En los tribunales de Nueva York han sido acusados peces gordos de todo tipo y color, desde capos mafiosos hasta ejecutivos de Wall Street. Pero un reto inédito surge ahora en esta ciudad: juzgar a quien señalan como el mayor narcotraficante del planeta.
Se trata de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien fue extraditado en enero desde su México natal a Estados Unidos y aguarda juicio en una corte federal de Brooklyn tras declararse inocente de los 17 cargos que enfrenta.
“Es un caso inusual”, advirtió el propio juez de la causa, Brian Cogan, aludiendo en febrero a información confidencial que recibió del gobierno sobre los riesgos que plantea la detención de Guzmán.
Garantizar un juicio adecuado a alguien que escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad en México y es acusado de liderar un cartel que maneja miles de millones de dólares plantea grandes dificultades a la fiscalía y la defensa, según expertos.
“Para ambos lados es duro”, sostiene Rob Heroy, un abogado que defendió al mexicano Carlos Ramón Castro-Rocha -sentenciado por producir y exportar heroína a EE.UU.- y que antes fuera asistente de un fiscal de distrito en Carolina del Norte.
“No sé si alguna vez hubo una acusación a alguien de escala tan grande en Estados Unidos. No se me ocurre. Si hubieran traído a Pablo Escobar sería otra historia, pero no lo trajeron. Y me sorprende que hayan traído al Chapo”, dice Heroy a BBC Mundo, comparando a Guzmán con el fallecido líder narco colombiano.
Aquí, cuatro de los mayores desafíos que plantea este juicio que promete ser histórico:
1. Los testigos
Desde que el Chapo fue extraditado a Nueva York, la fiscalía afirma que apoyará sus acusaciones en “decenas de testigos que realizaron transacciones cara a cara con Guzmán, para probar el poder de Guzmán, la corrupción y la violencia dentro del cartel de Sinaloa”.
Por ejemplo, indicó que proveedores y transportistas de drogas mexicanos y colombianos, así como distribuidores en EE.UU., pueden hablar de las operaciones ilícitas de Guzmán, mientras otros testigos detallarán los asesinatos cometidos por orden suya.
A esto, agregó el gobierno, se sumaría evidencia física y conversaciones grabadas ocultamente de Guzmán discutiendo transacciones de drogas.
De ser hallado culpable, Guzmán, de 59 años, podría recibir cadena perpetua. La pena de muerte ha sido descartada en el acuerdo de extradición con México.
De todos modos, una pregunta está abierta: ¿quién va a testificar contra Guzmán exactamente?
Heroy señala que los fiscales “siempre dicen que tienen testigos”, pero presentarlos ante la corte será el mayor desafío del gobierno.
“Imagino que el Chapo fue un tipo muy cuidadoso, estoy seguro que no estaba sentado ahí conduciendo tratos de droga mano a mano y entregando cocaína a todos. Probablemente solo hablaba con cinco o seis personas, y esos hablarían con otros”, explica.
“El Chapo podría tener una chance de juicio porque el gobierno podría no encontrar quien testifiquen sobre algo que específicamente hizo. E incluso si encuentra testigos, podrían no querer venir a la corte o el gobierno no querrá exponerlos”, agrega.
De hecho, en un documento enviado a la corte en marzo para mantener el confinamiento solitario de Guzmán en una prisión de máxima seguridad en Manhattan, la fiscalía alertó sobre la posibilidad de que se intente silenciar a quienes puedan dar su testimonio.
“Hay un riesgo sustancial de que las comunicaciones o contactos del acusado con personas asociadas con el cartel y algunas otras terceras partes podrían resultar en la muerte o lesiones corporales graves de personas, incluidos potenciales testigos en este caso”, sostuvo el gobierno.
El juez Cogan ordenó mantener protegida la información relacionada al caso, incluido el testimonio de personas, exigiendo al equipo de la defensa y otros obtener una autorización previa de acceso a través de un abogado mediador nombrado por el gobierno.
2. La seguridad
Garantizar la seguridad adecuada en un juicio como el de Guzmán es otro reto gigante para el gobierno, no sólo por la fama de evasor de prisiones de que el acusado trajo de México.
Las dos audiencias públicas que el Chapo tuvo hasta ahora ante el juez ocurrieron en medio de imponentes operativos policiales, que incluyeron el cierre parcial del puente de Brooklyn para el paso de la caravana de vehículos que lo transportaban.
