de sus actividades en la selva amazónica.

La clausura de la ONG obedece a un pedido directo del presidente Rafael Correa, quien durante una cadena nacional instó al Ministerio de Interior a sancionar a Pachamama y a los colectivos involucrados en las agresiones verbales y físicas que sufrieron el embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, y el representante de la petrolera estatal de Bielorrusia, Belorusneft, Andrey Nikonov, el pasado 28 de noviembre, cuando concluyó la XI Ronda Petrolera.

Correa presentó el vídeo de la manifestación que se organizó ese día e identificó con nombre y apellido a los ambientalistas y a los dirigentes indígenas que participaron en ella. Aseguró que todos ellos están vinculados a la Fundación Pachamama y pidió a los ecuatorianos “evitar a esa mala gente, violenta, que hace quedar mal a todo un pueblo”.

A renglón seguido, Interior responsabilizó de los desmanes a Pachamama y al colectivo La Hormiga y pidió su cierre al Ministerio del Ambiente. En el caso de La Hormiga no procedió el cierre porque es una organización de hecho. No ocurrió así con la fundación, que sí fue sancionada. Los testimonios de sus miembros dan cuenta de que el 4 de diciembre pasado, 15 miembros de la Fuerza Pública desalojaron las oficinas de Pachamama y sellaron la puerta de acceso con un adhesivo en el que se justifica la disolución con la siguiente frase: “Por desviación de los fines y objetivos estatutarios y por injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando a la paz pública”.

María Belén Paéz, que fungía como presidenta de la fundación, habla de la violación al debido proceso y asegura que van a llevar el caso a instancias internacionales. “Se pasaron todos los niveles de orden administrativos, hemos sido víctimas de una disolución sin previo aviso, pero vamos a impugnar el acuerdo ministerial y vamos a poner una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

David Cordero, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), hace un análisis jurídico y asegura que la sanción a la Fundación Pachamama es ilegítima porque está inspirada en el Decreto Ejecutivo 16 (expedido el pasado 4 de junio, con el fin de regular a las organizaciones de la sociedad civil) que otorga competencias sancionatorias a los ministerios ante los cuales están inscritas las organizaciones, pero no especifica de qué manera deberán ventilarse los cargos, las oportunidades de defensa, plazos, y otras disposiciones para contar con un debido proceso.

Además -reza el análisis de Inredh- no se demuestra en la resolución emitida por la Cartera de Ambiente que los actos de violencia hayan sido planificados o ejecutados por miembros de la Fundación Pachamama. “El mensaje que queda luego de la decisión del Gobierno es que ninguna persona que trabaje en una organización de derechos humanos puede participar en una manifestación pacífica a riesgo de que su organización sea disuelta”, escribe Cordero.

Las organizaciones análogas a la Fundación Pachamama muestran su preocupación por el precedente negativo que se sienta para la lucha ambientalista. “No hubo investigación, no hubo un debido proceso, no hubo derecho a la defensa, esto no solamente que vulnera los derechos de las personas que pertenecen a la organización, sino también es que es una amenaza a otras ONG que discrepan, critican y se manifiestan”, dice Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En la misma línea opina Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos de Ecuador. “Es una forma del Gobierno de crear un poco de temor entre las organizaciones que están en contra a ciertas políticas de Estado, sobre todo, la explotación de recursos naturales y sus territorios”.

El Gobierno ecuatoriano hace frente a las críticas con una campaña de desprestigio contra la ONG clausurada y otros colectivos que, a su juicio, son partidistas. El prsidente Rafael Correa, en la cadena nacional del pasado 7 de diciembre, justificó el cierre de Pachamama: “Se llamó a manifestación por la XI Ronda Petrolera, están en su derecho, pero se arremete a funcionarios extranjeros, a embajadores, eso no lo vamos a permitir, eso es sancionado en cualquier país del mundo. La organización que convocó a estas protestas ha sido sancionada con su disolución porque las ONG no están para hacer política y protagonizar actos de violencia. Si quieren hacer política que sean partidos políticos y no estén atentando contra la democracia”.

Para el mandatario, el accionar de estas ONG financiadas por países extranjeros es una nueva forma de desestabilizar los gobiernos progresistas y por eso pidió a sus electores estar atentos. “Pueblo ecuatoriano a rechazar a los violentos, antidemocráticos. (Los grupos ambientalistas) quieren imponer su agenda política. Todo esto es planificado. No es coincidencia”.

Aprovechó el espacio para arremeter contra un activista que lidera la resistencia minera en el valle del Intag (situado en el occidente de la provincia de Imbabura) que también está en los planes extractivos de su Gobierno. “Hay un manual de comportamiento y ver si desestabilizan al Gobierno: ‘Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas. Una guía para promotores y activistas comunitarios, por Carlos Zorrilla’. Este es un extranjero que vive en Intag y es él que levanta a la población. En nombre de la democracia hasta cuándo y hasta dónde debemos aguantar”.

Zorrilla respondió a los ataques del primer mandatario con un manifiesto público en el cual asegura que todo forma parte de la campaña de desprestigio del Gobierno contra él y su organización Decoin (Defensa y Conservación del Intag) que desde 1995 promueve alternativas sustentables a la minería a gran escala en el Intag. “Soy uno de los cuatro autores del manual que tiene como finalidad informar a las comunidades afectadas por el extractivismo de algunas conocidas estrategias utilizadas por empresas petroleras y mineras para dividir a las comunidades (…) El manual sugiere formas de resistencia legítimas y no violentas”.

La Secretaría de Comunicación refuerza la campaña contra los ambientalistas con la emisión, a través de la televisión pública, del vídeo de las protestas y la persecución del diplomático chileno y el empresario bielorruso ocurridas el pasado 28 de noviembre. El mensaje final de la pieza es que esas son las imágenes del viejo país y llama a la ciudadanía a rechazar esos actos de violencia que desprestigian al Ecuador.