La Paz, ciudad en peligro

La alcaldía de La Paz está atravesando internamente uno de sus peores mandatos de gestión. La Paz vive atorada de congestionamiento urbano con calles sucias en las que uno encuentra a cada paso huecos que pueden ser peligrosos y sobre los que la alcaldía paceña no hace nada. Calles malolientes, arboles creciendo a la deriva sin tratamiento ni cuidado, áreas verdes desprotegidas y sucias, estacionamientos en los dos frentes de calzada casi en todas las calles de la ciudad. Sopocachi, es un claro ejemplo de un barrio en peligro de destrucción. Pero ese detalle es poco. Una total ausencia de ordenanzas han desaparecido del vocabulario de las principales autoridades ediles. La ciudad está viviendo su peor crisis con el peligro de que sea demasiado tarde cuando se quiera hacer algo para poner freno a la destrucción que a diario la azota.

A una larga lista de descuidos en la administración de la ciudad que sería difícil enumerar, se suma una denuncia grave que señala que el 80% de las construcciones están fuera de norma. Esta es una muestra elocuente de que hay niveles de descontrol en el Gobierno Municipal. Y si esto ocurre con la construcción lo mismo pasa con toda la actividad relacionada al caótico crecimiento de La Paz: circulación a cualquier hora del día de tractores, volquetas, camiones de gran tamaño que de día y de noche transportan material de construcción dejando una destrucción terrible en las calles, contaminación ambiental y visual; choques, vuelcos espectaculares del transporte pesado poniendo en riesgo a los transeúntes y a los conductores del servicio público y privado.

En esta administración sin reglas claras, se ha conocido que el 80% de las construcciones en la ciudad de La Paz están fuera de norma. La urbanización Verde Olivo no es la excepción, según el concejal Isaac Fernández, secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial, las acciones de fiscalización municipal no son suficientes. Recordemos que la urbanización se desmoronó poniendo en peligro a una veintena de familiares de la policía. Y así como en esta urbanización hay cientas otras que se construyen sin cumplir las más elementales normas de seguridad con la venia y beneplácito de las autoridades ediles y con el consentimiento del concejo deliberante. No se necesita fiscalizar para darse cuenta que La Paz es una ciudad en destrucción permanente hace por lo menos un par de años.

El concejal Fernández denuncia este nuevo abuso contra los paceños sin que el mismo este midiendo las consecuencias del peligro que al menos hace tres años afecta a la ciudad en todos sus niveles, no solo en materia de construcción, también el descuido que presentan las principales calles y avenidas, las fachadas pintarrajeadas en las principales calles céntricas, sin que el concejo tome nota y comience a ejecutar medidas de emergencia para devolverle a La Paz por lo menos algo de lo que fue.

En relación con la urbanización Verde Olivo, el mismo concejal Fernández asegura que la comuna hubiera seguido un proceso técnico administrativo que evidenciaría deficiencias en la documentación, al no contar con los requisitos pertinentes la policía debiera asumir la responsabilidad por lo ocurrido. El concejal deriva responsabilidades a la institución policial cuando son ellos los corresponsables de una pésima gestión edil; sin respetar un conjunto de reglas La Paz es una ciudad en franca decadencia, un territorio tomado por una banda de autoridades que permiten cualquier  barbaridad a cambio de algo. Son corresponsables de la destrucción del patrimonio paceño; para que las construcciones no presenten estudios de suelo, planimetrías correctas, planos del cuidado medioambiental, respeto a las personas, áreas verdes, arreglo de las calzadas casi todas desechas, hay gato encerrado que permite todo esto.

“Esto pasa por la irresponsabilidad de quienes construyen sin tener autorización. Una institución tan importante como la Policía Boliviana no cumple la normativa del Gobierno municipal”, declaró el concejal Fernández, a quien le preguntamos de qué normativa habla cuando hay una total ausencia de normas que se incumplen en sus narices. Fernández dice que la afectación con el deslizamiento de Huani Huanuni no se reduce a una casa, sino a bloques que involucran la vida de varias familias. Un gran descubrimiento. Lo curioso es que estas denuncias suceden cuando ya ha pasado el hecho, una de las graves falencias de la actual administración edil con corresponsabilidad del concejo es dejar a vista y paciencia de todos crecer el problema que si no se lo frena a tiempo está a punto de provocar una de las peores crisis que jamás se han registrado en la historia de La Paz con agravantes mucho más serios.

Políticas preventivas

Por su parte, el concejal de oposición, Jorge Silva, señaló que gran parte de las construcciones no cuentan con planos de construcción, no están emplazadas dentro de una planimetría. La autoridad edil refirió que estudios geológicos revelan que más del 36% de áreas construidas en la ciudad de La Paz se encuentran en zonas de riesgo, al igual que el área paralela a Huanu Huanuni. “Esa señal debiera ser suficiente para que la Alcaldía realice obras de prevención”, afirmó.

Silva dijo que a pesar de un deslizamiento anterior en la misma zona habría puesto en evidencia la falta de acciones preventivas por parte de la Alcaldía. Recordó el dramático deslizamiento ocurrido en Callapa, febrero de 2011, atribuyendo tal hecho también a la falta de inversión en la estabilización de suelos. “Se cae Callapa e invierten cerca de Bs 200 mil para recuperar la zona afectada, lo propio ocurrió con Huanu Huanuni, cuando los trabajos deben hacerse antes de tener estos resultados. Desde el momento en que el ciudadano paga sus impuestos debe recibir atención municipal. Son ciudadanos que están cumpliendo con su obligación de pagar sus impuestos”, señaló.

Sostuvo que la urbanización Verde Olivio, debe solicitar su incorporación dentro del polígono de intervención en Huanu Huanuni. “En el aspecto legal existen los suficientes elementos y posibilidades para subsanar esas deficiencias para poder acceder a obras de atención por parte de la Alcaldía”.

En criterio de Silva, la comuna no tendría políticas de acciones de prevención, sino de reacción de emergencia. “Esos millones que se gastan en emergencias deberían invertirse en obras de asentamiento de suelos”, afirmó.

Impuestos

Por su parte, Danilsa Saravia y Virginia Rodríguez, afectadas de los bloques 3 y 17 de la urbanización Verde Olivio, señalaron que los adjudicatarios pagan impuestos municipales por inmuebles Bs 1.200 anuales por cada departamento, generando un total de Bs 200 mil que no se invierten en obras ni mejoras en el área. En criterio de los copropietarios, el pago de sus impuestos deben ser reinvertidos en el acondicionamiento de los terrenos y servicios, toda vez que no tendrían atención en aseo urbano, a pesar del descuento en la factura por energía eléctrica, pagarían doble factura en el suministro de agua potable, una global por la urbanización y otra individual, por cada departamento.