Unidades de Transparencia bajo control de Ministerio de Justicia

La Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción le otorga más competencias de control al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para la evaluación, supervisión y coordinación de las denuncias por actos de corrupción en todos los ministerios. El vicepresidente Álvaro García, en ejercicio de la presidencia, promulgó ayer la norma.

En el artículo 15, la ley establece: “Es responsabilidad del nivel central del Estado, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ejercer la coordinación supervisión y evaluación de las denuncias por actos de corrupción en gestiones de las unidades de trasparencia”.

Además, determina que estas nuevas unidades deben reportar a esa cartera de Estado todas las acciones que realicen, desde la implementación de la norma hasta las denuncias, por negativa injustificada de proporcionar la información pública.

NORMA

Según el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, las unidades también realizarán control a medida que avancen los procesos de la ejecución de algún proyecto determinado. En caso de que se identifiquen anormalidades, la máxima autoridad de la instancia deberá paralizar el programa.

“Si hay algún elemento que esté vinculado con actos de corrupción, de inmediato la MAE (máxima autoridad) debe paralizar el proceso, lo que es una especie de control previo que se va a realizar”, explicó.

A la vez, en el parágrafo VI, del artículo 15 de dicha norma, determina que la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público deberán notificar con todas las actuaciones procesales al Ministerio de Justicia o al Viceministerio de Transparencia, incluyendo los procesos penales que sean coadyuvantes.

CONFUSIÓN

En su discurso de promulgación, García generó una confusión sobre quién tendría la potestad de nombrar a los nuevos responsables de estas unidades de transparencia.

“Los responsables de las unidades de transparencia no serán designados por los titulares de los ministerios o empresas estatales, sino por otras instancias, para un mejor control y evitar complicidad en actos delictivos perpetrados por funcionarios”, enfatizó.

Sin embargo, el artículo 11 de la ley asegura que los jefes de las Unidades de Transparencia de los Ministerios serán designados por la máxima autoridad de cada cartera de Estado, es decir, por cada ministro.

Pero, tras la explicación del viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, aclaró este que la designación de las nuevas autoridades se realizará en coordinación entre las máximas autoridades y “consultas externas”.

“Se están formando mecanismos para el nombramiento de estas autoridades, con consultas externas (…), es una designación cruzada para permitir el mejor control por parte de las unidades de transparencia, que ahora tendrán competencia que antes no la tenían”, detalló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, manifestó que no es necesario precisar quién nombrará a estas nuevas autoridades, lo que importa es que estas tengan el compromiso de llevar adelante las investigaciones por hechos de corrupción.

DATOS

– “Es responsabilidad del nivel central del Estado, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ejercer la coordinación supervisión y evaluación de las denuncias por actos de corrupción que gestionen las unidades de trasparencia”, artículo 15.

– “Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción y participar en calidad de coadyuvante en proceso penales en los que tenga afectación el Estado cuyo daño económico sea igual o mayor a 7 millones de bolivianos”, Artículo 15, parágrafo 2.

– Se implementará el Sistema de Información de transparencia Prevención y Lucha Contra la Corrupción (Sitpreco,) donde se abrirá el registro de servidores o responsables de las unidades de transparencia de cada entidad estatal.