Deudas de empresas sociales se pagarán con bienes de dueños

El proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales aprobado por la Asamblea Legislativa  dispone que las deudas de las unidades productivas que sean transferidas a los trabajadores se pagarán con la totalidad de los bienes de los empleadores.

El inciso cuarto del capítulo de “Disposiciones adicionales” del documento   señala, de forma textual: “En caso de que el balance social determine la existencia de deudas que sobrepasan el activo de la empresa,  a efectos del cumplimiento de tales obligaciones, las mismas serán asumidas por el empleador con la totalidad de sus bienes, conforme al artículo 1335 del Código Civil”.

Al respecto, la senadora María Lourdes Landívar, de Unidad Demócrata (UD), afirmó que la norma es “ambigua” e “imprecisa”, y que su contenido atenta contra derechos consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE). “Una empresa que está quebrada o se encuentra en situación de abandono es lógico que tenga más pasivos que activos, si no, no estaría quebrada, y la pregunta que  hicimos es qué pasa con el resto del pasivo. El pasivo no es sólo que se le deba plata al banco, puede ser a los proveedores”, manifestó.

En opinión de la legisladora de oposición, la Ley de Empresas Sociales no especifica qué sucederá con los acreedores de la empresa una vez que sea entregada a los obreros.

“¿Qué va a pasar con las deudas a las AFP, al seguro de salud, a los proveedores? Estos son temas que no responde la norma. Esta ley atenta contra la propiedad privada de los empresarios, pero también de los acreedores y del derecho que tienen ellos de que se les pague su deuda. Los acreedores también pueden ser pequeñas empresas que ofrezcan servicios, materiales”, dijo.

El proyecto de ley establece que las unidades productivas podrán pasar a ser de propiedad de los trabajadores ante casos de “despido masivo”, “quiebra” o “abandono” de la empresa por parte del empleador.

El inciso quinto del artículo 10 de la nueva norma establece: “El juez en materia laboral dispondrá la transferencia de la empresa a través de un contrato de dación en pago, con arreglo al Artículo 307 del Código Civil; a los trabajadores, quienes adquieren en propiedad los activos y la obligación de satisfacer el pasivo de la misma, hasta el monto del valor del activo”.

Landívar acotó que, en este caso, la norma no especifica qué ocurrirá con los derechos de los acreedores que no alcancen a cobrar lo que se les debe, una vez finalizado el proceso de entrega de la empresa a los obreros.

Asimismo, el inciso II de las “Disposiciones adicionales” de la ley señala que el sistema financiero podrá conceder créditos “preferentes” para que los trabajadores puedan “reactivar” la unidad productiva que piden.

Al respecto, el diputado oficialista Alex Mamani señaló que los micro y pequeños empresarios deberían quedar exentos de la norma, ya que son de los  más vulnerables a quebrar.

“Las micro y pequeñas empresas deberían quedar fuera de esta ley, porque muchas han cerrado y, como dice la norma, si se declaran en quiebra, los trabajadores la toman y ¿dónde queda el dueño?”, indicó el diputado del Movimiento Al Socialismo.

En versión del también legislador oficialista Édgar Montaño, los empresarios que tengan sugerencias para la aplicación de la ley “todavía pueden presentar sus observaciones” para que las incluyan en la reglamentación.

Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, sostuvo que la Ley de Empresas Sociales “es un avance” y que las compañías funcionarán más allá de la quiebra, con recursos de los obreros.

“Conocemos la postura de los empresarios, cierran una empresa y los trabajadores quedan en la calle. Ahora va a ser diferente, porque vamos a seguir trabajando, con recursos propios de los trabajadores”, remarcó.

El proyecto de ley fue aprobado la noche del jueves por Diputados y se prevé que el martes sea promulgado por el Presidente.

Cainco: Se vulnera derecho de  acreedores

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco)  advirtió que la Ley de Empresas Sociales vulnera derechos de acreedores y atenta contra el derecho de la propiedad privada, consagrada en la Constitución Política del Estado.

Jorge Arias, presidente de la entidad, alertó  que la norma permitirá que con un proceso sin garantías constitucionales los trabajadores se apropien del patrimonio de las empresas, “violando el principio de universalidad de los acreedores”.

Según el titular de Cainco, se está dando a los trabajadores privilegios discrecionales que no corresponden por estar fuera del marco legal constitucional. “Exhortamos al Gobierno no negociar el patrimonio de las empresas con la Central Obrera Boliviana (COB). Es un peligro para el futuro económico de todo el país”, alertó Arias.

La  norma afectará a  empresas de todo tamaño.

CAO advierte que bancos se quedarán sin cobrar pasivos

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió ayer que si los propietarios pierden sus empresas como efecto de la nueva Ley de Creación de Empresas Sociales,  no tendrán con qué pagar su deuda y los bancos no podrán recuperar los recursos prestados con dinero de los ahorristas.

El presidente de la entidad, Freddy Suárez, señaló que al emitirse esa norma, se dará un golpe final a las iniciativas privadas porque ahuyentará las inversiones y nadie se arriesgará a endeudarse si la seguridad jurídica de su capital  queda sujeta a una norma confiscatoria.

“La incertidumbre  no sólo es para los emprendedores. Con este escenario, las  entidades financieras tampoco tendrían seguridad jurídica para financiar emprendimientos porque si el propietario pierde la empresa, no tendrá con qué pagar la deuda y los bancos no podrían recuperar sus recursos”, alertó Suárez.

El titular de la CAO sostuvo que el sector   no está en contra de los trabajadores que así lo deseen puedan convertirse en empresarios, pero no con la toma de empresas que costaron sacrificio y décadas hasta que estén consolidadas. ” Pedimos al Gobierno que si quiere crear empresas sociales, lo haga en base a nuevos emprendimientos y sin subsidiar   ni poner en riesgo los recursos de todos los bolivianos”, precisó Suárez.

La CAO solicitó al Gobierno no llevar  adelante estas medidas que en criterio de la entidad  son desastrosas para la economía y que lejos de recuperar empresas en quiebra, sólo  paralizarán inversiones y creación de empleo.