Chapetón sale en libertad pero con medidas sustitutivas

La Juez Tercero Anticorrupción de la ciudad de La Paz Claudia Castro determinó la mañana de este viernes la libertad de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón y aplicó cinco medidas sustitutivas a la detención preventiva que fue solicitada por el Viceministerio de Transparencia y que a última hora se retractó  de su pedido de enviar a la autoridad municipal a la cárcel de Obrajes.

La Juez dispuso que la alcaldesa Soledad Chapetón tiene arraigo, deberá presentarse cada 15 días al registro biométrico; está prohibida de concurrir a lugares determinados que tengan relación con el hecho principal, no  puede emitir datos sobre este proceso en medios de comunicación social, está prohibida de comunicarse con el personal implicado en el caso. Adicionalmente deberá presentar dos garantes que, ante la eventualidad de fuga, deberían pagar Bs 15.000.

El abogado defensor Héctor Tapia dijo que en audiencia anunciaron la apelación restringida que fue concedida por la juez, porque concluyeron que el proceso se basó en una irregularidad porque ya no se basa sobre la supuesta transferencia de un terreno que se hubiera hecho a un privado en la urbanización Yunguyo Alto en la zona de Río  Seco.

Dijo que la parte acusadora argumenta una resolución administrativa 035/2016, dictada por la alcaldesa en la que supuestamente no se colocó la decisión de la Ordenanza Municipal 138/2003, donde se ordenó anular similares disposiciones mediante las cuales en 1991 se había efectuado la transferencia de 1.507 metros a un privado.

Los denunciantes consideraron que las ordenanzas  posteriores emitidas por Chapetón, deberían tener la virtud y la posibilidad de anular el derecho propietario  registrado en la oficina de Derechos Reales, cuando todos saben que la única posibilidad de anular es a través de una sentencia dictada por un juez público en lo civil.

“Mientras no exista aquella nulidad, lamentablemente el actual poseedor sigue siendo propietario de esa porción de terreno”, declaró al señalar que el retiro de la denuncia del diputado Rafael Quispe fue utilizado para generar un riesgo procesal, pero entiende que el Ministerio Público continuar con el caso.