Arce responsabiliza a Achá si enjuician al Estado

El ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtió este lunes en Santa Cruz que si el Estado boliviano es enjuiciado por el caso de los talados, el responsable será el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo  Achá, a quien urgió la resolución inmediata del contrato con la empresa italiana Drillmec  destinado a la fabricación de tres de perforación petrolera.

Dijo que el pasado 21 de abril – un día después que Drillmec revelara que Achá dio la orden de proceder para la fabricación de los equipos – enviaron una carta al presidente d YPFB, solicitando información relativa a la ejecución del contrato y espera que se le “remita toda la documentación que pudiera haber de una supuesta ejecución de este contrato”.

“Estamos a la espera, advirtiendo que este Ministerio ha solicitado, ha recomendado y ha requerido de manera más firme la resolución de este contrato, por adolecer de una serie de irregularidades y hemos advertido claramente que cualquier responsabilidad futura que pudiera existir en el Estado boliviano, responsabilidad económica, si bien no hay ningún daño económico al Estado, pero si sucedieran juicios, arbitrajes o problemas más adelante, serán de exclusiva responsabilidad del presidente de YPFB y de los funcionarios involucrados”, declaró en conferencia de prensa.

Arce respaldó la versión del viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, quien el domingo declaró que Achá no está exonerado del proceso. Es más el ministro Arce  aclaró que el ejecutivo petrolero “está a disposición del Ministerio Público” motivo por el cual solicitaron apartarse del proceso.

Sin embargo advirtió también “de encontrarse responsabilidad puede ser incluido en igualdad de condiciones”, puntualizó el ministro.

Recordó que la investigación inicial fue al proceso de licitación y proceso de contratación, tras una denuncia conocida por el director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Eduardo Novillo, quien emitió un informe donde se identifican diferentes irregularidades cometidas por 15 funcionarios de YPFB.

Posteriormente, el ministerio de Justicia presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado que en horas pasadas remitió la misma a la Fiscalía de La Paz, donde se asignó a un fiscal para investigar el proceso de licitación que adjudicada a la empresa italiana por un valor de 148 millones de dólares.