La defensa ha calificado como “draconianas” las condiciones de reclusión de Guzmán en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, argumentando que su aislamiento en una celda 23 horas al día estaría afectando su salud mental y física.
“Guzmán está retenido bajo las peores, más restrictivas condiciones de cualquier preso detenido actualmente por el gobierno de Estados Unidos”, afirmaron los abogados defensores en una petición al juez el miércoles.
La organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional envió una carta a la fiscalía, obtenida por BBC Mundo, donde pide acceso a la cárcel y expresa preocupación porque las condiciones de encierro de Guzmán “parecen ser innecesariamente duras e infringir estándares internacionales de tratamiento humano”.
Pero el gobierno calificó de desacertados los reclamos sobre la salud del acusado y replicó que las medidas especiales de reclusión son necesarias.
Por ejemplo, recordó que, cuando estaba preso en México, Guzmán utilizó a terceros para mantener el liderazgo del cartel de Sinaloa y planificar sus escapes, el último de ellos en 2015 por un túnel subterráneo de kilómetro y medio.
En el pulso entre la defensa y el gobierno por el confinamiento del Chapo se ha citado a menudo el antecedente de Vincent Basciano, un exjefe de la familia Bonanno de la mafia de Nueva York condenado hace algunos años.
Pero la fiscalía comparó que Basciano nunca escapó de una cárcel y que el tamaño de su organización, por más grande que fuera, “es empequeñecido por la escala global del cartel” de Sinaloa.
Se trata, afirmó, del “mayor cartel de drogas en el mundo”.
3. La (casi)imposibilidad de un acuerdo
A veces los juicios por crimen organizado en EE.UU. concluyen con un acuerdo de entre el gobierno y el acusado, que se declara culpable a cambio de reducir su castigo.
Sin embargo, nada indica por ahora que algo así podría ocurrir con el capo mexicano, aunque éste pueda tener bastante información de interés para el gobierno.
Heroy señala que por un lado Guzmán no parece tener el perfil de “chivato”, y por otro es improbable que el gobierno le ofrezca una pena mucho menor a la cadena perpetua tras haberlo acusado de crímenes tan graves.
“Es casi una proposición de perder o perder para él”, explica el experto.
A eso se suma el hecho de que Guzmán enfrenta cargos en otros seis distritos de EE.UU., por lo que tendría que ganar varios juicios además del que espera en Nueva York para recuperar la libertad.
Todo esto aumenta la complejidad del caso y abre más interrogantes: ¿estará dispuesto Guzmán a soportar esa larga seguidilla de juicios, probablemente siempre en confinamiento solitario?
¿O acabará declarándose culpable, quizá tan solo a cambio de mejorar sus condiciones de reclusión?
4. El derecho de defensa
Otra cuestión que ha surgido en la antesala del juicio es cómo garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de Guzmán, quien hasta ahora cuenta con abogados de oficio.
El Chapo recibió esa defensa, que suele asistir a reos sin recursos para costearse un abogado privado, debido a que su extradición fue sorpresiva y carecía de un representante legal en Nueva York.
Sus abogados han argumentado que las medidas de seguridad en torno a Guzmán, que le impiden comunicarse con su esposa, limitan sus posibilidades de contratar un letrado privado.
Pero el gobierno también rechaza esto, señalando que el Chapo podría comunicarse con otros familiares aparte de su esposa, Emma Coronel, de quien sospecha que tenga un código para recibir mensajes ocultos de su marido.
El trasfondo de esto es que cualquier medio que Guzmán utilice para pagar un abogado privado entraría en el radar del gobierno, que también busca incautarle US$14.000 millones que estima que ganó con el narcotráfico.
La defensa argumentó además que el confinamiento solitario de Guzmán viola el debido proceso, por el cual nadie debe recibir castigo antes de ser hallado culpable.
Y sostuvo que la imagen que el gobierno ha proyectado públicamente de Guzmán, comparándolo con un “tumor cancerígeno”, así como el modo en que lo retratan los medios amenazan su derecho a recibir un juicio justo, con un jurado imparcial.
Pero el gobierno también respondió a esto, señalando que El Chapo se ha encargado de cultivar él mismo su imagen de narco, por ejemplo en una entrevista que concedió cuando estaba prófugo al actor estadounidense Sean Penn.
En particular, recordó que en el relato publicado de esa entrevista el año pasado, Penn atribuyó esta frase a Guzmán: “Proveo más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que cualquier otra persona en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y barcos”.