Indagan a funcionarios del TSJ y el TCP por favorecer a Montenegro

Las investigaciones por el supuesto favorecimiento al narcotraficante Pedro Montenegro Paz alcanzan no solamente a funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino también a miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ambas instancias tardaron casi tres años en notificar a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca sobre la existencia de la Sentencia Constitucional 0711/2016-S1 que revocó la sentencia de un juez de Cotoca (Santa Cruz), que dejaba sin efecto la detención preventiva con fines de extradición a Brasil para el narcotraficante.

Mauricio Nava Morales, fiscal departamental de Chuquisaca, informó ayer que se inició una investigación, de oficio, en contra de “autor o autores” de delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. La investigación está dirigida a funcionarios del TSJ y del TCP.

“La relación de hechos que nosotros tenemos, primero, se basa en una posible falsedad en el auto supremo y, dos, en la omisión que ha tenido, que ha existido por algún funcionario, presumimos, en el Tribunal Constitucional por habernos notificado recién después de tanto tiempo. No nos olvidemos que la sentencia constitucional es de 2016”, explicó Nava.

Según un reporte de Unitel, tres miembros del TSJ declararon el pasado martes ante el Ministerio Público. Sin embargo, Nova anunció que también se citará a funcionarios del TCP.

El pasado 15 de mayo, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, denunció que el contenido del Auto Supremo 075/2015, que disponía la detención preventiva de Montenegro con fines de extradición a Brasil, fue alterado o suprimido, supuestamente para beneficiar a Montenegro, a quien, efectivamente, el Juez de Partido, de Sentencia Penal, de Niñez y Adolescencia y Mixto de Cotoca, del departamento de Santa Cruz, le concedió la tutela que dejó sin efecto la orden de detención.

Revilla anunció procesos penales para los responsables de alterar el contenido del Auto Supremo 075/5015.

Más implicados

El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas, y su esposa, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Joyce Lizeth Choquerive, se presentaron ayer a la Fiscalía de Sustancias Controladas para prestar su declaración informativa. Sin embargo, ésta fue suspendida dado que los fiscales no se presentaron debido a una cargada agenda.

Vargas aseguró que se presentará las veces que sea necesario y ratificó su inocencia.

“Seguro de que voy a hablar con la verdad y demostrar mi inocencia y eximir de mi responsabilidad en la causa, es que me voy a presentar las veces que sea necesario”, dijo Vargas, mientras que Choquerive evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.

El fiscal Gerardo Balderas informó que esta semana está prevista la declaración de la exmagistrada María Belén Laguna, también involucrada con Montenegro.

3 procesos tiene Montenegro. El primero por falsedad ideológica, el segundo por legitimación de ganancias ilícitas y el tercero por tráfico de sustancias controladas.

BIENES DE LA RED PASARÁN AL ESTADO HASTA FIN DE AÑO

REDACCIÓN CENTRAL

El director nacional de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, informó que esta semana se realiza el trámite de recepción de los inmuebles y vehículos de Pedro Montenegro Paz y Gonzalo Medina que fueron secuestrados en semanas pasadas con la finalidad de administrarlos. Indicó que la investigación se realiza en coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF) para establecer el origen de dichos activos, cuyo valor evitó precisar. Sin embargo, dijo que son 25 bienes, entre inmuebles y motorizados.

Gutiérrez agregó que, en caso de encontrar pruebas de un origen ilícito, los bienes pasarán al Estado hasta fin de año.