Después de un juicio abreviado, en el que ambas partes estuvieron de acuerdo, la jueza Marianela Salazar sentenció ayer al narcotraficante Pedro Montenegro Paz a seis años de cárcel por el delito de falsedad. Este fallo lo salva de ser extraditado a Brasil, como ya estaba previsto.

Montenegro se declaró culpable de los delitos de falsedad y uso de instrumento falsificado al adulterar sus documentos de identidad con el nombre de Pedro Hoffman Sainz. Sin embargo, la Fiscalía le abrió otros dos procesos más, uno por legitimación de ganancias ilícitas y el otro por narcotráfico, pero en este caso no emite hasta la fecha  la imputación correspondiente.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que Montenegro no podrá ser trasladado a Brasil mientras no cumpla la condena en Bolivia. “A partir de tener conocimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre el señor Montenegro, el Ministerio Público se va a pronunciar sobre la procedencia de la extradición con efecto diferible, es decir que luego de que cumpla la condena que fue impuesta al señor Montenegro se debe dar curso a la extradición”.

El detenido tenía una orden de captura de Brasil desde 2015 por el delito de tráfico de drogas, luego de que en el país vecino se  desarticulara una banda criminal que transportaba cocaína a Europa. El boliviano era parte de esa organización, pero escapó a Bolivia. En mayo de este año su nombre salió a la luz después del escándalo en el que lo vinculaban con jefes policiales en el delito de narcotráfico.

Finalmente, el 11 de mayo se entregó a la Policía y desde esa fecha guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz.

A finales de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió la solicitud oficial de Brasil para que Montenegro sea extraditado. El presidente de esa entidad, José Antonio Revilla, dijo que lo que correspondía era agilizar el pedido.

Sin embargo, ahora la situación cambia. De acuerdo con los diferentes tratados de extradición, Montenegro no puede ser llevado a Brasil porque allá no fue sentenciado todavía. Es decir, que para ser procesado por narcotráfico en Brasil  primero deberá cumplir su condena en Bolivia por el delito menor por el que se sometió a juicio abreviado.

El abogado de Montenegro, Ariel Góngora, coincidió con Lanchipa. “Existe una sentencia ejecutoriada y ordenada por una jueza, la cual (señala que) debe guardar detención en el centro de rehabilitación de Palmasola, y no podrá ser extraditado, a pesar de que como ciudadano boliviano él tampoco podía ser extraditado”, aseguró.

En Brasil el ciudadano boliviano es buscado por ser integrante de una red de narcos. Las autoridades tienen indicios de culpabilidad y por eso esperaban su extradición para someterlo a un proceso penal. Todo lo contrario ocurre en Bolivia, el fiscal del caso, Luis Enrique Rodríguez, manifestó en dos oportunidades que se  busca  evidencias contra Montenegro por el delito de narcotráfico, pero hasta la fecha no hay imputación.

En más de dos meses de investigación, la Fiscalía logró establecer que más de una decena de inmuebles estaban a su nombre en la capital cruceña, entre ellos una mansión en el barrio residencial Las Palmas, una estancia, un edificio y vehículos. No obstante, en ese tiempo la Fiscalía no dio con evidencias contra Montenegro por tráfico de sustancias controladas, hecho que lo tiene lejos del proceso.

Monasterio: Ya había  negociación

El diputado opositor y quien realiza investigaciones sobre el narcotráfico en Bolivia  Tomás Monasterio  afirmó que el fallo de la justicia contra Montenegro es una muestra de un “concubinato” entre el Gobierno y el narcotráfico.

“Lo dijimos desde el primer momento, desde que hubo esa entrega (de Montenegro a la Policía) tan bien montada  ya había una negociación desde un inicio para que esta persona no afronte la justicia en Brasil”, aseguró el diputado.

Lamentó la conducta “complaciente, servil y funcional”  del aparato estatal.

“Esta sentencia hace entender que hoy el Gobierno protege a los narcotraficantes, es un antecedente absolutamente nefasto para la justicia en nuestro país y la imagen de Bolivia ante el mundo”, manifestó.

El fiscal general, Juan Lanchipa, señaló que el Ministerio Público realizó un trabajo de investigación exhaustivo para establecer que Montenegro alteró sus documentos de identidad, mediante la partida de nacimiento. Dijo que esa pesquisa llegó a su fin con el proceso abreviado.