Gobierno designó a procesada por estafa como encargada de Dircabi

En contrasentido con los discursos que desde el Gobierno se han venido dando en las últimas semanas, en los que se ha pedido transparencia y ética a los funcionarios de la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, debido a que algunos de sus miembros se vieron envueltos en casos de narcotráfico, corrupción o se conoció que estaban siendo indagados por diversos ilícitos, desde el Ministerio de Gobierno se designó, en abril de este año, a Patricia Salazar Morant como la responsable de administrar los bienes incautados al narcotráfico en Santa Cruz.

La funcionaria pública, que dijo haber sido invitada para ocupar este cargo, fue denunciada por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples, sindicación que data de mediados de 2016.

A la fecha el caso terminó su etapa de investigación preliminar y la Fiscalía acusó a Salazar Morant y a Marco Antonio Montero Choma, supuestos autores del delito de estafa, ante el Tribunal Décimo Primero de Sentencia para que sean juzgados y sea esta instancia la que defina su inocencia o culpabilidad, luego de un juicio oral.

Sin embargo, esta acción aún no logra concretarse, ya que desde enero de este año hasta la fecha se ha suspendido en cuatro oportunidades y por diversas razones el inicio de juicio oral, el mismo que se espera comience este 11 de junio, la última fecha marcada por los jueces Álex Bejarano Yaveta y Zulema Edith Medina Méndez, luego de la última suspensión ocurrida el 4 de junio. Tanto Salazar como Montero estuvieron presos en el penal de Palmasola entre 2016 y 2017, y ahora tienen el beneficio de defenderse en libertad.

Niega tener juicio EL DEBER llegó ayer hasta las oficinas de Dircabi, que están en la zona del barrio Santa Rosita, y constató que Salazar es la titular de esta dependencia gubernamental, que esta semana comenzó con la recepción de los bienes incautados en el reciente caso del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

En la entrevista a este medio, ella explicó que antes de llegar a Dircabi estuvo dos años y medio en Aduana, como abogada en la unidad jurídica. Sin embargo, cuando se le consultó sobre si estaba siendo enjuiciada por alguna causa, respondió: “no, no”. Luego se le volvió a preguntar si existe algún proceso por estafa en su contra, a lo que Salazar respondió: “Es algo injusto…” Alegó que ella en realidad descubrió este caso, pero que por supuestas maniobras judiciales la convirtieron en acusada y que el proceso, que según ella debía sustanciarse en Portachuelo, se trasladó a Santa Cruz.

Darling Franco, abogada apoderada de 13 víctimas de la supuesta estafa agravada donde es acusada Salazar y Montero, indicó que esta causa se inició en 2016 debido a las denuncias de estudiantes que habrían sido estafados por unos cursos de un centro de educación técnica en ramas de la salud en provincia.

Se requirió un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno a través del director de Conaltid, Hugo Siles, y este señaló que Salazar cumplió con todos los requisitos para el cargo pues no tiene sentencia ejecutoriada u otra causal que le impida acceder al cargo. Sobre si se conocía su proceso y si no es un contrasentido sobre la ‘limpieza’ que se pide en la Policía y otras instituciones, señaló que el ministerio tiene una jefatura de Recursos Humanos que realiza las evaluaciones y que Salazar tiene su propia versión como descargo sobre su proceso, la cual ella hizo conocer a este medio periodístico.

EL CASO GENERA DIFERENTES REACCIONES Y COINCIDENCIAS POR IR CONTRA EL DISCURSO PROMOVIDO POR EL GOBIERNO
El abogado y asambleísta departamental por Demócratas, José Luis Santiestevan, dijo que el artículo 232 de Constitución Política del Estado habla sobre la ética, transparencia y honestidad que debe regirse en la administración pública.

“Estos principios están siendo violados por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) al designar a una mujer que tiene pendiente un juicio oral por estafa, como la encargada de Dircabi en Santa Cruz”, apuntó el legislador opositor al partido en función de Gobierno. A decir del jurista, la estafa es un delito que lesiona la fe pública.

“¿Cómo una persona puede ser servidor público con un proceso tan grave como este?”, se preguntó el asambleista e insistió en señalar que Dircabi es uno de los brazos operativos del Ministerio de Gobierno y apuntó que fue una mala decisión la que se tomó al dejar que una persona procesada se encargue de administrar los bienes incautados al narcotráfico.

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, diputado Édgar Montaño, se mostró sorprendido al ser consultado sobre este tema que dijo desconocer; sin embargo, reconoció que designar a una funcionaria con los antecedentes de Patricia Salazar, iría en contra del discurso de idoneidad que tiene el Gobierno. Montaño pidió informarse mejor del tema, aunque apuntó que si no hay contravención legal para que la mujer asuma el cargo, no deberían existir controversias.