Justicia: entre afrontar la crisis o abrir la CPE

Mientras el Gobierno apunta a la Cumbre Nacional de Justicia para cambiar la Constitución Política del Estado y abolir la elección por voto de los magistrados del Órgano Judicial, sectores ciudadanos y expertos esperan un debate más amplio sobre la independencia del sistema de justicia, la formación de los profesionales en derecho, el presupuesto, la carga procesal y el hacinamiento carcelario, entre otros.

La cumbre de justicia se realizará el 3 y 4 de junio en la ciudad de Sucre con la participación de diversos actores sociales, políticos y jurídicos.

El debate sobre los cambios a la justicia boliviana se da en medio de la polémica por la insistencia del Gobierno de convocar a un nuevo referendo sobre la repostulación de Evo Morales a la Presidencia en 2019 cuando ya perdió el 21 de febrero. Además, se centra en denuncias de persecución de parte del Gobierno contra políticos y periodistas por oponerse y develar las irregularidades del Ejecutivo.

Respecto al anuncio de buscar modificaciones a la CPE, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), César Cabrera, dijo a Los Tiempos que esa institución, que participará en el debate, no dará legitimidad a “decisiones ya tomadas”.

“Lo que pasa es que ellos (el Gobierno) tienen diseñado el escenario adecuado para (que), seguramente, ingresemos a modificar la Constitución y entre ellos (los puntos a modificar) se plantee la reelección (en alusión a viabilizar la repostulación del presidente Evo Morales). Ese va a ser el escenario, pero nosotros no vamos a legitimar algo que ya se ha acordado”, manifestó Cabrera.

El Conalab presentó una propuesta de trabajo en base a cuatro ejes, pero Cabrera dijo que hay disposición a debatir el conjunto de las propuestas que se presenten.

En la cumbre se debatirá “la modificación parcial de la Constitución Política del Estado en lo referente a (los) artículos 182, 188, 194 y 198”, explicó a los periodistas a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, citada por ABI.

Esos artículos hacen referencia a la elección por voto popular de los magistrados de los tribunales Constitucional, de Justicia y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Velasco dijo que el debate es a solicitud de seis de los nueve departamentos del país (Cochabamba, Pando, Beni, Tarija, Oruro y Santa Cruz), que pidieron abolir el voto popular porque “ha sido un fracaso para la sociedad boliviana en su conjunto”. Desde octubre del 2011, en Bolivia se eligen a las autoridades judiciales jerárquicas por sufragio.

“Entonces, el pueblo dijo en la mesa 1, por qué se ha elegido por voto popular, la justicia no cambió nada y ya estamos casi seis años con los magistrados. No cambió nada, entre ellos hay una pelea interna, incluso hay un cuoteo con la elección de jueces (…) Cochabamba, Pando, Beni, Tarija, Oruro y Santa Cruz, han optado por el No al voto popular, que se modifique la

Constitución, toda vez que ha sido un fracaso para la sociedad boliviana en su conjunto”, señaló Velasco según el reporte de Erbol.

Afirmó que sólo los departamentos de La Paz, Sucre y Potosí se pronunciaron a favor de mantener el voto popular para la elección de autoridades judiciales.

Según la Ministra, entre los motivos por los que las organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil que asistieron a las precumbres de justicia decidieron que se debata la eliminación del voto popular están la retardación de justicia, corrupción, maltrato a la población e incumplimiento de plazos procesales.

“También hubo un debate con relación a que nuestra justicia es muy ritualista, romanista, colonialista, es traída desde hace muchos años desde la colonia. Seguimos con expedientes de 10 cuerpos, 20 cuerpos, que tienen un año, dos años, cinco años, seguimos con los mismos expedientes, seguimos haciendo perder nuestras pruebas en los mismos juzgados”, acotó.

En los últimos días, dos periodistas y dos políticos, además de un abogado, denunciaron ser víctimas de persecución política de parte del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En la lista están los periodistas Wilson García Mérida y Carlos Valverde, ambos fuera del país, en Brasil y Argentina, respectivamente, por temor a represalias del Gobierno.

Entre los políticos, recientemente Samuel Doria Medina, jefe de UN, y el exgobernador de Beni Ernesto Suárez, denunciaron que el Gobierno intenta acallarlos con procesos.

El exabogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, se autodenominó también como “preso político” del Gobierno.

Demandas de la sociedad civil

En las últimas semanas, la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública Ciudadanía; el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Los Tiempos realizaron un ciclo de conversatorios con miras a la reforma judicial y la cumbre de justicia, en los que se plantearon sugerencias e identificaron algunos de los problemas en torno a la administración de justicia.

