Hoy inicia juicio contra 3 magistrados

La Cámara de Senadores inicia hoy el juicio contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acusados por tres delitos: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato. Los juzgados son Zoraida Chánez, Ligia Velásquez y el magistrado suspendido Gualberto Cusi.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, informó a este medio que tras postergaciones se determinó el inicio de este proceso en contra de los tres magistrados por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014 que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.

“Los magistrados ya han sido legalmente notificados para que asistan mañana a las cuatro de la tarde para el inicio del proceso. La Cámara de Diputados ya aprobó la acusación formal del señor Gualberto Cusi. Ahora en el Senado se lo va unificar (el proceso) en uno solo”, informó Calle.

El legislador oficialista indicó que de acuerdo con la Ley y la Constitución Política del Estado (CPE) lo que ha hecho la Cámara de Diputados es investigar a las dos magistradas y también a Gualberto Cusi.

La noche del pasado miércoles, la Cámara Baja con 46 votos a favor y 25 en contra, suspendió a la autoridad del TCP, acusado de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes junto a las magistradas Zoraida Chánez y Ligia Velásquez.

“La anterior semana se ha concluido en que el señor Cusi tiene que ser acusado formalmente ante la Cámara de Senadores por tres delitos: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes y prevaricato”, remarcó Calle.

Los delitos por los que se acusa a las tres autoridades suspendidas están tipificados dentro el Código Penal, pero la Comisión de Justicia Plural quien ha hecho de investigadora ha resuelto iniciar este juicio penal porque estaría dentro de sus funciones constitucionales..

Es la primera vez que el Órgano Legislativo, que tiene como función principal “aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”, enjuiciará a autoridades de otro órgano estatal como el TCP.

La CPE en el artículo 159 que habla de las atribuciones de la Cámara de Diputados en el numeral 11 dice: “Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Asimismo, el numeral 6 del artículo 160, referido a las atribuciones de la Cámara de Senadores indica: “Juzgar en una instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes de acuerdo con la ley”.

El diputado Rodolfo Calle afirmó que el objetivo primordial es iniciar este juicio de responsabilidades y acelerar el mismo hasta lograr una sentencia a favor o en contra de los tres magistrados.

En caso de que alguno de los tres magistrados presente excepciones o incidentes, estos van a ser resueltos de forma inmediata, aseguró Calle para posterior a ello realizar el proceso judicial: “Se tiene que procesarlos hasta culminar con una sentencia”.

Por otro lado, en caso de inasistencia de alguno de los magistrados, el Senado declarará a la persona enjuiciada en rebeldía, se designará a un abogado de oficio y se continuará con el proceso hasta que se culmine con sentencia.

SIN NOTIFICACIÓN

Este medio logró contactarse con dos de los tres magistrados suspendidos. Por un lado la magistrada Zoraida Chanez, informó que no fue notificada de forma escrita mediante sus abogados para el juicio de responsabilidades que se inicia hoy en el Senado.

“Solo me notificaron de forma oral pero no así mediante los abogados y de forma escrita”, indicó y agregó que de todas maneras estará presente junto a su abogado.

La notificación fue de forma escrita el pasado 21 de octubre cuando la magistrada, Ligia Velásquez, sufrió un desmayo en el edificio de la Asamblea Legislativa.

De todas maneras, Chánez confirmó que sí asistirá hoy a la Cámara de Senadores para el juicio en su contra.

En tanto, en una cortísima comunicación con el magistrado Cusi afirmó que no tiene conocimiento “de nada”, por lo que se prevé su antelada inasistencia.

ATENTADO

Para el magistrado Gualberto Cusi la suspensión a su cargo en el TCP y el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra es igual que atentar contra su vida por su delicado estado de salud ya que pone en riesgo el seguro otorgado por la Caja Petrolera de Salud de la ciudad de La Paz.

El magistrado del TCP tiene severas secuelas tras la operación quirúrgica a la que se sometió para drenar un absceso de sus pulmones ocasionados por la tuberculosis que padece. Además se conoció que padece de insuficiencia renal y diabetes.

“Lamento la suspensión que se anunció por la Cámara de Diputados y en caso de que se me suspenda definitivamente sólo podré tener el seguro (de salud) por tres meses y eso es perjudicarme. No podré tener acceso al servicio ni acceso a mis medicamentos. Eso es un perjuicio a mi salud y a mi vida, por eso digo que es una manera de matarme”, dijo Cusi.

En octubre pasado, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, tomó conocimiento del juicio que les sigue la Asamblea Legislativa Plurinacional a los magistrados de Tribunal Constitucional Plurinacional, Zoraida Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi. Las dos primeras suspendidas por la Cámara Diputados, esperan la sentencia del Senado.

ANULAR

En una carta dirigida a los senadores y diputados bolivianos, la Comisión Interamericana de Juristas pidió “anular o dejar sin efecto los procedimientos penales tramitados contra los tres magistrados; poner fin a la suspensión de funciones de los magistrados y, cesar cualquier otra forma de injerencia en la independencia del poder judicial”.

La entidad internacional establece “que el Senado y Diputados no reúnen las condiciones de un tribunal independiente e imparcial, de carácter judicial, de modo que la condena penal de una persona por el Senado, violaría el derecho a un juicio justo de conformidad con el derecho internacional”.

La CIJ pide además “iniciar las reformas de las normas constitucionales y legales relativas a la disciplina y a la destitución de los jueces para que éstas estén conforme a normas internacionales”. La carta fue firmada por Matt Pollard, consejero jurídico principal y director del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ.