CIDH y GIEI: Los 43 de Ayotzinapa no fueron incinerados

Investigación  independiente realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero desplomó este domingo la versión oficial según la cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero, en un crimen que despertó el año pasado la indignación internacional.

“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que se debe continuar la búsqueda de los estudiantes, indica el último informe del GIEI, formado por la CIDH y que llegó a México hace seis meses.

En sus cerca de 500 páginas, la pesquisa independiente critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.

Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen.

Alegando detentar una “verdad histórica”, la fiscalía mexicana concluyó que, la noche del 26 de septiembre del año pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala. Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.

Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su beligerante ideología de izquierda- a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival.

Siempre según la fiscalía, los cadáveres fueron incinerados en 16 horas en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.

Fuego imposible

En el basurero de Cocula “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, concluyó José Torero, un reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente.

El experto añade que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y que no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera disponible en las cercanías.

Para la incineración de un cuerpo se necesitarían “700 kilogramos de madera y 310 kilogramos de neumáticos y la duración de esa incineración” sería de 12 horas, indica el experto.

Pero, en el caso de los 43 cuerpos, la carga de combustible de madera tendría que haber sido de más de 30 toneladas, la de neumáticos de más de 13 toneladas y la duración de consumo de los cuerpos de 60 horas, añade el reporte.

Así, el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en los municipios aledaños.

Los desesperados padres de los 43 estudiantes han encabezado multitudinarias marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos aún están vivos.

El laboratorio de Innsbruck (Austria) ha analizado restos humanos calcinados encontrados en la zona, pero sólo ha podido identificar a uno de los estudiantes.

Por otro lado, el informe deplora que la policía estatal, federal y el ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir llamadas de auxilio.

Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que “en algún caso probablemente precipitó la muerte”, mientras que dos de los normalistas muertos en los ataques armados quedaron tendidos en el suelo por más de dos horas y bajo la lluvia, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para entrevistar a militares.

El evidente vínculo entre el crimen organizado y las autoridades, así como los prontos resultados de la investigación oficial, indignaron a la esfera internacional con pronunciamientos por parte de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

El misterio del quinto autobús

La PGR sólo consideró en su investigación cuatro de los cinco autobuses tomados por los estudiantes y “no se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión”, lamentó el GIEI.

Los expertos explicaron que ese autobús “fue el único que no fue atacado violentamente esa noche” y que la declaración de su chófer, recabada recién en junio de 2015, “señala una versión de la historia que no coincide en absoluto” con la de los sobrevivientes.

La agreste zona de Iguala es epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y los cárteles suelen transportar la droga escondida en autobuses.

Así, los investigadores independientes sospechan que las inconsistencias y contradicciones que rodean a ese quinto autobús “esconden aspectos importantes a considerar que pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión”.

La hipótesis sobre la confusión de los estudiantes con un grupo narcotraficante “es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados” y no explica “la masividad” de los ataques.

El GIEI emitió varias recomendaciones a la fiscalía general para resolver este crimen. Una de ellas es investigar denuncias “por malos tratos o torturas” contra varios de los más de cien detenidos.

(AFP)