Desfalco: Detenidos alertan encubrimiento a verdaderos culpables

Tras la detención de seis nuevos funcionarios de baja jerarquía por el desfalco en el Banco Unión, la abogada defensora de uno de los co-imputados, Paola Barriga, denunció que hay intenciones de encubrir a los verdaderos responsables como los miembros del directorio, ejecutivos y responsables de la Unidad de Auditoría Interna.

El Fiscal de Materia Daniel Ayala, a tiempo de justificar la solicitud de detención preventiva, dijo que se ha demostrado la probabilidad de autoría de los delitos financieros y asociación delictuosa en la que habrían incurrido subgerentes y personal que tenía a cargo del cruce de información sobre el movimiento económico.

Con las nuevas detenciones suman a 25 las personas detenidas preventivamente por el desfalco de 37 millones de bolivianos, a cargo del jefe de la Agencia Provincial de Batallas, Juan Pari, quien actualmente se está detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

Sin embargo Barriga responsabilizó de este hecho a la planta ejecutiva del Banco porque se trata de la desaparición de millones de bolivianos.

“Cómo es posible que la Unidad de Auditoría no sabía, cómo es posible que la ASFI no sabía?, cuestionó tras la orden de la juez anticorrupción Cinthia Delgadillo de enviar a seis nuevos implicados a la cárcel.

Observó que durante la audiencia cautelar, habían representantes de cinco entidades entre ellos Ministerio de Transparencia, ASFI, Procuraduría, Banco Unión y el Ministerio Público y ninguna de estas entidades, se dio cuenta que en diciembre de 2016 ya hubo dinero faltante y que la auditoria a diciembre no ha cuadrado en cifras.

“¿Dónde está ese rol? ¿Por qué han permitido que esta falencia continúe?. Hoy día sí tenemos la objetividad para demostrar con absoluta claridad a la población, que estas detenciones son un exceso porque pretenden ocultar a los verdaderos autores,  a quienes realmente les ha interesado que no se fiscalice ni se identifique el faltante en diciembre de 2016”, declaró a la prensa.

Barriga dijo que hay informes que señalaban que no había un control sistemático sobre el movimiento de dinero y que los ejecutivos encargados no hicieron absolutamente nada.

Sin embargo, el cuestionamiento no solo vino desde la parte legal, sino también desde la Asamblea Legislativa, donde la senadora Carmen Eva Gonzales pidió investigar a la gerente general Marcia Villarroel, a los directores y exigió la destitución del asesor legal Aldo Burgos  por ser el responsable de velar por la transparencia de los actos administrativos de la entidad bancaria.