Gutiérrez denuncia presión del Gobierno para firmar acuerdo

El máximo dirigente de los cocaleros de Los Yungas de La Paz, Franklin Gutiérrez, denunció  que firmó el acuerdo para legalizar 22.000 hectáreas de cultivo bajo la presión del Gobierno. Aseguró que sus bases rechazan esa cifra, que beneficia en gran parte al trópico cochabambino.

“Me presionaron y la presión ha sido fuerte. Ustedes escucharon cómo hablaron los viceministros de mí. Me trataron de golpista, de muchas cosas. Una vez más el Gobierno se impuso, pero todos los productores rechazan la legalización de las 7.700 hectáreas para el trópico”, manifestó el dirigente.
La semana pasada, el Senado sancionó el proyecto de ley que concede 14.300 hectáreas de cultivo a La Paz y 7.700 a Cochabamba (22.000 en total). 
En un principio los cocaleros de los Yungas paceños rechazaron estas cantidades. Marcharon para conseguir al menos 24.000 hectáreas para su sector y la reducción en el Chapare. 
Después de siete días de movilizaciones los dirigentes se reunieron con el Gobierno y salió un preacuerdo que, sin embargo, fue quemado por las bases en su sede,  el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
El mismo día, 16 de febrero, Gutiérrez y los ejecutivos del Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas (Cofecay), David Huallhua y Guadalupe Rocabado, se reunieron para buscar una alternativa. Pero tres horas después cada quien salió por su lado para firmar el acuerdo sin hablar con todos los cocaleros, como lo hicieron al principio.
Los dirigentes explicaban a los productores -por separado- que si no aceptaban la última propuesta del Ejecutivo, lo perderían todo y La Paz se quedaría sólo con las 13.000 hectáreas que inicialmente se habían plasmado en el proyecto oficialista.
El mismo ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, cuya presidenta había ofrecido incluir las modificaciones si es que ministros y cocaleros llegaban a un arreglo. El tiempo estaba en contra de Adepcoca, que finalmente cedió en sus demandas.
Gutiérrez señaló que “hubo traición” de algunos dirigentes para “para dividir  las bases”.  Cuando se exhibió el documento firmado en el Ministerio de Gobierno el dirigente no estaba presente, como se esperaba.
Poco antes (tras la quema del preacuerdo) el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, acusó a Gutiérrez de tener intereses políticos y advirtió  que si había algún muerto sería su responsabilidad. 
Ahora que la nueva ley está a punto de promulgarse, Gutiérrez considera como  única alternativa esperar que culmine el gobierno de Morales, quien a la vez es el máximo líder de los cocaleros del Chapare, para impulsar un referendo que determine “cuál es la coca que se consume más y así abrogar esta ley y quitar las 7.700 hectáreas al trópico”.
“Tiene que ser después de este gobierno porque si no volverán a ganar con sus propias reglas”, añadió el presidente de Adepcoca.
A su vez, Huallhua considera que la firma del acuerdo no fue bajo presión, aunque admitió que los productores no están de acuerdo con la cantidad de hectáreas que se fijó. “Pero ese es un artículo; en lo demás se puede decir que un 90% de nuestras demandas se incluyeron”. 
Fue principalmente por ese artículo que los cocaleros yungueños se movilizaron y cercaron la plaza Murillo antes de ser expulsados por la Policía. 
Rocabado, otra de los máximos representantes de los Yungas que firmó el acuerdo, evitó referirse al tema.
Cocarico critica carta abierta
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, descalificó una carta abierta firmada por 147 ciudadanos  que  rechaza la legalización de 22.000 hectáreas de cultivo de coca.
La misiva señala que con la nueva ley se incentiva al narcotráfico, se incumplen compromisos internacionales y se afecta al medio ambiente con la deforestación. 
La autoridad identificó a por lo menos ocho de los que firmaron la carta como “políticos de oposición”, exfuncionarios de partidos neoliberales o actuales de partidos contrarios al MAS.
El Ministro explicó que no se puede argumentar que la nueva norma incentive al narcotráfico, ya que a diferencia de la Ley 1008 se penaliza actividades como el cultivo en zonas prohibidas.
Tampoco se puede considerar un incumplimiento a compromisos internacionales, ya que entre los países productores de coca Bolivia tiene la cantidad más baja con  20.200 hectáreas. Colombia tiene 69.000 hectáreas y Perú 40.300.
Además, la penalización del cultivo en zonas ilegales es una protección del medio ambiente, concluyó Cocarico.