El agro exige ahora maíz y algodón transgénicos; ambientalistas objetan

Después de que, el lunes, el Gobierno anunció que autorizará el uso de biotecnología (transgénicos) en el cultivo de soya destinada a la producción de biodiésel, los productores agropecuarios de Santa Cruz apuntan ahora a extender la permisión de organismos genéticamente modificados el algodón y el maíz.

Investigadores de organizaciones con estudios del medioambiente, como el Cedib, Probioma y la Fundación Tierra, expresaron ayer su sorpresa y estado de alerta ante el giro del Gobierno en un año electoral, transgrediendo normas legales, autorizando el uso sin que se haya hecho estudios y poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente. Además, estas dos últimas organizaciones ponen en duda de la rentabilidad económica de la permisión.

El lunes, el Gobierno y los empresarios privados de Santa Cruz firmaron un acuerdo para el uso de biotecnología en 250 mil nuevas hectáreas de soya. Al respecto, el presidente la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, dijo que el siguiente reto es la aplicación de biotecnología en algodón, maíz y trigo. “Creo que ya estamos cerca de poder lograrlo porque es una necesidad”, dijo.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidro Barrientos, dijo que “se tardó mucho” en aprobar la soya transgénica y que ahora hay que apuntar al maíz y al algodón. Una versión parecida la dio Deisy Choque, dirigente de los productores del Norte Integrado.

Del otro lado, el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, dijo que la decisión no era buena ni desde el punto de visto económico ni del ecológico. “Según estudios de los propios agroempresarios, la producción no será rentable. La única manera en que esto va a funcionar es con mayores subsidios. Y el Gobierno ya gasta 350 millones de dólares anuales con la importación del diésel. Y si no hay subsidios, siempre habrá la posibilidad de exportar el producto. El negocio será para los agroempresarios, no así para el Gobierno ni para la población”, dijo. “Además, están los efectos ambientales ya conocidos”, añadió.

Por su parte, el responsable de la Unidad de Agroecología de Probioma, Antonio Sanjinés, observó que si se autorizan eventos transgénicos en soya a través de decretos se estaría pasando sobre la Constitución Política del Estado y otras que prohíben eventos transgénicos. El artículo 24 numeral 8 de ley de la Madre Tierra establece que se deben eliminar los cultivos transgénicos que existen en el país, observó.

“Por otra parte, cuando ingresa un evento transgénico en un cultivo, mínimamente en el territorio boliviano se debe llevar adelante los estudios científicos de riesgo in situ, esto está establecido en el Protocolo de Cartagena del cual es signatario nuestro país. Nada de eso se ha hecho”, dijo.

Finalmente, el investigador del Cedib Marco Gandarillas observó también el aspecto constitucional, e interpretó que el cambio de discurso del Gobierno obedece a una inquietud electoral por ganarse al empresariado privado de Santa Cruz. Sobre el tema, Colque añadió que el Gobierno también se gana a sectores campesinos. Por tanto, no habrá quién interponga una demanda o un recurso a la determinación.

DUDAN HASTA DE LA RENTABILIDAD

Para el director de la Fundación Tierra, el proyecto no es sostenible ni desde un punto de vista económico ni ecológico, sobre todo si se va a seguir importando diésel para la maquinaria que cultivará soya.

El investigador de Probioma Antonio Sanjinés dijo que no habrá mejora agrícola sin investigación en semillas, suelos y bosque. “Y esos temas no le interesa al Gobierno discutir”.

Además, considerando las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se ampliará la frontera agrícola en más de 250 mil hectáreas. “Eso significara más sequía e inundaciones en las áreas productivas y para los bolivianos alimentos más tóxicos llenos de agroquímicos”, dijo.