En el evento en el que participaron José Luis Baptista (ex defensor del Pueblo en Cochabamba), Nuria Gonzales (actual presidenta del Tribunal Departamental de Justicia) y Martha Saavedra (presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados) se identificaron a la injerencia política y la falta de carrera judicial y de formación de los operadores de justicia como los mayores problemas en la estructura del sistema judicial boliviano. Además, señalaron la falta de presupuesto, infraestructura y recursos humanos.

En el evento que tuvo por tema central los procedimientos judiciales, en el que participaron Ever Veizaga, fiscal de Distrito de Cochabamba, y Renato Pardo, experto en estos temas legales, además de la religiosa María de los Ángeles González, de la Pastoral de Penitenciaría del Arzobispado de Cochabamba, se detectaron distorsiones en la justicia boliviana que privilegia las formalidades en lugar de buscar el fondo (la verdad y la justicia). También se deploró la existencia de gran población carcelaria sin sentencia ejecutoriada.

En el último conversatorio, en el que participaron la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, y el abogado experto en temas de justicia, Cayo Salinas, los dos primeros coincidieron en que otro tema urgente de asumir es la independencia judicial. “Independencia, imparcialidad e idoneidad es lo que debe buscarse, pero parece que el Gobierno lo que menos quiere es independencia judicial”, dijo Montaño, quien también fustigó contra las universidades por la baja calidad profesional de los nuevos abogados.

SE USARÁN LOS INSUMOS DE LAS PRECUMBRES DE JUSTICIA PARA EL DEBATE

Habrá 6 mesas de trabajo

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, informó que se instalarán seis mesas de trabajo en la Cumbre Nacional de Justicia y cada una contará con un delegado de cada organización e institución participante.

Representantes de organizaciones sociales, sociedad civil, instituciones académicas y colegiadas, además de las instituciones estatales del Órgano Judicial  participarán en el debate de la cumbre judicial, prevista para el 3 y 4 de junio, en la ciudad de Sucre.

“La participación está dividida en tres: organizaciones sociales y de la sociedad civil-, el otro está (integrada por) instituciones académicas y colegiadas, universidades, instituciones de investigación en el área del derecho; y un tercer componente es de las instituciones estatales del Órgano Judicial, la defensa pública, etc.”, señaló.

La temáticas de las seis mesas son: modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional; acceso a la justicia plural; retardación de justicia; la corrupción en el sistema de justicia; política criminal y justicia penal; formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.

Jiménez explicó que cada mesa también contará con un documento que sistematizará el trabajo con los aportes y propuestas realizadas en cada una de las precumbres departamentales.

“Cada mesa tiene una sistematización de todas las mesas, incluida propuestas contradictorias que tienen que ser definidas en la cumbre nacional. Hay un trabajo de sistematización por mesa”, dijo.

“Tiene que haber debate, seguramente pondrán los insumos que vienen de las precumbres departamentales, sobre esos insumos se hará un debate aprobando propuesta o se irán descartando propuestas. Tomando en cuenta que en más de un caso  hay más de una propuesta para el mismo problema”, añadió.

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Feliciano Vegamonte, dijo que la mejor propuesta se va a validar, pero eso no significa que todas van a someterse a voto sino que se debatirá cuál queda entre las conclusiones de la cumbre. La Csutcb es afín al Gobierno.

PARA LA REFORMA JUDICIAL

“Hay que materializar el contenido de la CPE”

El abogado constitucionalista Herculiano Capusini considera que para realizar la reforma judicial es necesario materializar el contenido de la Constitución Política del Estado (CPE) y que Bolivia cuente con  leyes del derecho plurinacional comunitario.

“Las leyes se realizan en el Legislativo. Si es que no se cambian las leyes, difícilmente van a tener (poder) para cambiar la administración de justicia, porque básicamente el juez o la autoridad judicial lo que hace es aplicar la ley. Entonces, en ese entendido, la primera tarea tiene que encararla el Legislativo, (trabajar) en que realmente sean leyes del derecho plurinacional comunitario”, explicó.

Agregó que en un país plurinacional “tenemos que aprender de la comunidad las cosas buenas que tiene, y las comunidades también tienen que aprender de las urbes las cosas buenas que tienen, es decir, que tenemos que complementarnos en ese ámbito”.

Explicó que en la comunidad generalmente las sanciones se dan con trabajo comunitario, como la construcción de caminos carreteros, escuelas, hospitales o hacer adobe.

“Ahora tenemos en las cárceles miles de personas que están sin sentencia y hay muchas personas que están (detenidas) por delitos menores. Esa gente, por ejemplo, debería salir de las cárceles a trabajar, es decir, rescatando la lógica de la aplicación de la justicia en la comunidad”, manifestó.