¿Por qué los bolivianos no confían en su Tribunal Electoral?

El resultado de las elecciones bolivianas de este domingo fue denunciado como fraudulento por la oposición y ha dado lugar a protestas en todo el país. El principal blanco de esta crítica es el Tribunal Supremo Electoral, el cuerpo colegiado encargado de organizar las votaciones, realizar los escrutinios y nominar al ganador de las elecciones.

En varios países de Latinoamérica, inclusive en Bolivia, este organismo constituye el “cuarto poder del Estado”, pero en la percepción de la mayoría de los bolivianos se trata solamente de una dependencia del Gobierno. Una encuesta realizada antes de las elecciones encontró que el 60% de los bolivianos creía que habría fraude en estas. Los propios miembros del Tribunal reconocieron -cuando se reunieron con los observadores de la OEA, cuando estos acababan de llegar a Bolivia- que gozaban de poca credibilidad.

La actuación de la autoridad electoral durante el conteo de votos contribuyó a la actual situación de crisis, en la que quienes fueron declarados perdedores no reconocen el triunfo del presidente Evo Morales y los edificios del Tribunal han sido atacados por los manifestantes. En la noche de la elección, este interrumpió la transmisión rápida de los resultados, luego de haber cubierto únicamente el 83% de la votación. Afirmó que había tomado esta determinación para “no confundir” estos resultados con los que arrojaría el conteo físico, que había comenzado justamente en este momento. Esta decisión ocasionó la protesta del candidato Carlos Mesa, que exigió la reanudación del conteo rápido. Al día siguiente, y sin ninguna explicación de parte del Tribunal, este conteo se reanudó y dio la victoria en primera vuelta al partido de gobierno. Este comportamiento del “árbitro” de las elecciones fue considerado sospechoso y es esgrimido por los opositores como la principal prueba de lo que consideran un “claro fraude”.

El desprestigio del Tribunal Electoral comenzó mucho antes, a fines de 2018, cuando debía inscribir a la dupla oficialista, que una buena parte de la sociedad consideraba ilegítima, en las actuales elecciones. La tensión que esta situación creó en la institución terminó en la renuncia de su presidenta, Kathia Uriona, y de otra representante que se consideraba independiente del oficialismo, quienes denunciaron la existencia de un grupo interno que bloqueaba el funcionamiento del Tribunal. Luego de su salida, se eligió como presidenta a María Eugenia Choque, que la oposición considera cercana al gobierno, y el Tribunal procedió a inscribir a Evo Morales y Álvaro García Linera.

Durante la gestión de Choque aumentó todavía más el desprestigio del Tribunal, pues se produjeron numerosos despidos del personal técnico que trabajaba en la institución cuando la dirigía Uriona, quien tampoco era del todo aceptada por la oposición, pero ostentaba un estilo más pluralista de actuación. Bajo sus órdenes, se había producido el referendo de 2016, organizado para consultar si la prohibición constitucional de la reelección se suspendía para beneficiar a Morales, lo que fue rechazado por la mayoría de la población. Un año después, Morales recurrió al Constitucional para obtener una sentencia que lo habilitó para una nueva reelección, la cuarta y, como muestran los hechos actuales, también la más cuestionada.